De conformidad con su programa multianual de trabajo para el período 2010-2014, la Comisión de la Condición de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés) consideró "El empoderamiento de las mujeres del medio rural y su papel en la pobreza y la erradicación del hambre, el desarrollo y problemas actuales", como su prioridad tema en su quincuagésimo sexto período de sesiones en 2012.
Con el fin de contribuir a una mejor comprensión del problema y ayudar a la Comisión en sus deliberaciones, ONU-Mujer, en colaboración con la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) celebraron una reunión del Grupo de Expertos (EGM, por sus siglas en inglés) sobre "Habilitación económica de las mujeres rurales de la capacitación: las instituciones, las oportunidades y la participación" entre los días 20-23 septiembre de 2011 en Accra, Ghana.
El EGM va a explorar una amplia gama de estrategias que pueden aumentar el empoderamiento económico de las mujeres rurales, y se centrará en las siguientes áreas críticas:
- Fortalecimiento del papel de las mujeres rurales en la agricultura;
- Acceso de las mujeres rurales a los recursos productivos, los mercados de tecnología y financiación;
- Empleo decente y productivo y, oportunidades de generación de ingresos para las mujeres rurales;
- Infraestructura y prestación de servicios que benefician a las mujeres rurales;
- Papel de la mujeres rurales en la gestión de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático;
- Instituciones eficaces y un entorno favorable de políticas de género que promueve el desarrollo rural de respuesta.
En ese contexto la Dra. Mirma Cunningham, Presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, presentó la siguiente ponencia:
“EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES DE ATENCION A LAS NECESIDADES DE LAS MUJERES RURALES Y EN ESPECIAL A LAS NECESIDADES DE LAS MUJERES INDÍGENAS”
(Role of institutions in addressing rural women´s needs, with a focus on indigenous women)
Introducción:
Sólo en América Latina y el Caribe, la población rural asciende a cerca de 121 millones de personas, quienes representan – aproximadamente - el 20% de la población total. De ellas, el 48% son mujeres (58 millones)[1]. Si aceptamos que en la Región viven 60 millones de indígenas, al menos 30 millones son mujeres indígenas. A nivel mundial, hay 370 millones de personas indígenas en 90 países. En el mundo las mujeres producen entre el 60 – 80% de los alimentos que se consumen (45% en América Latina), a pesar de ello, reciben menos del 10% de los créditos y menos del 5% de la asistencia técnica.
Las mujeres rurales, tienen una especial relación con la tierra, con los recursos naturales y con las otras personas con las cuales comparten el trabajo productivo, reproductivo y comunitario. En el caso de las mujeres indígenas, esa relación con el territorio y la naturaleza tiene connotaciones particulares, puesto que abarca aspectos tales como la organización socio-económica que combina características individuales y colectivas, basada generalmente en instituciones ancestrales, la cosmovisión, ritualización y espiritualidad, la historia colectiva, entre otros, que sustentan su pertenencia a identidades colectivas como pueblos.
Además, quiero destacar el papel que cumplen las mujeres en la transmisión y preservación de pautas culturales -como el idioma-, así como de los medios de producción y formas de organización. En ese sentido, ha sido ampliamente reconocido que para la preservación de las culturas de las comunidades, así como para la producción sostenible, producción y distribución de los alimentos, es de suma importancia el reconocimiento de los aportes de las mujeres rurales y, de manera especial, de las mujeres indígenas.
Si bien el trabajo de las mujeres rurales constituye la base de la economía de los hogares y comunidades –a través de la combinación de una variedad de actividades productivas que realizan tales como recolección de semillas, frutas, hierbas, pesca, envío de remesas para las que hacen trabajo como obreras o trabajadoras domésticas- es un trabajo no registrado, no valorado y no se traduce en datos duros para las políticas económicas, sociales y mucho menos culturales.
Las demandas y experiencia de participación
En la década de los ochenta y principios de los noventas se dieron tres procesos paralelos muy importantes para el análisis del tema en cuestión. Por un lado las mujeres conquistaban importantes espacios de participación política en ámbitos nacionales y en el Sistema de Naciones Unidas; por otro, el movimiento indígena emergía de manera potente para transformarse en un actor político propositivo y beligerante en diferentes ámbitos; sin embargo, estos procesos coincidían con la implementación de programas de ajuste estructural en los países, que se centraron en la estabilidad económica y en el crecimiento de la economía, a través de la liberalización comercial y financiera, la reducción del gasto público, en la reducción del Estado protector y en desmantelamiento de la base productiva en los territorios, la privatización de las empresas estatales y la desregulación del mercado laboral.
Las políticas económicas se orientaron a las grandes empresas, al comercio exterior y a los mercados globales. Este enfoque no dejaba lugar para políticas económicas orientadas a las pequeñas unidades de producción, ni a los mercados locales, que no tenían posibilidades de competir con los productos de las empresas transnacionales. Las políticas y las instituciones de atención a las comunidades rurales, se ubicaron en el sector de las políticas sociales de “alivio a la pobreza”[2]. Como se ha dicho en diferentes foros, la política social se convirtió en la ambulancia de los estragos de la política económica.
Si bien se han dado importantes avances en la participación política de las mujeres en Latinoamérica, con la implementación de procesos de descentralización, reformas de carácter municipalista, leyes de cuotas, implementación de canales de participación popular, procesos de capacitación y fortalecimiento del liderazgo de las mujeres; el acceso a espacios claves de decisión política, es todavía un desafío pendiente para las mujeres en general y en particular para las mujeres rurales e indígenas.
Las mujeres rurales que siempre han protagonizado las luchas de sus movimientos, han estado al frente de movimiento locales, nacionales y globales, basta ver las manifestaciones en Vía Campesina, en las Asociaciones Nacionales como ANEC en México, UNAG y ATC en Nicaragua, Federación de Mujeres Campesinas en Bolivia, para mencionar algunas, y de manera similar en todo el mundo. Las estrategias que han adoptado ha sido articular un movimiento propio, dentro de los movimientos rurales e indígenas, para tener representación en la toma de decisiones y para que su agenda específica esté contemplada dentro de las agendas de los movimientos rurales. De manera que aun cuando su representación en el liderazgo de los procesos no es proporcional a su participación, las mujeres campesinas e indígenas tienen hoy, un espacio en las organizaciones y sus necesidades y propuestas forman ya parte de los movimientos.
Para las mujeres de los pueblos indígenas esto ha constituido un desafío, puesto que ante las profundas transformaciones que están viviendo sus pueblos, incluyendo la modificación de los mecanismos tradicionales de adopción de decisiones, el incremento del protagonismo político y las propuestas de transformaciones estructurales en el contexto de Estados que comenzaron a reducir sus decisiones soberanas ante las instituciones financieras internacionales y las grandes corporaciones, pues se han visto obligadas a adoptar nuevas modalidades de participación política.
Los pueblos indígenas han venido reconquistando el derecho a la libre determinación, entendido como el derecho a determinar libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural (Art. 3 Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas). En ese proceso las mujeres indígenas han canalizado sus demandas apuntando hacia cambios dentro de sus pueblos y comunidades, promoviendo condiciones para ejercer sus derechos en mayores condiciones de igualdad, incluso han desafiado costumbres y tradiciones que las oprimen, al mismo tiempo que han promovido transformaciones externas, tanto en el ámbito estatal como al nivel internacional. Las principales demandas siguen siendo ejercer el derecho a la libre determinación, seguridad jurídica sobre sus territorios y recursos ancestrales y derecho al desarrollo con cultura e identidad. El concepto de ruralidad tiene por lo tanto, connotaciones mucho mas profundas e integrales.
En algunos casos -y muy de a poco- se han modificado ciertos patrones dentro de sus comunidades, como por ejemplo las edades para la reproducción, los liderazgos a ejercer, los cargos a ocupar, las relaciones con los dirigentes de organizaciones, las demandas particulares, la creación de estructuras específicas de mujeres dentro o fuera de lo colectivos mixto, “salir de lo privado a lo público”[3]. El movimiento global de mujeres indígenas ha entendido y demostrado que el ejercicio de derechos colectivos no puede ser pleno, sin el cumplimiento de los derechos de las mujeres dentro de sus pueblos.
El proceso interno se ha dado de forma interconectado con la lucha por la participación política hacia afuera, precisamente frente a los Estados y en distintos niveles. Las mujeres indígenas han juntado sus fuerzas con sus pares hombres para lograr una mayor visibilidad y ocupar espacios en los Estados y en el ámbito internacional. Se puede afirmar que la representación indígena se ha ido incrementando aunque se dispone de muy pocos datos para comparar la evolución en las diferentes décadas de la relación hombre/mujer. En esta conquista de espacios hacia afuera, las mujeres indígenas han tenido también que dialogar con mujeres no indígenas comprendiendo un lenguaje distinto y elaborando estrategias conjuntas.
Experiencias de políticas institucionales dirigidas hacia las mujeres rurales e indígenas
En las ultimas décadas se ha podido comprobar que las pequeñas y medianas unidades de producción y los procesos productivos rurales, han sido materia de atención de las instituciones sociales, que, ajenas a los movimientos y las demandas, identificaron a las campesinas y los campesinos y a los pueblos indígenas como “grupos vulnerables”, “beneficiarios”, y “pobres”; no como personas en condición de pobreza, o empobrecida como consecuencia del modelo de desarrollo. Lejos de ser considerados como sujetos de derechos, agentes económicos y actores del desarrollo, fueron considerados una carga para el Estado, un dato estadístico para medir la pobreza, la extrema pobreza y el crecimiento o decrecimiento económico.
Por lo tanto, la respuesta de los Estados, ha consistido en el diseño de programas de compensación social, sin ofrecerles la posibilidad de participación en la economía formal. Se concibieron en ese contexto, programas que ejercían una función paliativa, mientras los Programas de Ajuste Estructural resolvían los problemas macroeconómicos, aseguraban un crecimiento estable y creciente. La “teoría del goteo” suponía el derrame económico hacia los grupos excluidos de los procesos económicos. Esta realidad tuvo efectos importantes en las mujeres rurales y en las mujeres indígenas. En ese contexto, la atención se ha caracterizado por las siguientes tendencias:
a) la negación absoluta; mujeres rurales son invisibles en las estadísticas, en la planificación económica, en los procesos productivos; se les menciona como grupo homogéneo, se les considera “grupo vulnerable” y se les asignan trabajos, sin tomar en cuenta la diversidad cultural y sus múltiples identidades, así como los diferentes contextos locales específicos; esto trae consigo el abandono institucional;
b) Destinatarias de los fondos sociales de alivio a la pobreza. Aquellas que reciben las ayudas condicionadas y ponen su tiempo a disposición de los programas institucionales orientados a: mejorar las condiciones de vida y desarrollo de las niñas y de los niños, fortalecer la cohesión social y la organización comunitaria, implementar medidas preventivas de salud, y promover el desarrollo de la escolaridad. Al tiempo que desarrollan proyectos productivos, éstos signifiquen una sobre carga a su ya extensa y pesada jornada diaria.
c) Mujeres victimas de la expulsión de sus territorios ancestrales por la expansión de la agricultura industrial o corporaciones mineras, forestales, construcción de infraestructura, otros. Estas se ven obligadas a transformarse en trabajadoras del campo- con salarios inferiores a sus pares masculinos- o se ven obligadas a migrar hacia centros urbanos, fuera de sus países, otros.
Estos elementos, junto con algunos programas productivos en niveles precarios, han constituido, de manera general, la atención institucional a las mujeres rurales. En ese contexto, las mujeres no son consideradas sujetos de derechos, como agentes del desarrollo social, económico y cultural; por el contrario funcionan como los instrumentos idóneos para la implementación del gasto social. Incluso, en los casos en donde supuestamente se aplica algún enfoque de derechos, este se limita a reconocer los derechos individuales y no los derechos colectivos de las mujeres que pertenecen a los pueblos indígenas. O sea que los programas son diseñados considerando a los grupos de mujeres como una población homogénea, obviando su diversidad étnica cultural, así como la diversidad de sus territorios: mujeres dueñas de finca, trabajadoras rurales, auto-empleadas, miembros de pueblos indígenas, mujeres en zonas costeras, en territorios indígenas, en bosques, etc.
En las ultimas décadas, con recientes reformas constitucionales a través de las cuales se reconocen que los Estados son plurinacionales o, se crean Regiones Autónomas Multiétnicas, como son los casos de Bolivia y Nicaragua, se encuentran algunas excepciones. En el caso de Bolivia, se ha incorporado un programa nacional de extensión de coberturas de servicios de salud con un enfoque intercultural, incluyendo los servicios para mujeres embarazadas mediante brigadas de salud interculturales en comunidades rurales dispersas. El diseño de ese programa nacional, intenta articular las perspectivas de género e intercultural, y parte de reconocer que las mujeres rurales juegan un rol central en los procesos de prevención y promoción de la salud.
En Nicaragua, la Región Autónoma Atlántico Norte, que goza de un régimen autonómico multiétnica desde hace mas de dos décadas, se ha aprobado una política de género que hace especial énfasis en los derechos de la mujer indígena, de la mujer campesina. Han incorporado prácticas de género en la planificación del sector público, agropecuario y rural y se están implementando instrumentos de planificación obligatoria para todos las y los funcionarios estatales, con el fin de que incluyan el enfoque de equidad de género, el enfoque intercultural y el intergeneracional. El mismo se articula con el programa nacional, que le permite a la mujer nicaragüense, en su mayoría jefa de hogares mono parentales, apropiarse de recursos económicos y convertirse en agentes de desarrollo. Por ejemplo, el programa Hambre cero, un programa social, económico, productivo que ha brindado oportunidades a las mujeres campesinas aumentando su acceso a la tierra, los bienes y otros recursos productivos. A través del mismo se promueve el derecho de las mujeres a la tierra y la titulación de las mismas para facilitar el acceso al crédito en las instituciones privadas, de modo que entre 2007 y 2009 se habían entregado casi 50,000 títulos de propiedad. También se han facilitado los procesos de creación de cooperativas, con el Fondo de Crédito Rural y el Instituto de Fomento Cooperativo, impartiendo talleres de acompañamiento en materia financiera y legislación cooperativa.
En el ámbito internacional, las mujeres rurales e indígenas se encuentran mencionadas y “priorizadas”, en programas estratégicos, políticas y ejes de las instituciones internacionales, sin embargo, la asignación de recursos así como de proyectos y programas no tienen correspondencia con la mencionada prioridad. Existen muchos argumentos que explican esta situación: por la dispersión de la población rural e indígena, la falta de infraestructura, la pobre comunicación y la falta de atención institucional, los programas y proyectos se encarecen y dificultan, a diferencia de lo que se piensa, que los proyectos rurales son más baratos y fáciles que la mayoría de los programas y proyectos de desarrollo; por otra parte la falta de credibilidad en las instituciones públicas, internacionales y privadas, no permiten una retribución inmediata de reconocimiento y prestigio que se espera de las inversiones; finalmente por el atraso que existe en el área rural, las inversiones para el desarrollo solo tienen sentido para procesos de mediano y largo plazo, es muy difícil tener resultados inmediatos en periodos de 1 a 3 años, que son los periodos que establece la comunidad internacional para sus inversiones.
La experiencia indica que aún hay que trabajar para cambiar el paradigma de la cooperación internacional, que parte de ideas preconcebidas poco realistas: que los programas y proyectos tienen que ser ejecutados por agentes externos eficientes, que los proyectos para las mujeres rurales e indígenas son más baratos, que las demandas de derechos colectivos atrasan los procesos porque requieren de mas tiempo, que esas mujeres no tienen capacidad de ser las gestoras de sus propios procesos, que las instituciones tradicionales indígenas son obsoletas y por último, lo más importante, consideran a las mujeres por sus carencias, como “beneficiarias” y no socias con capacidades, conocimientos y potencialidades únicas y necesarias para el desarrollo rural.
A pesar de lo anterior, hay experiencias muy importantes que han demostrado que la inversión en las mujeres rurales puede tener impactos positivos para las mujeres, las comunidades, los países y para la cooperación internacional. El análisis de algunas de ellas,[4] nos enseñan que tienen las siguientes características: se basan en procesos estructurales de largo plazo y no en proyectos, aplican el enfoque de derechos humanos, facilitan la creación de espacios de dialogo intergeneracional, aplican un abordaje holístico- integral, respetan y aplican los conocimientos locales y tradicionales, incluyendo los idiomas, practicas espirituales y productivas, parten de una confianza y una relación horizontal con la población meta, orientan recursos (humanos, técnicos y financieros) al territorio y potencian y desarrollan las capacidades institucionales locales, , incluyendo las instituciones de autogobierno de pueblos indígenas.
Por ejemplo , un caso en el ámbito internacional, del cual se pueden extraer algunas enseñanzas es de IFAD, en su relación con los pueblos indígenas a lo largo de las ultimas décadas. IFAD ha señalado[5] la importancia de valorar y aprovechar la diversidad de los pueblos indígenas, como un activo y un factor potencial de desarrollo económico, puesto que “representan recursos importantes para el desarrollo de los medios de vida rurales” y, reconoce además, que cuando estos recursos no son reconocidos, y no son tomados en cuenta a través de enfoques específicos que respeten sus valores y aprovechen sus fortalezas, los proyectos han tenido limitada eficacia.
Otros aprendizajes de IFAD coinciden con los planteamientos mencionados consistentemente por los pueblos indígenas, tales como:
- la utilización de enfoques participativos en el diseño y ejecución de los programas;
- el fortalecimiento de los derechos sobre los recursos naturales;
- el fortalecimiento de las instituciones de gobiernos locales;
- la combinación de los conocimientos indígenas en conjunto con la tecnología moderna.
La política de IFAD con pueblos indígenas, se basa en los siguientes principios de actuación: a) el reconocimiento y respeto del patrimonio cultural e identidad, y por ende el planteamiento de su uso como activos para el desarrollo; b) la participación plena y efectiva y el impulso a la practica del CPLI; c) actividades para el desarrollo impulsado desde las comunidades; d) la necesidad de la seguridad jurídica y el resto a las tierras, territorios y recursos, basados en la visión que los mismos pueblos tienen sobre esos elementos; e) la necesidad de interrelacionar las cuestiones ambientales y valorar el impacto del cambio climático sobre los pueblos indígenas para abordar estos temas; f) el empoderamiento como resultado del enfoque de derechos humanos; e) igualdad de genero, tomando en cuenta que los resultados efectivos de cualquier intervención solo podrán tener resultados efectivos cuando toda la población participa en igualdad de condiciones.
La política de actuación de IFAD, señala entre sus rutas: a) La experiencia acumulada en microproyectos financiados por el Fondo de apoyo a los pueblos indígenas (IPAF). Esos proyectos se constituyen en la semilla para construir una comunidad de aprendizaje, del cual pueden extraerse lecciones para alimentar las operaciones grandes entre IFAD y los Estados. b) Otra estrategia es la constitución de un Foro de Pueblos Indígenas, similar al Foro Campesino en IFAD. Espacios similares, y que constituyen buenas practicas, se han establecido en la FAO para concertar temas como Soberanía y seguridad alimentaria, construcción de directrices operativas sobre tierras, territorios, pesca, entre otros. Se trata de espacios idóneos de dialogo y deben ser utilizados para analizar aprendizajes, proponer líneas de acción a los cuerpos directivos y por ende, mejorar sus intervenciones en nuestros países. En ambos casos, cuentan con políticas de actuación para el trabajo con pueblos indígenas, que tienen lineamientos específicos sobre la importancia de valorar los conocimientos de las mujeres.
Ahora bien, la promoción de políticas especificas para el trabajo con pueblos indígenas, responde por un lado al avance en la presencia institucionalizada de los pueblos indígenas en mecanismos del Sistema de Naciones Unidas. El Foro Permanente sobre cuestiones indígenas en la ONU- órgano subsidiario de ECOSOC y espacio de dialogo entre Estados, agencias del Sistema de Naciones Unidas y pueblos indígenas- ha formulado Recomendaciones recordando que las mujeres indígenas son poseedoras y transmisoras intergeneracionales de conocimientos tradicionales sobre la conservación de la biodiversidad y el manejo ambiental sostenible, y en ese sentido han solicitado a las agencias internacionales y los gobiernos que les aseguren acceso a recursos, incluyendo créditos, nuevas tecnologías y asistencia para la producción agrícola y de alimentos; y que la experiencia de las mujeres se refleje en las estrategias nacionales e internacionales de iniciativas de desarrollo sostenible, asegurando la consulta, el CPLI y la participación en la formulación y toma de decisiones.
Pero el paso fundamental lo constituye la adopción de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas en 2007, el cual establece en el Arto. 42 la necesidad de que todas las instituciones del SNU realicen los ajustes pertinentes para su implementación. En ese contexto, las directrices del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre los asuntos de los pueblos indígenas, constituyen un importante marco de referencia para ello.
Quiero concluir señalando que las mujeres indígenas, desde sus propias organizaciones, también han impulsado una serie de estrategias de participación y propuestas para mejorar sus condiciones en el ámbito rural, y para ello me valdré de unas pocas experiencias.
En Perú, el Taller Permanente de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas (ahora Asociación Nacional de Mujeres indígenas andinas y amazónicas), coordinadas por CHIRAPAQ, ha llevado a cabo un programa con un componente productivo, orientado a impulsar el incremento de la producción agropecuaria, la mejora de la productividad, la diversificación de los cultivos y la recuperación de la biodiversidad propia de la zona bajo un enfoque agroecológico orientado al uso de conocimientos y prácticas ancestrales andinas y la mejora del estado nutricional, centrada en el binomio madre-niño, incentivando el consumo adecuado de los alimentos andinos; así como la realización de acciones preventivas de salud. Dicho fomento del consumo de alimentos locales se realizó destacando las ventajas nutritivas de los mismos e identificándolos como parte del legado cultural. Se compartieron los saberes de la misma población realizando acciones con la participación de mujeres organizadas de los Clubes de Madres y comedores, quienes reforzaron su proceso de capacitación en concursos de comidas en base a alimentos locales, y replicando lo aprendido en sus organizaciones[6].
Paralelamente, se han impulsado procesos de fortalecimiento organizacional. Muchas mujeres rurales están organizadas por ejemplo en Clubes de Madres, asociaciones productivas, comedores. Al respecto, se promovieron las relaciones equitativas de género trabajando a nivel de la comunidad y de familias, apuntando al empoderamiento y buscando que las mujeres se constituyan en sujetos activos con un adecuado nivel organizativo.
Otro ejemplo es el Centro Wanky Tangni, una organización comunitaria desarrollada en Nicaragua que combina el trabajo de seguridad alimentaria con formación en derechos humanos y lucha contra la violencia que sufren las mujeres indígenas. Uno de sus programas ofrece a las mujeres indígenas programas de desarrollo sustentable, capacitando a las mujeres indígenas Miskitu, en agricultura orgánica y el manejo sustentable del ganado y provee a las familias de semillas y animales de granja. Se organiza un banco de semillas, por el cual las mujeres cultivan, ahorran y comparten semillas orgánicas de una estación a la otra. El programa enfatiza las metodologías de uso sustentable de la tierra, salvaguarda el conocimiento tradicional indígena sobre el manejo de recursos naturales y refuerza la auto-suficiencia económica de las mujeres y su participación en la vida pública.
Algunas lecciones aprendidas de experiencias comunitarias son, entre otras, las siguientes:
a) Un elemento estratégico, en el nivel local, es tener como punto de partida, el conocimiento (diagnósticos, mapeos, investigación/acción, etc.) y el “reconocimiento” (valoración de las potencialidades tanto de las personas como del territorio) del contexto, de los territorios, de las mujeres y de los hombres que los habitan, de sus activos, de sus emprendimientos, de sus condiciones, sus identidades, sus saberes, su experiencia, sus activos físicos, sociales, políticos y tecnológicos, su identidad y su historia. Esa información provee datos duros y confiables que sirven para definir políticas publicas especificas y permitieron identificar las diversidades y las especificidades de las mujeres rurales e indígenas y, más aún, contribuyeron al conocimiento de sus capacidades, de sus conocimientos y saberes, de su asociatividad y, sobre todo, de sus potencialidades sobre las cuales, las inversiones del Estado tienen un sustento.
b) El desarrollo de procesos de conocimiento, mediante alianzas con instituciones académicas y gubernamentales, para democratizar los saberes, generar relaciones virtuosas, fortalecer liderazgos locales y generar dinámicas territoriales para el desarrollo sostenible. Como algunos ejemplos de estos procesos tenemos: el involucramiento en los procesos de los mecanismos de las mujeres y del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica (COMMCA); la incorporación del MyDEL como parte de la Iniciativa Articulación de Redes Territoriales y Temáticas de Cooperación para el Desarrollo Humano (Iniciativa ART[7]), la decisión del PNUD de asignar una oficina especial para la Costa Atlántica de Nicaragua, a partir de la experiencia de PRORAAS, y por último y no menos importante, la decisión del Banco Centroamericano para la Integración Económica (BCIE) de, a partir del trabajo conjunto con los procesos del MyDEL, crear y establecer su política de género, para desarrollar atención específica para las mujeres emprendedoras. Los procesos dinámicos e innovadores de desarrollo del conocimiento y del reconocimiento impulsados por el MyDEL, también tuvieron su impacto a nivel regional, con la creación de la ECCA[8].
c) Definir al grupo meta en el marco de los derechos humanos, al considerar que todas las mujeres rurales e indígenas son sujetos de derechos y como tales, tienen el derecho a la exigibilidad. Se desarrolla un diálogo horizontal entre las instituciones del Estado y las propias instituciones locales indígenas, que encuentran su misión y su vocación en el espejo de las y los sujetos de derechos, quienes fortalecen su posición y sus demandas desde las autoridades a nivel local, hacia las autoridades nacionales.
d) Contrario a las políticas de ajuste estructural que proponían la reducción del Estado protector, estos procesos promueven el fortalecimiento del Estado como institución con autoridad moral y capacidad normativa, como responsable y garante de los derechos humanos. Es en este proceso en el que se establecen las bases sólidas para la construcción de una institucionalidad local.
e) Las leyes nacionales y las políticas públicas derivadas de los procesos de la gobernanza, conforman la articulación entre los niveles locales y los internacionales. El apoyo de las organizaciones internacionales y de manera especial del Sistema de las Naciones Unidas, inciden e impulsan el diálogo político y el desarrollo económico en el multinivel nacional, regional y global. El nivel nacional constituye la bisagra que opera la articulación entre los niveles locales, regionales e internacionales.
f) La relación, la alianza con las instituciones académicas es un primer elemento común a destacar: en tanto instituciones cuya misión universal es el desarrollo del conocimiento, la investigación y la formación, se muestran como aliadas idóneas para, a partir de una relación estructural, trazar una ruta de trabajo basada en la promoción y democratización de los conocimientos y de los saberes.
[1] El empleo de las mujeres rurales. Lo que dicen las cifras. Marcela Ballara. Soledad Parada. FAO- CEPAL, 2009.
[2] (Fondos de Inversión Social, en el Salvador y Honduras; y programas de alivio de la pobreza como el Programa de Asignación Familiar (PRAF) en Honduras y el Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa (PAMIC) en Nicaragua.
[3] Ver Martha Sánchez Néstor (Coord.), La doble mirada. Voces e Historias de Mujeres Indígenas Latinoamericanas, editado por el ILSB y UNIFEM, México 2005.
[5] Politica de actuacion en relacion con los pueblos indigenas. FIDA. Noviembre, 2009.
[6] www.chirapaq.org.pe
[7] ART es concebida como una puerta de entrada para aquellos socios de la cooperación internacional interesados en armonizar sus respectivas acciones en apoyo a las estrategias nacionales de desarrollo local y convencidos de que el enfoque territorial valoriza el rol de las comunidades territoriales, facilita la complementariedad entre los diferentes actores del desarrollo en los países y materializa el potencial estratégico de la cooperación descentralizada, mejorando así la efectividad y eficacia del apoyo a los procesos de desarrollo priorizados por los países mismos.
[8] ECCA es la Escuela Regional de Formación para Agencias de Desarrollo Económico Local ADEL y para los Centros de Servicios para los
Emprendimientos de las Mujeres CSEM.
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