Comisión Interamericana reconoce los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras

Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de DDHH

Como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”. “La garantía del derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas debe tomar en cuenta que la tierra está estrechamente relacionada con sus tradiciones y expresiones orales, sus costumbres y lenguas, sus artes y rituales, sus conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, sus artes culinarias, el derecho consuetudinario, su vestimenta, filosofía y valores.

I. Introducción
1. Los pueblos indígenas y tribales tienen formas de vida únicas, y su cosmovisión se basa en su estrecha relación con la tierra. Las tierras tradicionalmente utilizadas y ocupadas por ellos son un factor primordial de su vitalidad física, cultural y espiritual (1). Esta relación única con el territorio tradicional puede expresarse de distintas maneras, dependiendo del pueblo indígena particular del que se trate y de sus circunstancias especificas; puede incluir el uso o presencia tradicionales, la preservación de sitios sagrados o ceremoniales, asentamientos o cultivos esporádicos, recolección estacional o nómada, cacería y pesca, el uso consuetudinario de recursos naturales u otros elementos característicos de la cultura indígena o tribal.(2) Como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras” (3). “La garantía del derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas debe tomar en cuenta que la tierra está estrechamente relacionada con sus tradiciones y expresiones orales, sus costumbres y lenguas, sus artes y rituales, sus conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, sus artes culinarias, el derecho consuetudinario, su vestimenta, filosofía y valores” (4). El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial también ha concluido que los derechos territoriales de los pueblos indígenas son únicos, y abarcan una tradición y una identificación cultural de los pueblos indígenas con sus tierras que ha sido generalmente reconocida (5).

2. El derecho a la propiedad bajo el articulo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene, por ende, una importancia singular para los pueblos indígenas y tribales, porque la garantía del derecho a la propiedad territorial es una base fundamental para el desarrollo de la cultura, la vida espiritual, la integridad y la supervivencia económica de las comunidades indígenas. (6) Es un derecho al territorio que incluye el uso y disfrute de sus derechos naturales. Se relaciona directamente, incluso como un pre-requisito, con los derechos a la existencia en condiciones dignas, a la alimentación, al agua, a la salud, a la vida, (7) al honor, a la dignidad, a la libertad de conciencia y religión, a la libertad de asociación, a los derechos de la familia, y a la libertad de movimiento y residencia (8). A lo largo de las Américas, los pueblos indígenas y tribales insisten en que el Estado “les garantice en forma efectiva su derecho a vivir en su territorio ancestral y poder así no sólo realizar sus actividades tradicionales de subsistencia, sino también preservar su identidad cultural” (9).

3. De tiempo atrás, los órganos del sistema interamericano han prestado una particular atención al derecho de los pueblos indígenas y tribales a la propiedad comunal sobre sus tierras y recursos naturales, como un derecho en si mismo, y en tanto garantía del disfrute efectivo de otros derechos básicos. Para la CIDH, “la protección del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales es un asunto de especial importancia, porque su goce efectivo implica no sólo la protección de una unidad económica sino la protección de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural en la relación con la tierra” (10). La Corte Interamericana, a su vez, ha subrayado que los derechos territoriales de los pueblos indígenas se relacionan con “el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el control de su hábitat como una condición necesaria para la reproducción de su cultura, para su propio desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida” (11).

4. El presente informe compila y analiza el alcance de los derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus territorios, tierras, y recursos naturales. Se basa en los instrumentos jurídicos del sistema interamericano, tal y como han sido interpretados por la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] y la Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH] a la luz de los desarrollos en el derecho internacional de los derechos humanos en general. Su objetivo también es el de señalar problemas, guías y buenas practicas especificas, con miras a ampliar el goce de los derechos humanos por los pueblos indígenas y tribales del Hemisferio (12).
 

Derechos de los pueblos indégenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales - Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos - 2010 [Descargar documento]
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
http://www.cidh.org

Publicado por Observatorio Petrolero Sur
Notas:
(1) CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 155.
(2) Corte IDH. Caso Comunidad indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 131.
(3) Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 149. Corte IDH. Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párrs. 124, 131. Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre 2004. Serie C No. 116, párr. 85.
(4) Corte IDH. Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 154.
(5) Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, decisión 2(54) sobre Australia, párr. 4; citado en: CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 130, nota al pie No. 97.
(6) CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Sawhoyamaxa v. Paraguay. Referidos en: Corte IDH. Caso Comunidad indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 113(a).
(7) CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párrs. 1076.1080.
(8) CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 140(f).
(9) CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Yakye Axa v. Paraguay. Referidos en: Corte IDH. Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 157(c).
(10) CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Yakye Axa v. Paraguay. Referidos en: Corte IDH. Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 120(c).
(11) Corte IDH. Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 146. Para la Corte Interamericana, “La propiedad sobre la tierra garantiza que los miembros de las comunidades indígenas conserven su patrimonio cultural” [Corte IDH. Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 146]. Los pueblos indígenas y tribales tienen un derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado; al afectar el derecho ancestral de los miembros de las comunidades indígenas sobre sus territorios, se pueden afectar otros derechos básicos como el derecho a la identidad cultural, o la supervivencia de las comunidades indígenas y sus miembros [Corte IDH. Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 146, 147]. La CIDH ha explicado en esta línea que el territorio ancestral reclamado por comunidades indígenas “es el único lugar donde tendrán plena libertad porque es la tierra que les pertenece” [CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Yakye Axa v. Paraguay. Referidos en: Corte IDH. Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 120(g)].
(12) El presente estudio refleja el trabajo de tres Relatores sobre los Derechos de los Pueblos indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue aprobado por la CIDH el 30 de diciembre de 2009, habiendo sido elaborado a iniciativa del Relator Paolo Carozza, y bajo la dirección del posterior Relator Víctor Abramovich. Durante su proceso de edición y actualización previo a la impresión, recibió una importante contribución de la actual Relatora Dinah Shelton.

Foro Indígena de la ONU: Rechazan mercantilización de carbono de los bosques

Internacionales

“Esta visión de mercantilizar la naturaleza va precisamente a contra corriente de la visión de los pueblos indígenas que siempre han sido los más respetuosos, los promotores de una vida en armonía con la naturaleza, de considerar a la naturaleza no como un objeto, no como una cosa sino como nuestro hogar, como un sistema, como la comunidad en la cual todos vivimos y de la cual todos dependemos."

Durante las sesiones que se vienen desarrollando en el Décimo Periodo del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la ONU, desde el 16 al 27 de mayo de 2011, la delegación de Bolivia, junto con otros representantes de pueblos y comunidades indígenas, que integran a organizaciones y asociaciones internacionales indígenas de diferentes partes del mundo, han reiterado su rechazo contundente al Mecanismo de Reducciones de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques, más conocido con el nombre de REDD, porque promueve la mercantilización de los bosques y afecta a los Derechos de los Pueblos Indígenas. En su intervención, el Embajador Pablo Solón, de la delegación boliviana, señaló que Bolivia “no apoyó los mal llamados “Acuerdos de Cancún” porque ellos establecen promesas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que llevan a un incremento de la temperatura de 4 grados centígrados en lo que va de este siglo. Si eso ocurre habrán graves consecuencias para todos los pueblos del mundo, muchos estados insulares desaparecerán. La desertificación se acrecentará en varias regiones, en particular en el África y en el caso de mi país, un país de cerros con nevados, veremos que se perderán una gran parte de los glaciares que tiene nuestros cerros provocando graves efectos a la provisión de agua a la biodiversidad y a la agricultura de las economías de los pueblos indígenas y campesinos”.

Asimismo, refiriéndose a la iniciativa de REDD, y que está dentro de los mal llamados de “Acuerdos de Cancún”, manifestó: “Nosotros no compartimos la visión de mercantilizar los bosques y la provisión de los servicios ambientales de los mismos. Creemos que es necesario preservar los bosques y garantizar los derechos de los pueblos indígenas pero ello no puede darse a través de un mecanismo que lo que busca es ponerle precio al servicio ambiental que prestan los bosques, y luego emitir certificados de reducción de emisiones para colocarlos en un mercado de carbono del cual se beneficiaran sobre todo las empresas transnacionales de los países desarrollados del norte. Con estos certificados de reducción de emisiones de nuestros bosques los países desarrollados y las empresas industrializadas incumplirán sus compromisos de reducción de emisiones, pues lo único que tendrán que hacer será mostrar que han adquirido uno de esos certificados para así justificar su no reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”.

El Embajador Solón, planteó que “tiene que haber una retribución económica a los países que preservan los bosques y a los pueblos indígenas, pero esta retribución económica no debe basarse en mecanismos de mercado sino que tiene que establecerse a través de un mecanismo de impuesto a las transacciones financieras que permita generar fondos sin ninguna clase de condicionalidades”.

En esta medida, recomendó al Foro Permanente “que realice un estudio amplio sobre las consecuencias que tendrán las emisiones de certificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero sobre los derechos de los pueblos indígenas, porque una vez que se emite un certificado de reducción de emisiones y lo adquiere un tercero fuera del país se genera una situación de conflicto con los derechos de los pueblos indígenas que tiene que ser previamente analizada y estudiada antes de ser implementada y desarrollada”.

“Esta visión de mercantilizar la naturaleza va precisamente a contra corriente de la visión de los pueblos indígenas que siempre han sido los más respetuosos, los promotores de una vida en armonía con la naturaleza, de considerar a la naturaleza no como un objeto, no como una cosa sino como nuestro hogar, como un sistema, como la comunidad en la cual todos vivimos y de la cual todos dependemos. Creemos nosotros que hacia la Conferencia de Río+20 en vez de promover la mercantilización de la naturaleza a través de la llamada economía verde tenemos que mas bien avanzar por el camino de reconocer los derechos de la naturaleza, porque la naturaleza también tiene derecho a existir, tiene derecho a reproducirse y tiene derecho a una vida saludable”, destacó el Embajador Solón.

Asimismo, las organizaciones de la Comunidad Integradora del Saber Andino (CISA) de Ecuador, el Centro de Derechos Humanos y Accesoria de Pueblos Indígenas (CEDHAPI) de México, la Comisión Internacional del Arte de los Pueblos Indígenas (CIAPI), la Consultoría de los Pueblos Indígenas en el Norte de México (CPINM), el CAUCUS de América del Norte, la representación de Mujeres Indígenas, entre otros, manifestaron su rechazo a las políticas e iniciativas de REDD, que son una parte de la llamada Economía Verde y que se constituyen en una más de las falsas soluciones. www.ecoportal.net
Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra

Indígenas advierten a la ONU sobre impacto de industria extractiva de minerales

Latinoamérica

El aviso fue reiterado este jueves por el mexicano Saúl Vicente Vázquez, miembro del Foro Permanente de Asuntos Indígenas de la ONU, durante los debates que ese órgano celebra desde el lunes en la sede de la organización mundial en Nueva York.
Naciones Unidas recibió hoy una nueva advertencia sobre el impacto negativo de las industrias extractivas de minerales en América Latina sobre la vida de los pueblos indígenas de esa región.
El aviso fue reiterado este jueves por el mexicano Saúl Vicente Vázquez, miembro del Foro Permanente de Asuntos Indígenas de la ONU, durante los debates que ese órgano celebra desde el lunes en la sede de la organización mundial en Nueva York.
Esas corporaciones ejecutan proyectos que no tienen en cuenta los intereses de los pueblos originarios radicados en las tierras en que operan, explicó el dirigente en conferencia de prensa.
Y cuando esos conglomerados reclaman sus derechos y exigen ser consultados para otorgar su consentimiento sufren "la criminalización de la protesta social".
Vázquez destacó algunos avances registrados en los países de Centro y Suramérica tras la aprobación en 2007 de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en particular el reconocimiento otorgado a esas comunidades.
No obstante, indicó que ese progreso y el contenido del instrumento de Naciones Unidas no se materializan en el plano legislativo, salvo en los casos de Ecuador, Bolivia, Venezuela y Nicaragua.
Resaltó la labor de los indígenas para establecer redes de solidaridad, apoyo y construcción de movimientos nacionales y elogió lo sucedido en Bolivia, donde el pueblo originario logró llegar al gobierno y desde ahí hacer las reformas constitucionales necesarias.
Sin embargo, lamentó que en el resto de los países de la región temas como el derecho a la tierra, a los territorios y a los recursos naturales y al consentimiento libre, previo e informado aún no están plenamente aceptados.
Nos preocupa la situación, pues a pesar de la admisión de nuestros pueblos en la legislación, siguen vigentes la marginación, la pobreza, la expropiación y el despojo de nuestras tierras y recursos naturales, aseveró.
Vázquez manifestó que la actual sesión del Foro Permanente debe producir recomendaciones dirigidas a las diferentes agencias de ONU y los Estados miembros "para que mejoren el entendimiento con nuestros pueblos indígenas". www.ecoportal.net
Erbol
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ONU: Graves riesgos para pueblos indígenas

 

Preocupante que gobiernos se nieguen a reconocer derechos

Oposición a Declaración y consulta punto más sensibles

 

Genaro Bautista, Rogelio Mercado / AIPIN

La falta del reconocimiento de la consulta previa y el consentimiento, tal y como lo marcan los estándares internacionales, pone en riesgo el futuro de los pueblos indígenas, aseguró el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Foro, que depende del Consejo Económico y Social (Ecosoc) de la ONU, alertó de estos hechos, y llamó a los países a armonizar sus leyes locales con las internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

La preocupación del máximo organismo de la ONU en materia indígena fue expresada tanto por expertos de ese grupo como por representantes indígenas que estuvieron en Nueva York en la sesión del Foro Permanente que concluyó este 27 de mayo.

Entre los temas que ponen en riesgo por la ausencia del reconocimiento de la consulta, resaltaron los referentes a las industrias extractivas, la mercantilización del agua, los desplazamientos forzados por los megaproyectos o conflictos armados, la extinción de las lenguas indígenas.

Saúl Vicente Vázquez uno de los integrantes de la ONU, lanzó el pasado 19 de mayo, una nueva advertencia sobre el impacto negativo de las industrias extractivas de minerales en América Latina sobre la vida de los pueblos indígenas de esa región.

Para Saúl Vicente, indígena zapoteco del Foro Permanente, esas corporaciones ejecutan proyectos que no tienen en cuenta los intereses de los pueblos originarios radicados en las tierras en que operan.

Y acusó a los gobiernos que cuando esos conglomerados reclaman sus derechos y exigen ser consultados para otorgar su consentimiento sufren "la criminalización de la protesta social".

Hasta el momento indicó el experto indígena, solo Ecuador, Bolivia, Venezuela y Nicaragua, reconocen en sus constituciones nacionales lo estipulado en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Lamentó que en el resto de los países de la región temas como el derecho a la tierra, a los territorios y a los recursos naturales y al consentimiento libre, previo e informado aún no están aceptados.

La postura del Foro Permanente, fue respaldada por los representantes indígenas.

Juan Carlos Jintiach, Coordinador de Cooperación Internacional y Desarrollo Autónomo con Identidad, de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), acusó a los nueve países de atentar contra el futuro de los pueblos indígenas.

El representante amazónico apuntó que en esa región donde se concentran los proyectos extractivos más grandes de América Latina, entre ellos los hidrocarburos, hidroeléctricas, mineras, vías e hidrovías, se enfrentan al despojo de sus riquezas naturales y uso indebido de sus saberes ancestrales, al no consultárseles y negárseles la participación en las decisiones.

Muchos de estos recursos enfatizó Juan Carlos Jintiach, son parte del gran proyecto de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, IIRSA, donde los pueblos indígenas no se ven beneficiados.

La COICA es una organización que agrupa a más de 390 pueblos indígenas de nueve países de la región más estratégica en biodiversidad del planeta, la cuenca amazónica.

Para contrarrestar esto, el dirigente indígena, demandó al Foro Permanente, inste a los gobiernos y a los organismos internacionales elaborar, en consulta y cooperación con los propios indígenas, las normas, los mecanismos y los procedimientos más apropiados, en los procesos de formulación de leyes y políticas públicas, en particular aquéllos relacionados con el ejercicio los derechos de los pueblos indígenas.

Aunque para ello, es importante un primer gesto de los países como Guyana, Surinam y Francia, en la ratificación del Convenio No.169 de la OIT, y a la aplicación plena de los términos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

La COICA participó de la reunión preparatoria del Caucus Indígena de América Latina y El Caribe, realizado en la ciudad de Managua, del 3 al 6 de abril del 2011, donde se ratificaron las consideraciones y recomendaciones sobre la aplicación del principio del Consentimiento Previo, Libre e Informado (CPLI), empujado por el Foro Permanente.

Destacaron que desde la séptima sesión del FP se vienen formulando recomendaciones de manera reiterada, con el propósito de contribuir al respeto y la protección del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y al consentimiento libre, previo e informado, que se encuentran consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, expresó.

El impacto negativo fue denunciado por la indígena mexicana de Oaxaca Dalí Angel, en la reunión sostenida con James Anaya, Relator Especial Para la Situación de los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas de la ONU en el marco del Foro Permanente.

La misiva, enviada por la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) y la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), pormenoriza que los territorios indígenas de México han sido escenario de grandes proyectos que sólo han ocasionado despojos y más pobreza para estos pueblos.

El documento entregado al Relator Especial, reporta que en los últimos 100 años, comunidades enteras han desaparecido en nombre del “progreso”. ¿Como olvidar el gran sufrimiento que ocasiono la construcción de grandes represas en las regiones mazateca y chinanteca de Oaxaca? ¿Como no recordar la tristeza y destrucción que han dejado las grandes minas en territorios nahuas de Jalisco y Guerrero?, manifiesta el texto.

UCIZONI, expone que con el lanzamiento del Plan Puebla-Panamá, hoy Proyecto Mesoamerica, las grandes trasnacionales contando con la complicidad del gobierno mexicano, han iniciado una Nueva Invasión.

La organización indígena puso de ejemplo las corporaciones mineras canadienses que han obtenido cientos de concesiones para la explotación de minerales sin el consentimiento de las comunidades indígenas dueñas del territorio.

En diferentes regiones indígenas de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, y Veracruz se proyecta la construcción de nuevas represas que significaran la desaparición de comunidades enteras y en el Istmo de Tehuantepec con presiones y engaños las compañías españolas se han apoderado de más de 15,000 hectáreas de tierras para imponer el megaproyecto eólico, acusa el documento entregado a Anaya.

Enfrentamos enemigos muy poderosos, enfrentamos al gobierno mexicano y a sus socios el gran capital financiero trasnacional quienes están dispuestos a todo con tal de apoderarse de las tierras y recursos de nuestros pueblos. Nos han perseguido, han militarizado nuestros territorios, han criminalizado a nuestros representantes y en algunos casos los han asesinado. Somos criminales por defender lo nuestro, denuncian los representantes indígenas.

“Es por ello que UCIZONI y la AMAP por este medio le hacemos un llamado para que intervenga ante el gobierno mexicano para que nos sea reconocido el derecho de nuestros pueblos a ser consultados de acuerdo a nuestra costumbre y en nuestras lengua, le pedimos que frente a proyectos de inversión y políticas públicas sea escuchada la palabra de nuestras comunidades”, expresan.

En el mismo sentido, Florina López, Kuna de Panamá, de la Red de mujeres sobre Biodiversidad, advirtió que los mega-proyectos y de desarrollo, las actividades mineras y forestales y los programas agrícolas siguen desplazando a los pueblos indígenas sin el libre consentimiento previo e informado.

Lo anterior apunta, ha dado como resultado un grave daño ambiental por lo que hoy día enfrentamos el calentamiento global que está afectando los cauces y cuencas hidrográficas de los ríos a nivel mundial.

Muchas de las regiones del mundo, donde existe la diversidad biológica de la Tierra son habitadas por pueblos indígenas, solo para mencionar: Australia, Brasil, China, Colombia, el Ecuador, los Estados Unidos de América, Filipinas, la India, Indonesia, Madagascar, Malasia, México, Papua Nueva Guinea, el Perú, la República Democrática del Congo, Sudáfrica y Venezuela, señaló.

Planteó el establecimiento de una reunión de expertos abierto, para discutir sobre los problemas en el tema ambiental, agro combustibles, plantaciones, arboles genéticamente modificados, recursos genéticos y basuras toxicas.

Ante estas coincidencias, el Caucus de Pueblos Indígena de Abya Yala Américas, emitió una resolución en la que llama, a trabajar el tema de Cambio Climático, dado que están directamente involucrados.

Pidió al FP tener un rol más protagónico y una mayor incidencia en el proceso preparatorio Rio + 20, a fin de generar procesos donde los pueblos indígenas tengan una fuerte influencia.

El caucus internacional demandó a México reconocer al pueblo Wixarika su territorio y garantizar el respecto del sitio sagrado de Wirikuta, amenazado por First Majestic Silver Corps y sus filiales.

Los representantes indios plantearon al Foro Permanente, estar pendientes para que sus derechos no se vean vulnerados por el avance de las industrias extractivas.

Anastasio Martínez Jiménez a nombre de la Juventud Indígena, recomendó el rediseño de metodologías censales, y procedimientos de aplicación, con amplios procesos de consulta e incorporar datos desagregados y variables étnico-culturales, y de género

También una mayor coordinación y articulación con las agencias de las Naciones Unidas como el PNUD, UNICEF, OPS, UNFPA y UNESCO, a fin de que se impulsen programas especialmente dirigidos a mejorar las condiciones en los ámbitos de la educación y la salud a la niñez, adolescencia, juventud, y a las mujeres indígenas.

Esta petición tuvo respuesta inmediata

El Foro Permanente para Cuestiones acordó crear la primera iniciativa interagencial para promover y proteger las garantías fundamentales de los pueblos indígenas.

La iniciativa lleva por nombre Alianza de la ONU para los Pueblos Indígenas (UNIPP), y su objetivo es fortalecer las instituciones de esas comunidades y promover su participación en los Gobiernos locales y nacionales.

Las agencias de la ONU englobadas en la UNIPP son la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina de Derechos Humanos y el Fondo para la Infancia (UNICEF).

La Alianza de la ONU para los Pueblos Indígenas, tiene fuertes retos, entre ellos el referente a la preservación y desarrollo de las lenguas indígenas

En las discusiones del FP, destacaron las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Dalee Sambo Dorough, de Alaska, otra representante del foro, se refirió a los "puntos calientes" que sufren los indígenas en Latinoamérica y mencionó en concreto la desaparición y muerte de al menos una decena de indígenas a principios de mes en el estado mexicano de Oaxaca.

Pero será en 2012, cuando el Foro Permanente, realice un balance de este año, y seguramente revisará la estrategia para una mejor efectividad en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas del Planeta.

ONU: Exigen cese de agresiones y se cumpla Acuerdo de Paz en Bangladesh

Fotos: Jorge Agurto / Servindi

Servindi, 24 de mayo, 2011.- Una protesta pública exigiendo se cumplan el Acuerdo de Paz Chittagong Hill Tracts (CHT). en el suroeste de Bangladesh, se realizó la tarde del lunes 24 de mayo frente a la sede de las Naciones Unidas en Ney York, Estados Unidos.
Denuncian que en los últimos años han recrudecido los brotes de violencia y es común que las fuerzas de seguridad arresten a ciudadanos indígenas cuando son víctimas de incendios u otros ataques provocados por colonos bengalí.
La acción fue convocada por la Organización Internacional Juma y la asociación amigos del CHT, en apoyo a once pueblos indígenas que habitan la región montañosa de este país asiático y que sufren por décadas agresiones en sus propios territorios ancestrales.
El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas tiene en su agenda del miércoles 25 de mayo debatir el informe sobre el estado de implementación del Tratado Chittagong Hil Tracks suscrito en 1997, elaborado por el Relator especial Lars Anders Baer.
Los manifestantes exigen que el Foro Permanente se pronuncie sobre la delicada situación de los indígenas del CHT, más aún si funcionarios del gobierno han declarado en repetidas ocasiones: “Bangladesh no tiene pueblos indígenas, solo pequeños grupos étnicos”.

La acción pública convocó la solidaridad de numerosos participantes de la décima sesión del Foro Permanente

Antecedentes del problema

El Chittagong Hil Tracts (CHT) es una región montañosa en el sureste de Bangladesh, donde habitan once pueblos indígenas. Después que Bangladesh se convierte en un país independiente en 1971 el gobierno rehusó reconocer en su Constitución Política de los pueblos indígenas.
La Constitución de 1972 identificó como “bengalís” a los ciudadanos de Bangladesh excluyendo a los pueblos no bengalí. La exclusión, la marginación y la represión política llevó a los pueblos indígenas a formar el Shanti Bahini e iniciar una guerra de guerrillas por la justicia y el autogobierno a principio de la década del 70 del siglo pasado.
Al mismo tiempo, el gobierno de Bangladesh comenzó a militarizar la región y creó una situación generalizada de violación a los derechos humanos.
Las matanzas extrajudiciales, las detenciones sin derecho a juicio, las torturas, violaciones, destrucción de viviendas y ocupación forzosa de tierras ancestrales indígenas se hicieron comunes.
Además, el gobierno de Bangladesh promovió la ocupación de territorios indígenas desplazando ciudadanos pobres bengalís. Esto alteró la composición demográfica de CHT y la población bengalí en esta región se elevó de 26 % en 1974 a 41 % en 1981. Mientras, decenas de miles de indígenas se vieron forzados a desplazarse internamente y refugiarse en la India.
La acción internacional de organizaciones como la Sociedad contra la Esclavitud, Amnistía Internacional y la Comisión de Chittagong Hill Tracts lograron que en la década de los 80 la atención pública  mundial se dirigiera a esta región de Bangladesh.
Después de más de veinte años de lucha armada el gobierno de Bangladesh firmó el Acuerdo de Paz con el Partido Político de los Pueblos Indígenas Jumma (Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti, PCJSS) en 1997. Los indígenas decidieron entonces bajar las armas y desmovilizarse.

Foto del PCJSS

Sin embargo, después de 14 años las medidas más cruciales del acuerdo siguen sin cumplirse, los indígenas siguen enajenados de sus tierras y denuncian que la apropiación de tierras por foráneos se ha intensificado.
El CHT sigue siendo la única zona fuertemente militarizada de Bangladesh y el 33 por ciento del personal militar del pais se aloja en este lugar a pesar que representa solo el 10 por ciento del total del territorio del país.
Existen más de 500 campamentos militares en Bangladesh y la tensión armada se incremente debido a que los colonos de CHT empezaron a armarse y con la ayuda de las fuerzas de seguridad del estado atacan, incendian, asesinan y se apropian de tierras indígenas de manera impune.
Las fuerzas de seguridad de Bangladesh se componen en un cien por ciento por ciudadanos bengalís por que lo que se presume que en situación de conflictos o arbitraje favorecen a los colonos bengalís en detrimento de las etnias locales.
La Liga de Gobierno Awami electa en el 2008 prometió la implementación del Acuerdo de Paz pero hasta el momento no ha tomado medidas concretas y varios mecanismos estipulados en el acuerdo se han visto bloqueados por controversias políticas.
Bangladesh ha ratificado varios tratados internacionales de derechos humanos, como el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación racial.
También ha suscrito el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el  Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Acceda al informe sobre el estado de implementación del Tratado Chittagong Hil Tracks suscrito en 1997, elaborado por el Relator especial Lars Anders Baer:

• En español
• En inglés
• En francés

Son innumerables las atrocidades que sufren los pueblos originarios de las colinas de Chittagong Hill Tracts (CHT)

Otras noticias:

• Asia: ONU denuncia violaciones de DD.HH. contra indígenas en Bangladesh

Chiapas: Gobierno hace convenio con Monsanto

*20 de Mayo de 2011*

*/Boletín: 5085/*

El gobernador Juan Sabines Guerrero se reunió con representantes de la empresa-ONG Fundar, contraparte de Monsanto en Chiapas, quienes expusieron al mandatario el proyecto integral con el que prevén concretar una millonaria inversión para cultivar 20 mil nuevas hectáreas de maíz en el estado de Chiapas.

Así fue la expulsión del italiano Gianni Proiettis desde Chiapas, México

Posted by Mandujano in jueves, mayo 05, 2011 

ISAÍN MANDUJANO

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- “¡Espurio!”, fue el grito que alcanzó a escuchar el presidente Felipe Calderón al salir del hotel en el marco de la clausurar de la Cumbre de Cambio Climático (COP16) de Cancún, aquel viernes 10 de diciembre por la mañana.

El grito salió entre una multitud en el que se encontraban un grupo de periodistas independientes y de medios alternativos, casi todos acreditados para cubrir aquel evento.

Ante el incidente, algunos de los elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP) apresuraron el paso para sacarlo lo más pronto posible de ese lugar a una zona más segura, en tanto que otros intentaron identificar al autor de la consigna que incomodó al presidente.

Giovanni Proiettis Anfossi, narró a Proceso en entrevista vía telefónica desde Roma Italia, que, sorprendido por el incidente no pudo disimular su asombro, sonrió. En elemento del EMP llamó a Proiettis y le solicitó identificarse. Cubría el evento para el diario “Il Manifesto” exhibió su acreditación correspondiente y éste a su vez le tomó una fotografía con su teléfono celular.

En la noche, cuando se disponía a escribir su texto, Proiettis fue notificado vía correo electrónico por los responsables de la logística que su acreditación para cubrir la COP16 había sido cancelada. El sistema de Seguridad de Naciones Unidas para el evento, le informó le sería retirada su acreditación “por un incidente en el utilizó un lenguaje no apropiado para los profesionales de la comunicación. Comportamiento que fue dirigido contra al presidente de México”. Firmado por Kevin Grose, coordinador de medios de la ONU de la COP16.

Sorprendido Proiettis no entendía lo que pasaba por lo que exigió fueran preciso en su notificación.

Amigo de la escritora mexicana, Elena Poniatowska, el colaborador de Il Manifesto realizaba su labor como corresponsal en ese evento de Cancún. El tiene un blog en dicho portal electrónico llamado Popocatepetl (http://blog.ilmanifesto.it/popocate) donde ha publica al menos cada mes artículos ácidos sobre la política mexicana.

A su regreso a San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, donde ha vivido desde mayo de 1993, un grupo de tres elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) lo detuvieron el jueves 16 de diciembre del 2010 en las afueras de su casa, donde lo habían estado acechando por varias horas.

Fue trasladado a la Unidad Mixta contra el Narcomenudeo, donde a decir de Proiettis pretendieron sembrarle marihuana, pero tras nueve horas de captura, por fin lo liberaron ante la movilización de amigos y familiares que empezaron a exigir su libertad. Además de un amparo que interpuso para lograr su libertad. Incluso le pidieron “disculpas” y que todo había sido una “confusión”.

El propio Secretario de Gobierno, Noé Castañón León, lo citaron a tomar un café y conocer sobre el incidente y su labor. El segundo incluso le garantizo su seguridad personal y laboral.

Sin embargo, Proiettis pidió en la Universidad una baja temporal de enero a mayo del 2011, en tanto, seguía escribiendo para su blog, donde escribía sin remuneración alguna, por el placer de escribir. Pero ya Proiettis estaba en la mira.

A petición de la subdelegada en San Cristóbal de Las Casas, Dora Patricia Grajales Cordero, el 5 de abril fue a dejar sus documentos, entre ellos su pasaporte para que se le renovara la visa y la dieron al cita para el viernes 15 de abril a las 10:30 de la mañana. Ese día a muy temprana hora abordó su motocicleta y fue puntual, llevaba consigo una copia del amparo obtenido tras su captura el 16 de diciembre, un celular, una tarjeta de débito de la cual dispondría los 2 mil 800 pesos para pagar su derecho como migrante residente en México.

Ese mismo día a las 5 de la madrugada un grupo de al menos cinco agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) habían sido concentrados en la subdelegación de Tuxtla Gutiérrez, por órdenes de la delegada María de las Mercedes Gómez Mont, hermana del exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien a su vez había recibido órdenes directas de la Secretaría de Gobernación que supervisara a detalle el caso que se les había ordenado: detener a Proiettis y sacarlo del país lo más pronto posible.

Sin saber lo que le esperaba, poco más de las 11 de la mañana, Proiettis fue llamado un privado donde cinco agentes del INM le dijeron que estaba detenido y que desde ese momento ellos custodiarían su seguridad, intentó comunicarse con su esposa y le fue arrebatado el teléfono celular y todas sus pertenencias, incluída unas películas que entregaría esa mañana en un videoclub. Pidió comunicarse con su embajada para pedir asistencia consular y de igual forma se lo negaron.

Fue subido a una camioneta tipo Van escoltada por una patrulla de la Policía Federal rumbo a Tuxtla Gutiérrez y de ahí, al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, donde en el hangar del gobierno del estado de Chiapas, ya los esperaba un jet oficial que había puesto a disposición del operativo las autoridades locales.

Su motocicleta “Italika” fue abandonada en un centro comercial en las afueras de San Cristóbal de Las Casas.

Pasada las 14 horas Proiettis ya estaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Donde era atendido con esmero, le ofrecieron comida pero siempre la rechazó: “del susto se me fue al apetito”.

Cuando su esposa, María Isabel Rotondo, mejor conocida como Maribel, se empezó a preocupar por el retardo de su esposo para llegar a casa y que éste no respondía a las llamadas telefónicas, empezó a indagar con amigos si acaso sabían de su paradero. Más preocupada avisó a sus las dos amigas de Proiettis, las activistas Mercedes Ozuna y Marisa Kramsky, quienes de inmediato empezaron a indagar en la PGJE, en el INM, con la embajada de Italia en México, pero nadie les daba información sobre su paradero.

Al caer la noche, el Secretario General de Gobierno, Noeé Castañón les dijo que había sido detenido por elementos de la PGR, acudieron a esa delegación en Tuxtla y nada sabían ahí de Proiettis. Incluso interpusieron un recurso de amparo a las 21 horas.

Para esa hora, acompañado de dos agentes del INM, Proiettis ya había sido abordado en un vuelo de Aeroméxico de las 6:58 rumbo a Madrid donde transbordaría otro vuelo de la aerolínea Iberia hacia Roma, Italia. Y todo sin notificarle a su esposa o la embajada de su país. En menos de ocho horas, Proiettis había sido capturado y ya no estaba en México.

“Era extraño. Qué iba a hacer, ¿escapar del avión a mitad del vuelo? Pero insistieron, `Lo llevaremos a Roma'”, narró Proiettis.

Dijo que en el aeropuerto de la Ciudad de México uno de los oficiales del INM le expresó verbalmente que era deportado porque no había renovado su visa FM2, cuando él precisamente dice es el trámite que estaba realizando como lo había hecho año tras año.

Fue hasta las 10:30 de la noche que el cónsul de la embajada de Italia en México, Guido de Marco que le avisó a Maribel Rotondo que su esposo había sido deportado. Pero para ella seguía en calidad de desaparecido.

Durante todo el sábado nada sabía de él, 13 horas después de haber partido de México ya estaba en Aeropuerto Internacional de Barajas, en España, donde seguía bajo la custodia de los dos agentes mexicanos.

Al no ser un delincuente fue ahí en España donde pidió ser liberado, pues dijo que la expulsión ya se había concretado y al no ser un delincuente no tenía caso seguir siendo víctima de ese “plagio del gobierno mexicano”.

Esa noche del sábado iba a tomar el vuelo a Roma, pero fueron bajados por la policía española para unos trámites de rigor burocrático, por lo que salió hasta el siguiente día, fue el domingo por la mañana cuando ya estaba en Roma, en casa de su hermana. 40 horas duró el suplicio de Gianni Proiettis.

Para su esposo Maribel Rotondo, esto fue una “emboscada migratoria”. Ella alega que su esposo no cometió un delito, en todo caso le hubieran argumentado una falta admnistrativa y le hubiesen impuesto una multa, sin embargo no había tal porque el refrendo de su visado estaba en trámite.

Rotondo dice que Gianni nada tiene en Italia, salvo su hermana y sobrinos. Dice que toda su vida la ha hecho en San Cristóbal de Las Casas, incluso tras este tercer refrendo de su visado esperaba después iniciar los trámites para su nacionalización mexicana.

Dice Rotondo que Gianni no trabajaba precisamente como un periodista, era un colaborador esporádico de Il Manifesto, un bloguero, del cual no percibía remuneración alguna como para que se considerado un trabajo no autorizado por su visado FM2.

“Lo hacía por el amor y la pasión de escribir, de hacer efectivo su derecho a la libertad de expresión”, dice Rotondo.

Para Mercedes Ozuna no hay duda, todo se derivó de aquel incidente, que Gianni le contaría a su regreso de Cancún. Fue a partir de ahí que fue puesto “bajo la lupa”, bajo investigado y dieron con sus artículos en Il Manifesto bastante críticos.

Su captura del 16 de diciembre sería un prueba, un ensayo y error, que tras cuatro meses finalmente se cumplió el objetivo, sacarlo del país antes de que sus amigos, familiares y la embajada impidieran su deportación de México.

Hasta el martes 19 de abril, la embajada de Italia en México tenía en sus manos la notificación oficial de sus deportación pese a que ya la había solicitado tanto en México como en la embajada de México en Italia.

Sólo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal habían condenado su expulsión del país, de quien ha sido colaborador de diarios como el “Liberación” de Francia y “L' Unita” de Italia, además de “Il Manifesto”.

Sus amigos iniciaron una campaña para exigir al gobierno mexicano sea regresado a México, pues alegaron se le violaron sus más elementales derechos humanos de forma grave.

“Durante casi 18 años, Giovanni Proiettis ha estado escribiendo sobre la lucha de los pueblos indígenas en resistencia y, más recientemente, el narcotráfico y la cumbre climática de Cancún (COP 16). Lo hace en periódicos extranjeros, sin recibir remuneración económica. Su expulsión hace pensar que al gobierno federal le incomodan estos temas. Exigimos el regreso de Giovanni Proiettis a México, su patria de elección”, dijeron en una carta firmada por casi un centenar de sus amigos, emtre periodistas, intelectuales, investigadores y activistas.

Según Proiettis, desea volver a México, que buscará la vía diplomática para reunirse con su esposa. Dice que ama a México mucho más que muchos otros mexicanos “que sólo provocan caos y destrucción en el país”.

Dice que acá tiene todo y que nada lo ata a Italia. Relata que si bien vino a Chiapas para conocer más sobre la cultura Maya, como ha conocido la Inca, su trabajo a favor de las comunidades indígenas y los procesos de lucha social inició desde que le tocó cubrir el alzamiento armado zapatistas en enero de 1994.

De hecho, una de las primera entrevistas al subcomandante Marcos se la publicó la revista Proceso, en su edición del 10 de enero de 1994. Y aunque no lleva su crédito es el mismo texto que escribió para el diario L'Unita de Italia. En esa el encapuchado rebelde sentenció: “Preferimos vivir luchando que morir de disentería”.

Plataforma continental de lucha contra la mineria, agrocombustibles y falsas soluciones del cambio climático

Foro de los Pueblos Indígenas Minería, Cambio Climático y Buen Vivir
Museo de la Nación, Lima, 18 al 20 de noviembre de 2010

Declaración de Lima
Los pueblos indígenas, comunidades y organizaciones sociales del Abya Yala, hermanos de África y Europa, hijos de la Madre tierra, Reunidos en el Foro Minería, Cambio Climático y Buen Vivir, en la ciudad de Lima, después de tres días de deliberaciones declaramos:

Considerando que:

Los pueblos indígenas y comunidades somos portadores de la sabiduría ancestral que ha logrado mantener el planeta a salvo durante miles de años; nuestros conocimientos y prácticas ancestrales de reciprocidad y complementariedad con la Madre Tierra han constituido los valores que han permitido una vida en armonía a la que hoy llamamos Buen Vivir – Vivir Bien. Desde el tiempo de nuestros abuelos, en nuestros territorios se conserva la biodiversidad.

Nuestra vida en armonía fue quebrada cuando hombres occidentales con ambición de riqueza ocuparon nuestros territorios e iniciaron el saqueo de la naturaleza, dejando muerte, contaminación y enfermedades. Hoy la ambición y el saqueo continúan por nuevos conquistadores transnacionales con la bendición de los gobiernos de nuestros países que bajo el mito del crecimiento económico promueven políticas irracionales de extracción de los recursos de nuestros territorios, dejando pobreza y contaminación.

Nuestros territorios llenos de vida y armonía se han convertido en territorios de contaminación y de intoxicación de la salud humana, en territorios de militarización y criminalización de las luchas, en territorios de saqueo y pobreza a consecuencia de las políticas extractivistas guiadas por los gobiernos. Por otro lado, también se han convertido en territorios de resistencia, de lucha, de propuestas y ejercicio de nuestros derechos, como son las consultas comunitarias realizadas por nuestras autoridades ancestrales en diversos países del continente.

El saqueo de los bienes naturales se ha intensificado en nuestros tiempos por la ofensiva neoliberal a través de los tratados de libre comercio entre estados, cuyos términos vulneran nuestros derechos indígenas y colectivos amparados en tratados internacionales, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

El exponencial consumismo occidental, el saqueo de nuestros bienes naturales y la industrialización de los países desarrollados han generado una crisis climática global a la que se suma la crisis alimentaria. Los efectos del calentamiento global han aumentado los riesgos de vulnerabilidad de nuestros derechos y están modificando nuestro modo de vida que milenariamente ha dependido de la Madre Tierra. Los pueblos indígenas somos los que menos contribuimos al calentamiento global, somos los que sufrimos sus peores consecuencias y somos excluidos de los procesos de negociación internacional y definición de políticas nacionales.

Los estados vienen implementando una sistemática política de criminalización, dentro de la cual se han creado nuevos delitos con la única finalidad de debilitar nuestras luchas. En consecuencia, miles de líderes indígenas se encuentran perseguidos y procesados judicialmente por defender la Madre Tierra  y nuestros derechos.
  
Por tanto, resolvemos:   

·         Llamar a la unidad continental y mundial de los pueblos indígenas y movimientos sociales y  movilizarse en defensa de la Madre Tierra, por la construcción de estados plurinacionales y la implementación del buen vivir a nivel global, como alternativas para superar las crisis climática, alimentaria y económica. Volver al equilibrio con la Madre Tierra para salvar la vida  en el planeta es nuestro camino.
·         Demandamos a los estados el reconocimiento y cumplimiento pleno de nuestros derechos reconocidos por el sistema internacional, en especial la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Respeto a la libre determinación, a nuestros territorios y su soberanía, a la consulta y consentimiento previos, libres e informados con carácter vinculante, a decidir nuestra propia forma de vida.

·         Denunciar las políticas de criminalización que los estados están implementando contra los defensores de la Madre Tierra, persiguiéndonos, enjuiciándonos, encarcelándonos y asesinándonos. Y convocamos al establecimiento de alianzas entre pueblos indígenas y redes sociales con el fin de implementar acciones colectivas a nivel internacional y nacional para frenar estas políticas.

·         Exigimos políticas agrarias que garanticen la seguridad y soberanía territorial de los pueblos indígenas y campesinos, y una distribución racional y equitativa del agua.

Con relación al Cambio climático:
·         Demandamos el respeto a los derechos de los pueblos indígenas en los procesos de negociación internacional sobre cambio climático y la implementación de políticas nacionales por los estados; en especial el derecho a la libre determinación y el derecho al consentimiento libre, previo e informado.

§  Demandamos el respeto a los Derechos de la Madre Tierra y de todos los seres vivos.

·         Exigimos que los países responsables históricamente del cambio climático paguen la deuda climática. Nos comprometemos a instrumentalizar el Tribunal Internacional de Justicia Climática.

·         Exigimos la construcción de una agenda nacional y regional de justicia climática, con amplio proceso de consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades.

·         Demandamos que en los acuerdos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático se tomen en consideración nuestros conocimientos y prácticas de reciprocidad y complementariedad con la Madre Tierra.

·         Reafirmamos el Acuerdo de los Pueblos de Cochabamba (abril 2010).

·         Exigimos que los gobiernos apoyen la adopción en Naciones Unidas de la Declaración de Derechos de la Madre Tierra.

·         Exigimos a los estados que asuman su responsabilidad y lleguen a acuerdos concretos y vinculantes respecto a la reducción de los niveles de emisión de gases de efecto invernadero para revertir el proceso de calentamiento global. La adaptación de las comunidades vulnerables solo será viable si los países ricos reducen las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

·         La deuda ecológica generada por los países del Norte con sus emisiones de GEI debe ser pagada y los fondos destinados a atender a las poblaciones vulnerables y afectadas por la crisis climática en el Sur.

·         Rechazamos las falsas soluciones del mercado de carbono, así como todas aquellas que pretenden mercantilizar a la Pachamama. Rechazamos la mercantilización del mecanismo REDD a través de los mercados de carbono. Rechazamos los agrocombustibles que cambian el uso de la tierra y amenazan la soberanía y la seguridad alimentaria. Declaramos que LA VIDA NO SE NEGOCIA.

·         Exigimos que todo proyecto o programa contra la deforestación respete los derechos de las comunidades al territorio, autonomía, a la consulta y consentimiento libre, previo e informado  de los pueblos indígenas. Debe asegurarse la participación y los beneficios de las poblaciones de las áreas que ellas milenariamente han defendido. Que los gobiernos cambien las políticas que favorecen la deforestación y apoyen el manejo forestal comunitario de los pueblos indígenas.

·         Convocamos a sumarse al Foro Indígena del Abya Yala sobre Cambio Climático.
·         Nos comprometemos a participar en el Referéndum Mundial Climático acordado en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra realizada en Cochabamba.

Con relación a la Minería:
·         Decimos enfáticamente: no a la minería, sí a la vida. Rechazamos la minería transnacional, no a la minería en los territorios de los pueblos indígenas. Exigimos la inmediata derogatoria de los títulos y concesiones mineros inconsultos.

·         Declaramos los pueblos indígenas somos los dueños legítimos desde los tiempos ancestrales del suelo, subsuelo y recursos naturales que albergan nuestros territorios.  Exigimos a los organismos de Naciones Unidas que los bienes naturales sean declarados patrimonio de los pueblos indígenas que los albergan.

·         Apostamos a cambiar el modelo extractivista para el buen vivir de los pueblos del mundo. En este sentido nuestras luchas deben conducir a la aprobación de leyes para determinar las zonas prohibidas para la minería en nuestros territorios, como lo han logrado con su lucha los pueblos de Costa Rica.

·         Demandamos a los estados el reconocimiento y aplicación del derecho al consentimiento que nos asiste como pueblos indígenas de acuerdo al derecho internacional. Llamamos a los pueblos indígenas y comunidades a no permitir el desarrollo de proyectos mineros sin consentimiento. En particular hacemos un llamado a la aprobación de la Ley de Consulta en el  Perú y su inmediata promulgación. 

·         Emprender campañas continentales y globales contra las políticas de organismos internacionales (Banco Mundial y otros) que contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero, a la contaminación y al desconocimiento de nuestros derechos, agravando la crisis climática.

·         Emprender campañas continentales y globales contra las  empresas mineras, denunciando sus violaciones a los derechos internacionales y sus impactos ambientales, sociales y culturales.

·         Emprender campañas continentales y globales contra las políticas extractivistas de los Estados y denunciar ante el sistema internacional de protección de los derechos humanos los casos de violación de los derechos humanos, los derechos indígenas y campesinos por estas políticas, como el desplazamiento forzoso de comunidades enteras.

·         Nos comprometemos a defender y fortalecer nuestras formas de organización comunal y nuestra propia economía comunitaria como alternativa al extractivismo.

·         Fortalecer y articular las luchas de las comunidades y los movimientos sociales frente a la minería, a través del intercambio y la construcción de una plataforma continental.

Convocamos:
·         A constituir una plataforma continental de lucha frente a las políticas extractivas y convocar a la realización de un próximo foro en el marco de la V Cumbre de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Ayala, a realizarse en Bolivia en el año 2011.

·         A realizar una Movilización Continental el 21 de junio del 2011 en defensa de la vida, por la reconstitución del Buen Vivir, por el ejercicio pleno de nuestros derechos frente a los impactos de la minería, la crisis climática y las empresas transnacionales.


Lima, noviembre 20 del 2010.

Coordinadora Andina de Organizaciones Andinas, CAOI / Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA / Consejo Indígena de Centro América, CICA / Alianza Social Continental / Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería – CONACAMI Perú / Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, CONAMAQ / Confederación De Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, ECUARUNARI / Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC / Organización de Pueblos y Naciones Indígenas en Argentina, ONPIA / Identidad Territorial Lafkenche / Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos, FOCO (Argentina) / FUNDAMAYA, Guatemala / Coordinadora de Organizaciones Maya Kaqchikel para el Desarrollo Equitativo y Sostenible, COMKADES (Guatemala) / World Learning – Study of International Training, Study Abroad – Programa Perú: Pueblos Indígenas y Globalización / Maderas del Pueblo del Sureste, AC, Chiapas (México) / Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’ (Guatemala) / Asamblea Buenos Aires no a la Mina (Argentina) / Confederación Indígena Neuquina de Argentina / Consejo Mapuche Zona Centro de Neuquén (Argentina) / Colectivo Coca Soberanía (Bolivia) / Puente entre Culturas –Cross Cultural Bridges / Salva la Selva / Coordinadora Nacional de Fondos Regionales y Organizaciones Indígenas y Campesinas, CONAFROIC (México) / Fronteras Comunes – Common Frontiers (Canadá) / Diálogo de los Pueblos / Colectivo Coordinación de Acciones Socio Ambientales, CASA / Instituto de Cultura Indígena (Jujuy, Argentina) / Televisora Indígena Indiocanal Omaguaca (Jujuy, Argentina) / Horizon Perú ONGD – Red Ambiental La Libertad / Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA / Consejo Regional Indígena del CAUCA, CRIC (Colombia)/ Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, MOCCIC / CooperAcción / Asociación AKUAIPA WAIMAKAT  - Asociación para la Divulgación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas / Marcha Mundial de Mujeres / Servicios Jurídicos y Sociales – SERJUS / Comarca Ngäbe-Bugle pueblo indígena de Panamá /  Coordinadora de Organizaciones Maya Kaqchikel de Desarrollo Equitativo y Sostenible, Comkades / Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC / Instituto de Investigación, Desarrollo y Derechos Humanos DEVENIR / Movimiento para la Salud de los Pueblos / Programa de Estudios Antropológicos de El Colegio de San Luis / La tierra respira  / Consejo de Amautas Indígenas del Tawantinsuyu / Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayro, Sierra Nevada De Santa Marta -  Colombia / Asociación Movimiento Indígena Tawantinsuyo  MIT Perú / Cabildo Mayor – Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo U’WA / Organización Wayuumunsurat-Mujeres Tejiendo Paz / Gvbam Longko Pikun Wijimapu / Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, RECLAME / Consejo de Aymaras, Kechuas Tupiguaranies para Ayllus y Comunidades, AKTUPAC / EARTHWORKS / K’loj Qchman K’al B’e o Consejo Maya Mam de Quetzaltenango / Comité de Defensa de Tierras y Bosques de Villa Rica – Oxapampa / Corporación de Promoción y Estudios Americanos, CORPEA / Asociación de Mujeres Ngobe – ASMUNG / Municipalidad Indígena de Santo Tomas Chichicastenango / Comisión Justice et Paix Belgique francophone, CJP / Coordinadora Proyecto Extractivas y Pobreza America Latina / ALTER-ECHOS / Comité en Defensa del Páramo el Almorzadero / Proceso de Comunidades Negras de Colombia. Concejo Comunitario La Toma – PCN / Cabildo de Cerro Tijeras / Organización de Pueblos Indígenas Yanesha Ashaninka Teno`mar – OPIYAT / Fundación Equilibrio / World Agroforestry Centre / Consejo Regional Indígena de Caldas – CRIDEC / Frente de Defensa de los Intereses y el Desarrollo de Huanuco / Organización Payipie Ichadie Totobiegosode – OPIT / Universidad Politecnica Javeriana - Corporacion Cultural Oso Loma / Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Kichua Saraguro – CORPUKIS / Concejo Municipal Cajamarca Tolima – Colombia / Organización 350 / Fondo Verde / Énfasis, revista de Reflexión y Debate / Grupo Impulsor contra el Racismo y otras formas de Discriminación. GIM PERU / Organización Internacional de Mujeres Indígenas del Tawantinsuyu / Sindicato Regional De Trabajadores Independientes De Occidente, SIRTCO / Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos – LATINDADD / Forum Solidaridad Perú / Alcaldías Indígenas de la Región IXIL – FUNDAMAYA / Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala CONAVIGUA / EXPLORPERU. Informativo Digital  / Club Cultural Cuzco de New York / Comunidad Campesina de Muni / Convergencia y Coordinadora Nacional Maya Waqib’ Kej / Sindicato Único De Difusores Culturales del Sur (Perú) - SUDIC-SUR / Programa “Pueblos Indígenas y Globalización”.  School for International Training. World Learning- SIT / Cabildo Mayor Indígena del Resguardo de Urada Jiguamiando / Comisión Intereclesial de Justicia y Paz – CIJYP / Consejo Regional del Pueblo Nasa del Putumayo / Organización de la Alianza por un Comercio Responsable- ART / Movimento Sviluppo E Pace – Torino – Italia- MSP / siguen firmas…

Argentina: Enlaces con información del Chaco y la soya transgénica

Video sobre el Gran Chaco latinoamericano.

Chaco, lugar de vida para toda la vida.


El Chaco sin bosques: la pampa o el desierto del futuro.
AUTOR: Morello, Jorge H. Rodríguez, Andrea F.



Soja para hoy, hambre para mañana.

Foro por la Soberanía Alimentaria
Rosario - Santa Fe - Argentina

Minería: Obispos rechazan proyectos canadienses en América Latina

Teología de la Resistencia frente a la Minería

Bajo la Teología de la Resistencia y el Coraje los primeros días de mayo, se realizó un encuentro entre cerca de 150 delegados de Iglesias de América Latina, Asia, el Pacífico, y de África, con aliados de Canadá Estados Unidos y Europa que trabajan sobre distintos esfuerzos legales, inversionistas cuestionados por las implicaciones éticas de invertir en acciones mineras, con el objetivo de analizar el impacto de las empresas mineras canadienses en comunidades locales, así como para proponer los cambios necesarios que tendrían que efectuarse.

Hay que destacar la participación de miembros de pueblos originarios de Canadá que no cuentan con protección legal para defender sus territorios de las operaciones mineras.

El encuentro se realizó precisamente en Toronto porque Canadá es el país sede del 75% de las empresas mineras y en las bolsas de valores en ese país se negocia el 40% de los capitales en exploración a nivel mundial. Quienes llegamos de fuera pudimos constatar que la economía canadiense depende de recursos que en su mayoría se extraen en los países del Sur.

Las personas de fe y las Iglesias reconocen que las actividades mineras ocasionan problemas éticos, de injusticia social y de irrespeto por la Creación de Dios. En este sentido, las empresas canadienses suelen aprovecharse de los conflictos en los países con democracias frágiles, los agudizan o los provocan directamente.

Delegados de países del Sur, entre ellos Ecuador, llamaron la atención al pueblo canadiense así como a sus iglesias para que se devele la co-responsabilidad y complicidad, por esta injusticia, al tener fondos públicos en inversiones mineras por parte de empresas canadienses que violan derechos en tierras y territorios del Ecuador.

Los ponentes canadienses manifestaron que en Canadá no se habla de la minería y sus impactos, puesto que este sector, junto con la extracción de petróleo y gas, constituyen una gran fuente de riqueza económica para ese país. Sin embargo, ahora se sienten obligados a afrontar los impactos de la minería en su país, como daños a la tierra y la afectación a muchos pueblos originarios.

En el evento se conoció sobre demandas legales de comunidades en contra de empresas mineras de Canadá, a nivel local como en tribunales canadiense; también el Juicio interpuesto por las comunidades de Intag de la provincia de Imbabura en Ecuador a la Bolsa de Valores en Toronto y a los directivos de la Copper Mesa Mining Corporation. Se reflexionó sobre los fracasos y los éxitos que se ha obtenido y que impulsan a seguir entablando demandas tanto en los países del Sur como en Canadá a fin de que las violaciones a los derechos por parte de las mineras no queden en la impunidad.

Un acuerdo importante del evento fue el de "...conocer a profundidad el papel de las iglesias como inversionistas y la obligación que éstas tienen de presionar a las empresas para que realicen sus actividades de manera ética y con respeto a los derechos humanos y a la tierra; se deberá contemplar el retiro de las inversiones en caso de que las empresas se nieguen a cambiar sus prácticas”.

Finalmente desde la delegación ecuatoriana sostuvimos que la resistencia de las comunidades locales, campesinas e indígenas, a los proyectos y políticas extractivistas constituyen una defensa de la sustentabilidad, no solo en el Ecuador sino en el mundo, son una alternativa frente al cambio climático y a los modelos de desarrollo que están amenazando la vida en el planeta.

 
Se asumió que "Como iglesias somos conscientes de nuestras contradicciones internas y de nuestra complicidad en la extracción de recursos, así como de la necesidad de ejercer un consumo y una ciudadanía responsables. Por lo tanto, como personas de fe y miembros de congregaciones de iglesias locales, debemos profundizar en nuestro entendimiento teológico del tema, analizar nuestros estilos de vida a nivel individual y colectivo, desarrollar un modelo económico alternativo y cuestionar a los poderes políticos y económicos que promueven la industria de extracción de recursos."

Más información sobre el evento:
mineria (a) accionecologica.org




Carlos Pérez Presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay miembros de Ecuarunari




Monseñor Ramazzini Obispo de Guatemala

México: Proyecto eólico divide a pueblos del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

A la opinión pública

A las organizaciones sociales

A los medios  de comunicación 

A las comunidades indígenas

Al pueblo en general

Por este medio, la Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio  que agrupa diferentes comunidades en lucha y resistencia al Mega Proyecto Eólico Trasnacional en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. México, informamos que los distintos niveles de gobierno en México, Federal, estatal y los Gobiernos Municipales de la región, han entregado en bandeja de plata a las empresa trasnacionales, dos de los recursos naturales más importantes que como pueblos indígenas heredamos de nuestros  abuelos, LA TIERRA Y EL VIENTO.

 Estas empresas cuyos nombres son: Iberdrola Renovables, Unión Fenosa-Gas Natural, Acciona, Gamesa, Eléctrica de Francia, ENEL de Italia, entre otras, se repartieron nuestro territorio por medio de lotes, y mediante contratos leoninos e ilegales, nos orillaron a comuneros, comuneras, ejidatarios, que pertenecemos a distintos pueblos indígenas, a arrendarles nuestra sus tierras a plazos de 60 años. Más de 60 mil hectáreas fueron contratadas, quedando nuestros Pueblos en la postración.

Los estragos causados a la tierra y al entorno, que el Parque Eólico La Venta II ya en operación, construido por IBERDROLA,  se han quintuplicado con la construcción de los Parques Eólicos La Venta IV de Acciona-Eurus y los Parques Eólicos en La Ventosa de Iberdrola..

Hoy en día los conflictos en la región se están agudizando, en el municipio de Ingenio Santo Domingo, los ejidatarios que somos dueños de la tierra donde Iberdrola construye LA VENTA III, Parque que tendrá una potencia de 103 MW y 121 aerogeneradores, y recibirá una donación de 20 millones de dólares del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), cuyo objetivo es el impulso de las energías renovables para contribuir a la mitigación de los gases de efecto invernadero, sin embargo en el Istmo hemos comprobado con crudeza que la serie de engaños, de mentiras y corrupciones que acompañan el megaproyecto eólico transnacional que ha llegado a nuestros pueblos,  diciendo que traen progreso y desarrollo, y  beneficio en el consumo de la energía para 110.000 hogares, cuando en realidad esta energía será consumida por  varias empresas  en el país.

Además que estas empresas  transnacionales, en este caso particularmente IBERDROLA, utilizando el viejo estilo de los caciques, se ha amafiado con el Presidente Municipal Gustavo Marín Cabrera y con el comisariado ejidal Dagoberto Castellanos Cruz y el ex dirigente del polígono de LA VENTA III, Narciso Ramos Cabrera; a quienes los ha convertido en empresarios MEDIANTE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y COMPRA DE CONCIENCIA, estos personajes con la complacencia de IBERDROLA se han quedado con el pago del cambio de uso de suelo, han creado empresas constructoras fantasmas,  están pagando salarios miserables a los trabajadores del polígono, cuya contratación se da semanalmente, además  que el empleo se otorga preferentemente a personas de otros estados del país y extranjeros, cobrándoles porcentajes a cambio de darles contratos, mientras que nuestros paisanos hacen largas filas para conseguir ser contratados.

También denunciamos que a dos años de haber firmado el contrato de usufructo con la empresa IBERDROLA; esta, no nos ha proporcionado copia del mismo, violando así nuestros derechos; asimismo la empresa IBERDROLA nos quiere pagar  2 pesos el metro cuadrado por las afectaciones a nuestras tierras, que valen a 150,000 pesos la hectárea; y que nunca más vamos a volver a utilizar, porque en ellas han construido caminos, ductos para la salida de la energía producida, además que han destruido los drenes de nuestras tierras, han cambiado los niveles , lo que impide la realización de nuestro trabajo como agricultores y pequeños ganaderos.

Igualmente queremos denunciar que el representante en la región de IBERDROLA Oscar Toral, a los legítimos dueños de la tierra en el Polígono La Venta III, nos pretende intimidar por medio de  averiguaciones previas  realizadas  ante las autoridades judiciales del fuero común.

Por todo lo anterior y cansados de esta situación que afecta gravemente a nuestros pueblos, la mayoría de los ejidatarios del polígono LA VENTA III nos hemos sumado a la Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio y hemos decidido suspender desde hace 17 días  los trabajos de la Construcción del Polígono LA VENTA III, hasta en tanto se nos cumpla con los siguientes puntos:

Ø      El desistimiento de las Averiguaciones previas levantadas por la empresa contra los ejidatarios que estamos en esta lucha.

Ø      Exigimos la  entrega de nuestra copia del contrato  firmado por la empresa y los ejidatarios, para saber realmente lo que hemos firmado.

Ø      Exigimos el remanente por el cambio de uso de suelo de nuestras tierras.

Ø      El pago de salarios caídos de los trabajadores de las diferentes empresas ya que el paro es culpa de la empresa Española IBERDROLA

Ø      Preferencia a nuestros paisanos para trabajar

Ø      El pago justo por las afectaciones permanentes a nuestras tierras

Ø      Pago de afectaciones temporales a ganaderos y ejidatarios.

Ø      Colocación de guarda ganado permanente en los espacios de entrada y salida

Ø      Que el personal de plazas fijas de mantenimiento sean de nuestra comunidad

   Pedimos el apoyo y la solidaridad   en nuestra lucha,  de todos los pueblos de nuestra región,  frente  a esta nueva colonización, que  mediante el despojo, las empresas españolas y extranjeras vienen realizando con el beneplácito de las autoridades  estatales, federales y municipales.

¡¡Alto a los negocios sucios de las trasnacionales de  energía limpia  que  vienen  a saquear  nuestros bienes  naturales!!

¡¡No a los engaños de las empresas eólicas transnacionales!!

¡¡Alto a la corrupción de los presidentes municipales y comisariados ejidales y comunales de nuestros pueblos!!

!! No a la Neo colonización!!

!! Alto al saqueo de nuestro territorio!!

Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio

                      Ejidatarios del Polígono la Venta III. Santo Domingo Ingenio, Oaxaca