martes, 25 de octubre de 2011

ONU: un millón de afectados por lluvias en México y CA

En Tabasco se reportan más de 200 mil damnificados en 17 municipios; en El Salvador llegan a 300 mil, informó la vocera de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Elisabeth Byrs.
Dpa
Publicado por La Jornada: 25/10/2011 10:20
 
Ginebra. El número de afectados por las inundaciones en México y América Central asciende a un millón 200 mil y se espera que la cifra aumente debido a la cercanía del huracán Rina, anunció Naciones Unidas.
La vocera de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), Elisabeth Byrs, dijo en rueda de prensa que "es muy probable que la cifra de afectados por las inundaciones aumente dado que las lluvias persistirán en la región”.

Byrs señaló que en el estado mexicano de Tabasco se han registrado 200 mil damnificados en 17 municipios y el gobierno ha emitido alertas de emergencia en otros dos municipios de la entidad, Jalpa y Cárdenas, así como en el norte del estado de Chiapas.

"Es una situación a la que los medios no le han puesto demasiado interés", lamentó Byrs.
La OCHA anunció el lanzamiento de una convocatoria de fondos urgente por más de 15 millones de dólares para ayudar a más de 300 mil damnificados en El Salvador.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 69 por ciento del territorio de El Salvador fue azotado por las lluvias y 56 mil personas fueron desplazadas de sus hogares.

La organización dijo que evalúa lanzar un llamado urgente similar para otros países de la región, donde a causa de las lluvias han muerto más de 100 personas.

En Guatemala, se contabilizaron 528 mil afectados por las severas inundaciones, en Honduras 59 mil, en Nicaragua 150 mil y en Costa Rica más de mil personas, sin embargo, "la cifra va en aumento rápidamente", indicó.

En tanto, el servicio meteorológico indica que el huracán Rina, categoría 2, con vientos sostenidos de 160 kilómetros por hora, se encuentra en el mar frente a Honduras a 150 kilómetros al noroeste de Barra Patuca, en el departamento Gracias a Dios y a 290 kilómetros al este de la Isla de Roatán.
Huracán Rina golpenado las costas de Honduras, 25 de octubre de 2011, 8:00 am. Fuente: NOAA


Rina se desplaza a seis kilómetros por hora hacia la costa este de la Península de Yucatán, en México, lo que podría afectar a la isla de Cozumel y Cancún.

El epicentro de Rina se encuentra a 335 kilómetros de las islas Caimán, donde se pronostican unos 100 mililitros de lluvia y a 515 kilómetros de Chetumal, en México, por lo que existe altas posibilidades de que se sienta en la Península de Yucatán después de 24 horas.

martes, 11 de octubre de 2011

Chiapas, México: exigen cancelar actividad minera en parque ecológico Cañón del Sumidero


Afectados convocan a la Semana en lucha por la niñez, la salud y el ambiente, a realizarse en el embarcadero Cahuaré, del 12  al 19 de octubre de 2011


por Emanuel Gómez

Chiapa de Corzo, Chiapas, 10 de octubre de 2011.

Las detonaciones de pólvora y la excavación en búsqueda de cal a tan sólo 100 metros del Cañón del Sumidero han provocado grietas en la pared de esta belleza natural, denunciaron habitantes del embarcadero Cahuaré, uno de los principales destinos turísticos del Sureste de México, hoy amenazado por las actividades industriales de la empresa “Cales y Morteros del Grijalva, SA de CV”.

Al paso de la Caravana por la paz que encabeza el escritor Javier Sicilia, un grupo de vecinos, mujeres y niños en su mayoría, unieron sus voces a las denuncias por justicia, acusando que, pese a ubicarse a 10 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, capital política de Chiapas, han pasado más de 9 años desde que empazaron a luchar por el cierre de la empresa minera, sin que hayan obtenido una respuesta favorable.

En un acto de clausura simbólica de la empresa Cales y Morteros del Grijalva, los demandantes declararon contar con un diagnóstico que emitió la Secretaría de Salud estatal el pasado 13 de mayo de 2011, en el que se confirma que 47% de los pobladores de Cahuaré presentan enfermedades ocasionadas por residuos de cal esparcidos en el ambiente, siendo los niños la población más vulnerable.



La fauna silvestre de este Parque natural, entre ellos aves migratorias, peces y cocodrilos, también está expuesta a los problemas ambientales derivados de la minería de cal, sin embargo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), ha tenido una intervención mínima en el asunto, simplemente legalizando la exploración y explotación minera aún en contra del artículo 94 del reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en el que se especifica que los permisos de exploración y explotación minera otorgados en el marco de la Ley Minera deberán ser validados por su compatibilidad con el programa de manejo del Área Natural Protegida, y a todas luces en el Cañón del Sumidero hay impacto negativo al ambiente y la salud humana.

En su denuncia, el Comité Pro Obras de Cahuaré, señala el manejo irresponsable de la empresa, a quienes acusan de “comprar amparos, jueces, estudios ambientales, partidos y gente corrupta de las instituciones que cada 6 años le permiten perpetuarse en la ilegalidad”.

De ocurrir el colapso de la pared del Parque ecológico Cañón del Sumidero, agrietada por décadas de actividad industrial de esta empresa, se dañaría el vaso de la presa hidroeléctrica Chicoasén, se interrumpirían las actividades turísticas y, lo más grave, podría provocarse un derrumbe que afectaría las viviendas de los pobladores. La empresa argumenta que está asentada antes de la declaración de protección ambiental, lo que deja en claro que las políticas conservacionistas no son correctivas, ni preventivas, sino son sólo un marco de gestión ambiental.

Ante la emergencia, los afectados convocaron a las personas, organizaciones e instituciones interesadas a participar en la Semana en lucha por la niñez, la salud y el ambiente, a realizarse en el embarcadero Cahuaré, del 12  al 19 de octubre de 2011.


lunes, 10 de octubre de 2011

Northamerica: Mother Earth Accord

September 28th, 2011

Dene National Chief and Assembly of First Nations Regional Chief, NWT, Bill Erasmus, via email to: dtseleie@denenation.com and berasmus@afn.ca
United States of America and Canadian federal, state and provisional governments
Indigenous Peoples, Nations and organizations
National and International public opinion

Respectful Greetings,

The International Indian Treaty Council (IITC) is an organization of Indigenous Peoples, founded in 1974, with General Consultative Status to the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC). The IITC hereby expresses its firm support for the “Mother Earth Declaration” of September 23rd, 2011 stating opposition to the Tar Sands and Keystone XL Pipeline Projects in the US and Canada.

The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, adopted by the UN General Assembly in 2007 and formally endorsed by both the United States and Canada in 2010, provides an internationally-recognized framework for upholding and implementing the rights of Indigenous Peoples in these countries and around the world.   The Declaration recognizes, affirms and calls upon all States to uphold the rights of Indigenous Peoples to self-determination, traditional lands and resources, sacred sites and cultural practices, subsistence, health, free prior and informed consent, and the rights affirmed the Treaties concluded with Indigenous Nations, among others.

Article 32 of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples specifically affirms the responsibility of States to uphold Indigenous Peoples’ right to free prior and informed consent regarding development projects as follows:  “States shall consult and cooperate in good faith with the indigenous peoples concerned through their own representative institutions in order to obtain their free and informed consent prior to the approval of any project affecting their lands or territories and other resources, particularly in connection with the development, utilization or exploitation of mineral, water or other resources.”

Hundreds of Indigenous Peoples, Treaty Nations, Tribal governments, National and International Indigenous Peoples’ Representative Bodies and Indigenous Peoples’ organizations, along with a wide range of organizations, leaders, Nobel Laureates and impacted community members from the US and Canada have already expressed their strong opposition to the Tar Sands Development in Alberta Canada and the Keystone XL Pipeline project in the United States.  

We therefore call on the US and Canada governments to heed this call as expressed in the “Mother Earth Declaration” and to uphold their obligations under the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, the Nation-to-Nation Treaties they concluded with Indigenous Nations, and legally-binding International Conventions and Treaties such as the UN Convention on the Elimination on All Forms of Racial Discrimination (ICERD), by immediately halting these environmentally and culturally-destructive projects.       

Respectfully submitted,


Francisco Cali, Board President, International Indian Treaty Council
Mayan Kaqchikel


Ron Lameman, Board Treasurer, International Indian Treaty Council, Beaver Lake Cree Nation, Canada



Andrea Carmen, Executive Director, International Indian Treaty Council
Yaqui Nation


www.treatycouncil.org

México: Indigenas y ONG denuncian vulneración de derechos colectivos por REDD+

 De cara a la Consulta Global de Pueblos Indígenas en Panamá, la Iniciativa Las Comunidades Cuentan Más denuncia omisiones del proceso oficial REDD+ que ponen en desventaja a las comunidades locales y pueblos indígenas en el ejercicio de sus derechos fundamentales

  • Organizaciones demandan mayor información sobre la impementación de los proyectos en México y
  • Exigen al Gobierno Mexicano una política forestal sustentable y de desarrollo rural que contribuya al alivio a la pobreza y la reducción de las desigualdades en el marco de la definición de la Estrategia Nacional REDD+, y en concordancia con los compromisos internacionales establecidos en los Acuerdos de Cancún.
  • piden se garantice una interlocución efectiva con pueblos indígenas y comunidades locales.

México, D.F., a 28 de septiembre 2011. - La implementación de los llamados "Acuerdos de Cancún" establecidos en la 16 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se realizó en nuestro país a finales del pasado año, ha tenido como uno de sus ejes fundamentales la elaboración de la Estrategia Nacional del mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada... (ENA-REDD+).

En este proceso el Gobierno Mexicano, prioriza la agenda de mitigación sobre la política forestal-climática y de desarrollo rural sustentable, que en el marco del mecanismo REDD+ podría contribuir al alivio de la pobreza y a la reducción de desigualdades; en tano que la mayor población en pobreza marginal se encuentra en zona rural.

Particularmente, no ha reconocido la necesaria inclusión de los pueblos indígenas y comunidades locales que son dueños y poseedores de tierras y territorios, en los cuales se ubican los ecosistemas mejor conservados, y sobre los cuales las comunidades tienen reconocidos derechos colectivos, establecidos en instrumentos internacionales signados por México, como a) el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, b) el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), y c) la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUPI), señaló Cecilio Solís de la Red Indígena de Turismo en México.

Considerando el precedente que en términos internacionale se ha avanzado en un reconocimiento de las comunidades y pueblos indígenas, las organizaciones que participamos en la Iniciativa Las Comunidades Cuentan Más, señalamos la disociación entre estos esfuerzos internacionales y el proceso de conformación de la ENA-REDD+ que México ha seguido; al no respetar los derechos de información, participación y consulta de las comunidades locales y pueblos indígenas, y al no llevar a cabo en tiempo y forma los mecanismos de participación, comunicacación y consulta que el mismo REDD+ establece para su desarrollo e implementación, comentó Clauda Gómez-Portugal de SAKBE Comunicación y Defensa para el Cambio.

Una omisión fundamental del proceso en México, contraviniendo el párrafo 72 de las Decisiones Adoptadas por la 16 Conferencia de las Partes, es que en la preparación de la ENA-REDD+ no se está observando la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales, ya que el proceso oficial no ve como algo prioritario difundir e informar ampliamente a la población campesina e indígena sobre el proceso REDD+ como fase previa a la consulta, señaló Gustavo Sánchez de la Red Mexicana de Organizaciones Forestales Campesinas.

En el proceso de conformación de la ENA-REDD+, la instancia encargada CONAFOR, no ha hecho pública la información en su página de internet u otros medios idóneos, acerca de la ubicación exacta de los proyectos a implementar de Acciones Tempranas (AT), y los contratos con el Banco Mundial; y no ha contestado de manera adecuada las diversas solicitudes de información que la Iniciativa ha realizado, consistente en los contratos modelo con los dueños de las tierras para implementar los proyectos de AT, el esquema de la arquitectura financiera con los proyectos que incluirá el REDD+, los montos aproximados y el período de preparación e implementación, entre otros.

En ese sentido CONAFOR ha incumplido obligaciones de transparencia y la normatividad que en el marco de REDD+ se exige en términos de transparencia y rendición de cuentas. La falta de información señalada es causa de que CONAFOR no tiene la información que se le solicita; lo cual da muestra de que el Gobierno Mexicano está asumiendo compromisos internacionales en materia de REDD+ sin contar con los elementos necesarios para llevarlos a cabo y sin tener una previa interlocución con comunidades locales y pueblos indígenas.

Además, no ha existido un proceso robusto de consulta con pueblos indígenas y comunidades locales, a pesar de ser una obligación del Estado Mexicano acordada con actores nacionales e internacionales que apoyan el proceso REDD+, respaldada por leyes nacionales y acuerdos internacionales de los que México es parte.

Es en este contexto, que las organizaciones participantes de la Iniciativa, exigimos al Gobierno Mexicano que actúe de manera inmediata en los siguientes 2 petitorios:

1)     Información y un proceso de consulta que devenga del respeto a los parámetros internacionales de consulta y de las necesidades de las comunidades. De igual forma, todo proyecto de REDD+, en su planeación y antes de su implementación, deberá de garantizar el respeto a la libre determinación, sistemas normativos, organizativos de las comunidades locales y pueblos indígenas; procesos y estructuras de toma de decisiones, en los procesos asociados a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, o en su caso, al disentimiento.

2)     Una moratoria a la implementación de las Acciones Tempranas REDD+ que el Gobierno Mexicano plantea implementar en los estados de Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Jalisco, así como los sitios de replicabilidad, Estado de México y Oaxaca; hasta que sean implementados de manera efectiva los mecanismos de consulta en el marco del derecho al consentimiento previo libre e informado, y que ello derive en el establecimiento de medidas y acciones que conduzcan al reconocimiento, respeto y aplicación de los derechos colectivos de las comunidades locales y pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios, recursos, formas y medios de vida.

Asimismo demandamos la garantía de los siguientes puntos para todo el proceso de REDD+, incluyendo el desarrollo de la Estrategia Nacional REDD+:
  • el establecimiento de un REDD+ comunitario con enfoque en los derechos colectivos;
  • el desarrollo de una política forestal-climática y de desarrollo rural más justa, equitativa y sustentable;
  • el fortalecimiento de las comunidades locales y pueblos indígenas sobre la base de la garantía de sus derechos, a partir del pleno respeto a los derechos de información y participación;
  • la garantía de que las comunidades locales y pueblos indígenas sean las y los beneficiarios directos del mecanismo REDD+; y
  • la armonización de políticas públicas dirigidas al campo, la alimentación y el medio ambiente, a partir del mecanismo REDD+, definido como un instrumento de integración y coordinación institucional con enfoque de desarrollo rural para la soberanía alimentaria.
Por último, hacemos un llamado a comunidades locales, pueblos indígenas, organizaciones sociales, y organizaciones civiles, a sumarse a las demandas de la Iniciativa, a partir del Foro Nacional de Consulta Indígena y Campesina que realizaremos en octubre para la promoción de las agendas de desarrollo local de las comunidades y pueblos indígenas, y la aplicación efectiva de los derechos colectivos ante la coyuntura del mecanismo REDD+.

Organizaciones firmantes:
Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF), Red Indígena de Turismo en México (RITA), Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Coordinadora Nacional (UNORCA-CN), Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC), Organización de Ejidos Productores Forestales de la Zona Maya (OEPF-ZM), Frente Organizado de Campesinos e Indígenas (FOCIAC), SAKBE Comunicación y Defensa para el Cambio, Greenpeace México, y Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
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SAKBE Comunicación y Defensa para el Cambio

Condena internacional a Evo Morales por represión a indígenas



Genaro Bautista / AIPIN
 
Una condena mundial de la comunidad internacional, está recibiendo el presidente Evo Morales, por la represión contra la Marcha de los Pueblos Indígenas quienes se oponen a la construcción de la carretera que cruza el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
 
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA),la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía Boliviana (CIDOB), el Concejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (CONAMAQ), el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, el Movimiento Indígena Nacional (MIN) de México, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reprueban la represión del gobierno de Evo Morales contra la marcha indígena.
 
El Enlace Continental de Mujeres Indígenas, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, y otras personalidades de la cultura y política, piden la intermediación internacional encabezada por Naciones Unidas, a fin de garantizar los derechos específicos y libertades fundamentales de los indígenas bolivianos.
 
Desde Washington, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional  (CEJIL), expresa su condena ante la desproporcionada actuación de fuerzas policiales bolivianas que, el pasado 25 de septiembre, reprimieron una marcha de integrantes de pueblos indígenas que se manifestaban en defensa de su derecho a ser consultados, ante la decisión de construir una carretera cuyo trazado afecta el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS) en que viven comunidades indígenas.
 
En su postura, el CEJIL, respaldan la VIII Marcha Indígena “Por la defensa del TIPNIS, los territorios, la vida y la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas” organizada por  la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía Boliviana (CIDOB) y el Concejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (CONAMAQ) que había partido el pasado 15 de agosto de la ciudad de Trinidad con destino a La Paz.
 
Alvaro Pop de Guatemala, Saúl Vicente de México y Myrna Cunningham de Nicaragua, del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, deploraron los hechos de violencia y represión contra la caravana la cual estaba integrada también por niños y niñas indígenas.
 
Myrna Cunningham, presidenta del Foro Permanente de la ONU, demanda el cese de la violencia, garantizar el respeto por los derechos humanos y a implementar todas las medidas y mecanismos pertinentes para investigar y esclarecer los hechos ocurridos en la región.
 
“Instamos al Estado Plurinacional de Bolivia a mantener un diálogo abierto en el marco del respeto y de la paz para llegar a un consenso; garantizando el respeto a la libre determinación de los pueblos indígenas”, indican los representantes de la ONU.
 
Reiteran el llamado hecho en el Foro Indígena Abya Yala en Manaus, Brasil, el 19 de agosto pasado como miembros del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU de la región Latinoamericana donde expresaron “nuestra profunda preocupación por el conflicto en el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) de Bolivia”.
 
Consternados por los trágicos hechos de violencia ocurridos en Bolivia en el marco de la marcha amazónica por la defensa del territorio indígena amazónico TIPNIS, el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas - ECMIA y la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónicas – COICA, demandan el cese de la violencia y la intermediación indígena internacional en la amazonía boliviana
 
El ECMIA y la COICA, apuntan, “hacemos un llamado a los sabios indígenas mayores y representantes del Foro Permanente para los Asuntos Indígenas de la ONU: Rigoberta Menchú (Guatemala), Victoria Tauly Corpuz (Filipinas), Willie Littlechild (Canadá), Mirna Cunningham (Nicaragua), Álvaro Pop (Guatemala) y Saúl Vicente (México); a actuar como intermediadores para abrir un diálogo constructivo entre el Gobierno y los pueblos indígenas amazónicos” señalan en un comunicado.
 
En el mismo sentido, las organizaciones piden al Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, James Anaya, una acción urgente al gobierno de Bolivia para la resolución pacífica del conflicto. Recomendamos del mismo modo mantenerse alerta para una visita in situ en caso que la situación lo demande.
 
Al respecto, en Ginebra, Anaya exhortó a Bolivia a iniciar, "a la mayor brevedad", un proceso de consulta con los pueblos indígenas para encontrar una solución al conflicto.
 
El relator especial instó al Gobierno de Morales a que "tome todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas que participan en la marcha, además de prevenir, investigar y sancionar cualquier acto que afecte la vida y la integridad de las mismas."
 
EEUU respaldó la petición del Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, de que Bolivia abra un diálogo con los indígenas opuestos a la construcción de una carretera en el Parque Nacional Isaboro Secure (Tipnis).
 
"Compartimos la opinión del relator de la ONU de que el la carretera en el Tipnis sea resuelto pacíficamente a través del diálogo y la consulta bajo la ley boliviana y los estándares internacionales", indicó Victoria Nuland, portavoz del Departamento de Estado.
 
En un informe presentado la semana pasada ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Anaya denunció que los grandes proyectos de desarrollo, junto con la explotación de recursos naturales, se han convertido en "una de las fuentes más significativas de abuso de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo
 
En la región, la CAOI y COICA rechazan la violenta represión contra Marcha Indígena en Bolivia.
 
Para estos colectivos, con presencia en 8 países de Sudamérica, nada justifica la agresión, menos la obsesión por imponer una carretera, que representan más a los intereses mezquinos de empresarios brasileños dispuestos a atropellar todo por simples negocios, la ceguera de dirigentes que se comportan como “colonizadores” irónicamente a nombre de una “descolonización”.
 
En su postura, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, apunta que la carretera en el TIPNIS forma parte de las políticas de expansión del Brasil a través de megaproyectos de infraestructura financiados por su Banco de Desarrollo (BNDES), dentro de los planes de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).
 
Estos hechos en Bolivia y los suscitados antes con la represa de Belo Monte en Brasil obligan al Comité de Dirección Ejecutiva de la IIRSA en pleno, integrado por representantes de alto nivel designados por los gobiernos de América del Sur, a repensar esta iniciativa y abrir el diálogo con los pueblos indígenas afectados por su cartera de megaproyectos, como carreteras, hidrovías, represas hidroeléctricas, manifiestan.
 
La suspensión de la construcción de la carretera en el TIPNIS no resuelve el problema, solo lo posterga por un tiempo indeterminado. Y el anuncio del Presidente Evo Morales acerca de esta suspensión está marcado por esa violencia injustificable de la policía contra la VIII Gran Marcha Indígena. No se hubiera llegado a estos extremos de represión si se hubieran respetado desde el inicio los derechos de los pueblos indígenas, si se hubieran atendido sus legítimas demandas de consulta y participación.
 
Atentos y vigilantes
 
Todos los pueblos indígenas del Abya Yala estamos atentos al proceso boliviano. Por eso la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) unieron esfuerzos para mediar en el problema del TIPNIS.
 
“Seguiremos vigilantes de todos los gobiernos, llámense de derecha o de izquierda. Es nuestro derecho y es nuestra obligación, porque los pueblos indígenas y sus organizaciones somos actores activos. Con derechos que ejerceremos sin restricciones”, exponen.
 
En pleno, las organizaciones, pueblos, comunidades y comunidad internacional, respaldan una vez más la lucha de la CIDOB y la justeza de sus demandas para que esa carretera no atraviese el Territorio Indígena Parque Nacional Isidoro Secure (TIPNIS), sino que cambie de ruta y no afecte la vida, el ambiente y la salud de los pueblos indígenas.
Algo viable de hacer, un simple desvío, salvaría la pervivencia de los pueblos indígenas y la naturaleza a la cual estamos unidos. El Buen Vivir no tiene nada que ver con la depredación y corrupción de los cocales ni con carreteras para fomentarlas, enfatizan.
 
Y se suman al llamado a las organizaciones indígenas del mundo a solidarizarse en forma activa y concreta con las demandas de los pueblos indígenas bolivianos y su VIII Marcha convocada por CIDOB y realizada junto con CONAMAQ.
 
Está en juego la continuidad histórica de los pueblos indígenas y del proceso de efectiva descolonialidad de Bolivia, afirman.

México: La tribu Yaqui denuncia represión del gobierno de Sonora por escasez de agua

LA TRIBU YAQUI EN LA MIRA REPRESIVA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.

El abasto de agua en la ciudad de Hermosillo viene siendo una problemática ya añeja, propiciada por la propia naturaleza de una geografía semi-desértica en donde  han bajado de manera significativa el nivel de  los mantos acuíferos de la región y propiamente el lugar donde se ubica la ciudad,  habiendo poco afluencia de lluvias.

Mas sin embargo estos no son elementos fundamentales para expresar de manera critica la escasez del líquido vital. En  esencia desde el historial de los años 50 del siglo pasado  la sobre-explotación de los mantos acuíferos por la voracidad de la burguesía regional de aquel entonces  en la perforación de un sin número de pozos para los campos agrícolas, principalmente en la Costa de Hermosillo llevo a disminuir drásticamente el nivel de agua en los pozos, ocasionado un cambio en el patrón de cultivo; dejando de sembrarse  trigo, algodón, por otros cultivos que menos agua consumen como la uva, la nuez etc; además de dotar alta tecnologías de riego para dichos cultivos.

Esa voracidad de los dueños de los campos agrícolas, no conforme con la explotación de miles de jornaleros agrícolar  por acumular ganancias al precio que fuera,  llevo  los recursos de los mantos acuíferos hasta  prácticamente el agotamiento.

En lo que se refiere al agua para el consumo humano de la capital sonorense, y dada la apertura  de la Inversión Extranjera Directa a empresas trasnacionales, ofreciéndoles por parte del gobierno del Estado, toda una infraestructura, entre ellas  dotarlas de suficiente agua para sus actividades empresariales. Las empresas que más consumen agua en Hermosillo son la Ford, las refresqueras.
En las redes de tuberías de la ciudad prácticamente se pierde el 40% del agua a través de las fugas.

El agua es  manejada de acuerdo a las políticas del gobierno Estatal y municipal en turno, como proyecto Neoliberal; trátese de panistas o priistas cualquier  proyectos es para beneficiar a esa Oligarquía Nacional y Estatal desde las filiales panistas de Felipe Calderón y Guillermo Pádres Elías  y  las empresas Trasnacionales.

Muchos han sido los intentos de hacer llegar agua a la ciudad, con proyectos como la desaladora, y ahora el famoso “Acueducto Independencia”, todos con la marca de negocios y ganancia de los empresarios. 

Quien maneja los recursos hidráulicos desde el gobierno federal y estatal, es quien reparte los privilegios entre empresas y amiguismo validos de cooperar en las obras de infraestructura, al fin y al cabo es un negocio lucrativo bajo el agua. El Acueducto esta concesionado por 50 años a Carlos Slim y otros socios que comparten el mismo proyecto de la carretera costera y otros proyectos neoliberales en la zona.

Uno de los principales afectados del Proyecto “Acueducto Independencia” es la Tribu Yaqui. Desde el gobierno del General Lázaro Cárdenas a través de un decreto restituyo al Pueblo Indígena Yaqui el reconocimiento de sus tierras y sus aguas que desde siempre, por ser  originarios  de estas tierras les han pertenecido como Pueblos Indios.  En entrevista que hizo la Radio Comunitaria  “Regeneración Radio” desde el D.F. a Mario Luna integrante de la Tribu Yaqui  denuncio el estado de sitio en que se encuentra la comunidad Yaqui en Vicam Sonora desde hace más de un mes, por parte de 70 patrullas estatales que el gobierno del estado Guillermo Pádres Elias envió con actitud represiva, ante el intento de autodefensa de sus elementales derechos de la comunidad Yaqui por detener dicho proyecto “Acueducto Independencia”. 

Esta defensa es considerada como una defensa Ante la Vida, y la condena de la Tribu sin el agua a la Muerte en la Región; pues de las 18 mil hectáreas que siembran, con dicha restricción de agua solo alcanzarías a sembrar 8 mil hectáreas por lo cual prácticamente se terminaría la Vida en la Comunidad; además de afectar a parte del Sur de Sonora a comuneros, propietarios en pequeño, colonos. Aunque el Latifundio, ricos agricultores  se han colgado de la lucha del Pueblo Yaqui, pero fundamentalmente el arrase es contra los pueblos originarios de estas tierras y contra los de abajo, los pobres.

El compañero Mario Luna agrego las actitudes provocadoras de los cuerpos policiacos y judiciales, las agresiones y golpes y la detención de 9 compañeros, ya libres bajo fianza   y 10 procesados por acusación de ataques a la vías generales  de comunicación.  Ante los Tratados Internacionales y los Derechos de los Pueblos Indios de consultarles por parte de los gobiernos sobre cualquier proyecto que se intente hacer en su Territorio   y estos por supuesto dar el  aval, para ello.

Los Pueblos Yaquis ante tal situación en lugar de dividirlos, los ha unido; pues prácticamente es un Intento de desaparecer la vida comunal Yaqui y de los pueblos Indios en Sonora; con lo cual la respuesta de la comunidad es organizada, pacífica, y con Dignidad.

LLAMAMOS A LA SOLIDARIDAD DE LA COMUNIDAD SONORENSE, en torno a las Demandas de la Comunidad Indígena Yaqui.
¡ Alto a la Represión!.
Raúl Jardón T.
La Otra Campaña en Sonora.