miércoles, 18 de julio de 2012

México: Amparo judicial contra la siembra de soya transgenica en Chiapas y la Peninsula de Yucatán

Comunicado de prensa sociedad civil de Chiapas
Alto a la siembra de transgénicos; la autorización para que Monsanto siembre soya constituye un desastre socio ambiental incalculable
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Dilo Tú
Difusión Cencos México D.F., 13 de julio de 2012
Boletín de prensa
OSC de DH / Personalidades



Antecedentes:


El 29 de febrero de 2012, la empresa Monsanto Comercial S.A. de C.V. solicitó a la SEMARNAT permiso para laliberación al ambiente de Soya Solución Faena -semilla genéticamente modificada y tolerante al herbicidaGLIFOSATO- para su cultivo comercial en253,500 hectáreasregiones de Yucatán, Planicie Huasteca(Tamaulipas, Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz) y en los municipios de Acacoyagua, Acapetahua, Cacahoatán,Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, Mazatán, Metapa, Suchiapa, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico,Tuxtla Gutiérrez, Tuzantán, Villa Comaltitlán y Villaflores de Chiapas..


De inmediato productores, comercializadores y exportadores de miel de la península de Yucatán presentaron unAmparo ante los Juzgados de Distrito en materia Administrativa por violar el derecho de los pueblos a la consultapública, lo que presupone contar con información oportuna y suficiente; y el derecho a la participación y al trabajo,con el objetivo de suspender los permisos de siembra de Soya transgénica para evitar la violación de los derechoshumanos de los apicultores 1.


El 24 de mayo de 2012, la Red sin Maíz no hay País, denunció ante la opinión pública nacional e internacional laemisión de un dictamen ambiental de SEMARNAT favorable a MONSANTO para la liberación al ambiente de laSoya Transgénica de referencia, que permitiría la siembra de esa semilla en los estados y superficiemencionados, a partir del ciclo agrícola primavera-verano 2012 con vigencia indefinida. Indicando que las zonasde afectación son contiguas a áreas naturales protegidas. Este dictamen es contrario al realizado por la Comisiónde Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en donde se señala que “…si bien la liberación de Soya GenéticamenteModificada… no se pretende realizar dentro de ninguna de las áreas naturales… es evidente que existe riesgo deafectación indirecta hacia ellas por contaminación de glifosato, así como por la... polinización. Por tal motivo sesugiere… considere la posibilidad de tal actividad sea analizada…desde la perspectiva de la evaluación deimpacto ambiental…[tal como lo establece el artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la ProtecciónAmbiental]…” El Instituto Nacional de Ecología tampoco consideró conveniente la liberación de la semilla dereferencia debido a que no se ha generado información suficiente sobre los riesgos que su cultivo podría generar en el ambiente, la diversidad y la salud 2.


El 30 de mayo de 2012, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), a través de la doctora Elena Alvarez Buylla envió a la SAGARPA una petición firmada por 660 científicos para solicitar a su titular noautorizara la solicitud de la siembra de 253,500 hectáreas de Soya Transgénica (evento MON-04032-6) en los estados mencionados por contener “…genes de bacterias que le permiten ser resistente al herbicida glifosato…que implican … efectos nocivos [sobre] la biodiversidad, la economía campesina y la soberanía alimentaria… 3


El 6 de junio de 2012, el comunicado de prensa número 276/12 publicado en el sitio de internet del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, da a conocer la expedición del permiso No. 007/2012 solicitado por Monsanto para la siembra de soya transgénica en los Estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Chiapas.El 14 de junio de 2012 organizaciones civiles e investigadores independientes pidieron al Relator de la ONU parael Derecho a la Alimentación, Oliver De Shutter, ampliara su recomendación de declarar la moratoria para los experimentos sobre el terreno y el cultivo de maíz transgénico con fines comerciales -dado su dañino efecto ecológico, agronómico, social y económico- a la siembra comercial de la soya transgénica por considerar que su cultivo viola el derecho a la alimentación de los pueblos Mayas y Zoques ubicados en los polígonos de siembrasolicitados por Monsanto.
El 26 de junio de 2012 organizaciones de la sociedad civil, apicultores y campesinos de Chiapas, presentaron unamparo por violaciones al marco constitucional y a tratados internacionales al “vulnerar los derechos humanos agozar de un medio ambiente sano, al trabajo y a la consulta pública para los pueblos indígenas”, así como por lainconstitucionalidad de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, por no regular demanera adecuada el principio precautorio ni una verdadera participación de las comunidades indígenas cuandopuedan ser afectadas 4. Ante la gravedad del contexto descrito, las organizaciones y personas abajo firmantes decidimos, como parte del pueblo mexicano, interponer un amparo contra el permiso otorgado a MONSANTO porque genera las múltiplesviolaciones a derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales; avalados por el Estado,que enumeramos a continuación:


Afectaciones al Medioambiente, la biodiversidad y el conocimiento indígena y campesino.


Chiapas y Oaxaca concentran la mayor mega diversidad de México. Biodiversidad que resulta de las disposiciones geológicas y biogeográficas, y su vínculo indisoluble con la diversidad cultural concentrada en esos estados. Por tanto, la autorización de la liberación del cultivo de soya en Chiapas es un riesgo importante para la biodiversidad. El polígono de siembra autorizado en Chiapas se localiza en las colindancias de áreas naturales protegidas comola Reserva de la Biosfera El Triunfo, la Encrucijada, la Reserva de la Biosfera La Sepultura, el Área de Protección de los Recursos Naturales La Frailescana, la Zona Sujeta a Conservación Pico El Loro Paxtal, la Reserva de la Biosfera Volcán Tacana, el Área Natural Típica La Concordia Zaragoza, el Parque Cañón del Sumidero. Corredores biológicos que sin duda, serán afectados por la acción del viento y el proceso de polinización. Sin que pase desapercibido que estas áreas se encuentran habitadas por pueblos tzotziles, tzeltales, Zapotecos, Mame y Chuj, quienes hacen manejos de los espacios naturales, por tanto sus conocimientos respecto del territorio también se verán afectados.


Otro elemento que también se pone en riesgo es la biodiversidad del maíz, ya que la siembra de 30,000 has de soya transgénica en Chiapas entre junio y julio de este año ha sustituido el cultivo de la milpa en espacios donde tradicionalmente se ha hecho. Cabe señalar que la siembra de Soya Solución Faena al no ser un cultivo nativo no solo erosiona la diversidad de este cereal, sino también lo hará con los frijoles nativos, y en consecuencia sobre el conocimiento campesino e indígena asociado. Esto refleja que están en juego los agroecosistemas tradicionales campesinos, que a su vez son reservorios de germoplasma de maíces, frijoles, calabazas, chiles, tomates. Es decir que se ha puesto en riesgo el patrimonio genético desarrollado por campesinas y campesinos que, conservado in situ, es la única manera de responder a situaciones adversas devenidas de la actual transformación estructural del clima. Por ello advertimos que está en inminente peligro el sustento cultural de Mesoamérica, base indisoluble de nuestra soberanía alimentaria. 



Dada la composición de suelos calcáreos en Chiapas, como en la región de la Península de Yucatán, la aplicación de glifosato asociado a la soya solución faena representa un riesgo de incalculable magnitud al filtrarse a los mantos freáticos y escurrir a la Costa Chiapaneca.  La Zona de la Costa-Soconusco es susceptible de desplazamientos constantes, de ahí que los ecosistemas costeros, manglares, sistemas riparios, flora,  fauna pesquera y microorganismos marinos; además de los sistemas productivos de pescadores, se encuentran en grave amenaza.


Afectación a la economía campesina y el fomento del monopolio y el latifundio


La siembra de Soya Solución Faena® en nuestro estado, implica un riesgo al generar una fuerte concentración de tierra por vía del uso productivo en razón de la actividad monopólica que la empresa Monsanto ha demostrado entodo el mundo, pues la superficie total sembrada con soya biotecnológica a nivel mundial durante 2011 alcanzo 75.4 millones de hectáreas, que equivalen al 47% de la superficie sembrada con biotecnología globalmente. Por lo tanto el proceso de siembra y ejecución de los contratos con los llamados “solicitantes” del grano, es resultado directo de la aplicación de normas inconstitucionales, así como del permiso en mención, ya que se propiciará la concentración y acaparamiento de tierras en los pocos empresarios que cuentan con recursos económicos suficientes, lo cual viola el derecho de propiedad contenido en el artículo 27 de la Constitución que, entre otras disposiciones, establece como obligación del Estado dictar las medidas necesarias para “…ordenar... destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación,para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en lostérminos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; ...para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.”


Un estudio reciente de la FAO menciona que en México la vía para concentrar tierras no ha sido por medio del mercado de tierras, sino mediante el control de los procesos productivos. Así vemos que las agroindustrias prefieren rentar la tierra o aplicar otros esquemas de control de la producción –proporcionan semillas e insumos, habilitan al productor y comprometen la cosecha– para generar economías de escala. En los últimos treinta años se está dando, por un lado, la concentración de tierras vía la agroindustria asociada a la polarización económica ya que las agro-empresas concentran grandes volúmenes de producción que procesan y comercializanespecialmente en el mercado internacional.
Por otro lado, vemos una gran cantidad de medianos y pequeños productores que surten de materias primas a estas empresas. Otro factor que pone en riesgo la integridad jurídica de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas afectadas en Chiapas, consiste en imponerles acuerdos comerciales sobre derechos de propiedad intelectual (ADPIC), obligándolos a resolver las controversias que se originen en tribunales internacionales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en donde los y las campesinas están en total desventaja. Antecedentes, como el caso del campesino canadiense Percy Shmeicer que fue demandado por Monsanto, nos dan una muestra del riesgo en el que están los ejidatarios. Según el Centro para la Seguridad de los Alimentos, una ONG con sede en Washington, D.C., "Monsanto ha investigado a cientos de agricultores por violación de la patente o del contrato. Ha demandado a 90 agricultores en 25 estados federales y ha ganado más de 15 millones de dólares con las sentencias.”5


En los contratos que Monsanto hace firmar a los agricultores, según aparece en su solicitud, se señala que: “Los agricultores cooperantes firman un contrato con la promovente por el cual adquieren una licencia para adquirir semillas de soya SF. En apego a dicho contrato se obligan a seguir las instrucciones de la promovente en cuantoal uso de la tecnología". De tal forma, se han dejado de observar las prerrogativas contenidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconocen las aspiraciones de los pueblos indígenas a asumir el control de sus propias instituciones, formas de vida y desarrollo económico, así como a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en donde viven; siendo la norma más taxativa respecto a sus derechos de identidad, cultura, posesión y propiedad sobre su territorio.


La autorización de la SAGARPA y SEMARNAT a la solicitud de Monsanto también es violatoria del artículo 28 de nuestra Constitución, al favorecer las prácticas monopólicas, ya que se generara el acaparamiento de la distribución y comercialización para la transformación industrial y alimenticia de la soya, poniéndose en riesgo nosolo la producción nacional de oleaginosas, sino que afecta directamente a la producción campesina familiar locala pequeña escala, controlando toda la cadena de valor de la producción de soya, como también lo muestra la propia solicitud de Monsanto. Esta situación implicará, además del despojo a las comunidades indígenas de susterritorios tradicionales, la pérdida irreparable de los medios materiales para su subsistencia; migración y desplazamiento forzado debido a las disputas internas y divisiones en las comunidades.


El permiso a Monsanto corre en detrimento del derecho al trabajo de los productores de miel, quienes han visto parada su producción por las restricciones de la Unión Europea referentes a la moratoria en relación a los organismos genéticamente modificados que ha hecho vigente a consecuencia de la contaminación de miel. De ahí que todos los actos de esta liberación y siembra comercial son inconstitucionales por contravenir, al menos, la obligación de prevenir las violaciones al derecho al trabajo, consagrado en los artículos segundo, apartado B, fracción VII, quinto y 27, fracción XX constitucionales, interpretados bajo los principios de interdependencia eindivisibilidad y a la luz de sus correlativos de fuente internacional. Así, la producción local, queda abolida por lanacional en expansión.
Contraviene de igual modo el derecho al trabajo de campesinas y campesinos que subsisten de una economía familiar basada en el autoconsumo y una producción a pequeña escala, pues la gran escala agroindustrial, comoes el caso de esta siembra de Monsanto, limita el trabajo de otros en razón de su propia expansión abaratandolos costos de su producción, usando medios productivos campesinos, con fines de renta máxima.
Violaciones a los Derechos de los pueblos indígenas


Los municipios que se verán afectados con el cultivo comercial de la Soya Solución Faena, como se ha mencionado, concentran a diversos núcleos de población indígena, organizados en ejidos y comunidades, a quienes no se les respetó el derecho de consulta previa, establecido en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar ese proyecto que afectará directamente su salud, su alimentación, sus tierras, territorios y recursos naturales.


La decisión de la SAGARPA hace invisible el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, privándolos de sus propios medios de subsistencia, borrando el reconocimiento a sus saberes ancestrales, a su patrimonio cultural, a su identidad, convirtiéndolos en objeto de explotación de las trasnacionales. Las autoridades mexicanas, al proteger a las trasnacionales cometen una flagrante violación al mandato constitucional establecidoen el artículo 39 de la Constitución Federal, de gobernar en beneficio del pueblo mexicano.


Esta medida también refleja la discriminación de género contenida en los proyectos gubernamentales ya que nose consideraron los efectos que el cultivo de soya transgénica traería a las mujeres indígenas y campesinasquienes tradicionalmente conservan las semillas criollas, trabajan y cuidan la tierra. La autorización gubernamental de permitir la siembra de soya transgénica ha desconocido el importante papel que ellas desempeñan en lasupervivencia económica de su familia, de la comunidad y de la nación y pone en riesgo inminente su salud, la de sus hijas e hijos, la posesión de sus tierras, su seguridad alimentaria, y aun su integridad física al exponerlas a acciones violentas de despojo ocasionadas por el interés de concentrar y acaparar tierras para la siembra del cultivo referencia, violando las disposiciones contenidas en instrumentos específicos de protección a los derechos de las mujeres, como la Convención para eliminar todas las formas de discriminación hacia las mujeres (CEDAW) así como en el artículo 1 de la Constitución Mexicana.


Afectación del Derecho a la Salud


En la expedición del permiso otorgado a MONSANTO tampoco se evaluaron las consecuencias que seocasionaría a la salud de hombres, mujeres y niñas y niños. Según amplios estudios científicos, el glifosato puro omezclado [como en Roundup Ready®] puede causar irritación en los ojos, enfermedades respiratorias, malformaciones en bebés y abortos espontáneos; es carcinogénico, deteriora las células, e incluso puede alterar la estructura de ADN, por tanto no solo afecta a las personas expuestas sino que a todas las futurasgeneraciones.


Bajo este contexto, en 2009, el “Observatorio del Glifosato”, encontró que los niños expuestos al glifosato sufrieronde malformaciones, cáncer, insuficiencia renal, enfermedades respiratorias y hepáticas. Un dato significativo esque 1/3 de las muertes de niños y adolescentes en el grupo de edad de 0-19 años es atribuible a la contaminacióndel agua y saneamiento, y sustancias químicas. 6


Se ha comprobado que el glifosato daña a los embriones y la placenta de humanas y animales, provocando abortos y malformaciones. En el estudio “Daños a la salud de Soya Solución Faena (Soja transgénica RR) modificada para tolerar el uso delherbicida Roundup elaborado con base a glifosato”, se establece que afecta la producción de progesterona y propicia la muerte de células placentarias, como antecedente jurídico se menciona el caso de una mujer en Argentina (2001) que dio a luz a un niño con una malformación que le ocasionó la muerte. Este caso dio lugar a la documentación de más de 190 casos de cáncer y malformaciones atribuibles a la fumigación con glifosato. 7


La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que el glifosato está encuadrado en la máxima categoríade las sustancias tóxicas para el ser humano, “siendo capaz de romper la cadena de ADN de una célula humana,la que podría continuar con vida y degenerar en enfermedades terminales” 8 poniéndose en riesgo la vida del ser humano y de las generaciones futuras.


En razón de todo lo anterior, declaramos que:


Consideramos que la autorización para que Monsanto siembre soya solución faena en Chiapas y en el país, constituye un desastre socio ambiental de incalculables pérdidas para los mexicanos, ya que ninguna cifra económica reparará el daño que se ha producido sobre los ciclos naturales de la tierra, la costa, la naturaleza, y eltrabajo campesino. En la actual coyuntura político-electoral, de confirmarse el retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ala presidencia de la república mexicana, la situación se agrava, pues la organización campesina corporativa deeste partido, la Confederación Nacional Campesina (CNC), ha firmado desde abril del 2007 un convenio con laempresa Monsanto para la siembra no solo de soya, sino de otras variedades transgénicas, así como de siembrasde maíces criollos susceptibles de apropiación a favor de Monsanto.


Por lo tanto, renunciando a cualquier transacción económica que pueda derivarse de esta demanda;


Exigimos:


1. Que el estado mexicano cancele de inmediato la autorización para la liberación al ambiente de soyagenéticamente modificada (soya solución faena) en fase comercial, y todos los demás actos que seencuentren vinculados o sean consecuencia de esa acción.
2. Que se ordene a la Empresa Monsanto comercial S.A. de C.V. hacer pública toda la información sobrelos contratos firmados en los polígonos de siembra en Chiapas y en México
3. Que se ordene a Monsanto hacer pública toda la información disponible relativa a los impactosambientales ocasionados a los ecosistemas terrestres y marino-costeros, a su flora y a su fauna.
4. Que se ordene a Monsanto abstenerse de continuar con la siembra de transgénicos en el campoMexicano, en específico en Chiapas.


Las personas y organizaciones presentes convocamos a otras organizaciones campesinas, indígenas, ongs, científicos comprometidos con la sociedad, consumidores y personas en general para que se sumen a esta denuncia cuyo propósito es la CANCELACION DEFINITIVA DE LA SIEMBRA DE SOYA TRANSGENICA en Chiapas y en México, así mismo los invitamos a constituirnos en una red por la defensa de nuestra soberanía alimentaria, el derecho de nuestros pueblos, y la defensa de la vida misma.


1 http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=1&idTitulo=150983
2 http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/transgenicos/74-transgenicos/1252-ialerta-mexico-amenaza-de-transgenicos-y-monsanto.html
3 http://www.jornada.unam.mx/2012/06/12/opinion/020a2pol
4 http://www.greenpeace.org/mexico/es/Prensa1/2012/Junio/INTERPONEN-AMPARO-ORGANIZACIONES-Y-APICULTORES-CONTRA-AUTORIZACION-DE-SIEMBRAS-DE-SOYA-TRANSGENICA/
5 http://www.nodo50.org/worldwatch/ww/pdf/feudalismo.pdf
6 Francisco Vargas Marcos, Subdirector General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral del Ministerio de Sanidad yConsumo de España.
7 Una madre contra el glifosato. Disponible en: www.pagina12.comar/diario/sociedad/3-196270-2012-06-13-html
8 World Health Organization: Environmental Health Criteria, No 159.


Atentamente
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C.
Centro de Capacitación y Educación en Derechos Económicos, Sociales y Culturales “CCEDES”, A.C.
Desarrollo Comunitario Chiapaneco, A.C.
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa
Grupo de Mujeres de San Cristóbal De Las Casas A.C. (COLEM)
Maderas del Pueblo del Sureste, A.C.
Ana Luz Valadez Ortega
Martha Guadalupe Figueroa Mier
Victor Hugo López Rodríguez
Keila Nallely Bazán Briano
Sofía Olhovich Filonova
Mauricio Arellano Nucamendi
Dora Julieta Hernández Gómez
Flor Marina Bermúdez Urbina
Guadalupe Hernández Hernández
María Mercedes Olivera Bustamante
Marta Julia Mendoza Galvez
Carlos Manzo
Francisco Cuitlahuac Aguilar Pinto
Isabel Lozano Maurer
Rosaluz Pérez Espinosa
Mercedes Osuna
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 7 de julio de 2012


Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

miércoles, 23 de mayo de 2012

México: La biodiversidad de su cultivo básico, el maíz, está en riesgo.

Foto de Reuters tomada de Le Monde
El periódico Le Monde , en una edición reciente, da la alerta para México: La biodiversidad de su cultivo básico, el maíz, está en riesgo. Un estudio de carácter científico conducido por investigadores mexicanos, americanos y holandeses ha demostrado que ya se presenta una contaminación genética proveniente de organismos artificialmente modificados, los famosos OGM's, entre las variedades tradicionales cultivadas en el estado de Oaxaca.
Esto, a pesar de la moratoria que había impuesto el gobierno mexicano en la utilización de semillas transgénicas de las que se teme -con aparente razón- que terminen destruyendo las características de origen que dan a ciertas apreciadas variedades de maíz mexicano su sello distintivo y original.
El resultado de esta destrucción sería una pérdida grave de la biodiversidad del maíz mexicano que ha podido preservar hasta la fecha las características genéticas de un número importante de variedades de esta gramínea, originaria precisamente de mesoamérica y que fue introducida a europa por los conquistadores en el siglo XVI.
"La cuna del maíz, México, contaminada por las OGM" (organismos genéticamente modificados), dice el encabezado de la nota del rotativo más influyente de Francia. Y la alerta que esta información plantea no podría ser más grave.
 
Elena Alvárez, del Instituto de Ecología de la UNAM, en colaboración con un grupo internacional de científicos ha llegado a esta conclusión, cuyo riesgo ya había sido advertido con anterioridad por biólogos de la Universidad de California, que desde el 2001 habían publicado un artículo controvertido señalando una contaminación de los maíces criollos, tradicionales de la región de Oaxaca, por los genes del RR (Roundup Ready), semilla producida por la transnacional Monsanto. En ese entonces, la información fue desestimada y los científicos norteamericanos terminaron acosados por los medios, aparentemente alentados por la empresa dominante en el mercado de los OGMs.
 
En esta ocasión, con un estudio más detallado, que ha sido o será proximamente publicado por la revista científica Molecular Ecology, el grupo de investigadores encabezado por la bióloga mexicana, demuestra suficientemente que el riesgo y la amenaza se han visto cumplidos y que por las prácticas agrícolas tradicionales que se siguen en Oaxaca y en general en México, pueden acelerarse en el futuro inmediato.
El estudio basado en análisis moleculares ha sido calificado de gran calidad por expertos en la materia y llama la atención el comentario de los investigadores en el sentido de que encontraron serias dificultades para publicar sus conclusiones, debido a la reticencia de los medios especializados de manejar la información "para no ataer excesivamente la atención de los medios sobre un tema del medio ambiente sensible políticamente".
 
La pregunta que se hace el medio de especialistas es de cómo, con la moratoria impuesta por el gobierno federal a la importación de semillas OGMs, éstas han podido migrar hasta lo más profundo de las montañas oaxaqueñas, sin mencionar desde luego su presencia en el Estado de Sinaloa, principal productor de maíz de México, y aún en Milpa Alta en la periferia de la Ciudad capital.
 
La respuesta que se da a este enigma en primera aproximación, es que ciertos agricultores poco escrupulosos han introducido ilegalmente las semillas transgénicas a México y también se señala con el dedo acusador a la firma Pioneer provedora importante de semillas de maíz híbrido que las pudo haber distribuido a los pequeños productores a través de los programas de ayuda gubernamental a los campesinos, hipótesis que se refuerza por el hecho de que aparentemente el 30% de las semillas que maneja Pioneer está contaminado por OGMs, de las que Monsanto ha impedido su etiquetación.
 
El caso concreto planteado en el estudio, es que un 1% de las tierras cultivadas analizadas en la investigación se encuentra ya afectado, lo cual es un porcentaje que definitivamente justifica la alarma ya que ocurre a pesar del veto a la importacfión existente.
 
Los autores del estudio llaman a reforzar las medidas de bioseguridad para ayudar a preservar las variedades nativas del maíz, sobretodo en México país que es el centro del origen y en el que existe, hasta la fecha, posiblemente la más elevada diversidad genética de la gramínea en el mundo, diversidad que sería una tragedia ecológica que se perdiera.

Lo que está en juego en Río+20



 
Declaracion politica del Grupo de Articulacion de la Cumbre de los Pueblos  

Río de Janeiro, 12 de mayo 2012,
Por la unidad y la movilización de los pueblos 
en defensa de la vida y los bienes comunes, la justicia social y ambiental,
contra la mercantilización de la naturaleza y la "economía verde”


A un mes de la conferencia de Naciones Unidas Río+20, los pueblos del mundo no vemos resultados positivos del proceso de negociación que se está realizando en la conferencia oficial. Allí no se está discutiendo un balance del cumplimiento de los acuerdos tomados en Río 92 ni cómo cambiar las causas de las crisis. El foco de la discusión es un paquete de propuestas llamado engañosamente "economía verde" y la instauración de un nuevo sistema de gobierno ambiental internacional que lo facilite.  

La verdadera causa estructural de las múltiples crisis es el capitalismo, con sus formas clásicas y renovadas de dominación, que concentra la riqueza y produce desigualdades sociales, desempleo, violencia contra los pueblos, criminalización de los que lo denuncian. El sistema de producción y consumo actual - representado por las grandes corporaciones, los mercados financieros y los gobiernos que garantizan su mantenimiento -- produce y profundiza el calentamiento global y la crisis climática, el hambre y la desnutrición, la pérdida de los bosques y la diversidad biológica y sociocultural, la contaminación química, la escasez de agua potable, el aumento de la desertificación de los suelos, la acidificación de los mares, el acaparamiento de tierras y la mercantilización de todos los aspectos de la vida en las ciudades y en el campo.  

La "economía verde", al contrario de lo que pretende sugerir su nombre, es otra fase del proceso de acumulación capitalista. Nada en la "economía verde" cuestiona o sustituye la economía basada en el extractivismo y los combustibles fósiles, ni sus patrones de consumo y producción industrial, sino que extiende la economía explotadora de la gente y el ambiente a nuevos ámbitos, alimentando el mito de que es posible un crecimiento económico infinito.  

El fallido modelo económico, ahora disfrazado de verde, pretende someter todos los ciclos vitales de la naturaleza a las reglas del mercado y al dominio de la tecnología, la privatización y mercantilización de la naturaleza y sus funciones, así como de los conocimientos tradicionales, aumentando los mercados financieros especulativos a través de mercados de carbono, de servicios ambientales, de compensaciones por biodiversidad y el mecanismo REDD+ (Reducción de emisiones por deforestación evitada y degradación de bosques).  

Los transgénicos, los agrotóxicos, la tecnología /Terminator/, los agrocombustibles, la nanotecnología, la biología sintética, la vida artificial, la geoingeniería y la energía nuclear, entre otras, son presentadas como "soluciones tecnológicas" a los límites naturales del planeta y a las múltiples crisis, sin encarar las verdaderas causas que las provocan.   Además se promueve la ampliación del sistema alimentario agroindustrial, que es uno de los mayores factores causantes de las crisis climáticas, ambientales, económicas y sociales, profundizando la especulación con los alimentos, y favoreciendo los intereses de las corporaciones del agronegocio en desmedro de la producción local, campesina, familiar, de los pueblos indígenas y poblaciones tradicionales y afectando la salud de toda las poblaciones.  

Como una estrategia de negociación en la conferencia Rio+20, algunos gobiernos de países ricos están planteando un retroceso de los principios de Rio 92, como el principio de responsabilidades comunes y diferenciadas, el principio de precaución, el derecho a la información y la participación, así como amenazando derechos ya consolidados, como los de los pueblos indígenas y poblaciones tradicionales, campesinos y campesinas, el derecho humano al agua, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de los migrantes, el derecho a la alimentación, a la vivienda, a la ciudad, derechos de la juventud y de las mujeres, el derecho a la salud sexual y reproductiva, a la educación y derechos culturales.  

Asimismo se intenta instalar unos llamados Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) que serán utilizados para promover la "economía verde", debilitando aún más los ya insuficientes Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).  

El proceso oficial propone instaurar formas de gobierno ambiental mundial que sirvan como administradores y facilitadores de esa "economía verde", dando protagonismo al Banco Mundial y otras instituciones financieras públicas o privadas, internacionales y nacionales, lo cual incentivará un nuevo ciclo de endeudamiento y de ajustes estructurales disfrazados de verde. No puede haber una gobernanza global democrática sin terminar con la actual captura corporativa de las Naciones Unidas.  

Repudiamos este proceso y llamamos a fortalecer las movilizaciones y construcción de alternativas en todo el mundo.   Luchamos por un profundo proceso de cambio frente al actual modelo de producción y consumo, concretizando nuestro derecho a desarrollarnos con modelos alternativos, basados en las múltiples realidades y experiencias de los pueblos, auténticamente democráticos, respetando los derechos humanos y colectivos, en armonía con la naturaleza y con justicia social y ambiental.  

Planteamos la afirmación y construcción colectiva de nuevos paradigmas basados en la soberanía alimentaria, la agroecología y la economía solidaria, la defensa de la vida y los bienes comunes, la afirmación de todos los derechos amenazados, el derecho a la tierra y territorio, el derecho a la ciudad, los derechos de la naturaleza y de las futuras generaciones, la eliminación de toda forma de colonialismo e imperialismo.  

Llamamos a los pueblos del mundo a apoyar la lucha del pueblo brasilero contra la destrucción de uno de los principales marcos legales de protección de los bosques (el Código Forestal) lo que abre caminos para una mayor deforestación, a favor de los intereses del agronegocio y de la ampliación de sus monocultivos; y contra la implementación del megaproyecto hidráulico Belo Monte, que está afectando la sobrevivencia y las formas de vida de los pueblos de la selva y la biodiversidad amazónica.  

Reiteramos la convocatoria a participar en la Cumbre de los Pueblos que se realizará del 15 al 23 de junio en Rio de Janeiro, que será un punto importante en la trayectoria de las luchas globales por justicia social y ambiental que estamos construyendo desde Río-92, particularmente a partir de Seattle, FSM, Cochabamba, donde se han catapultado las luchas contra la OMC y el ALCA, por la justicia climática y contra el G-20. Recogemos también las movilizaciones masivas como Occupy, indignados y la primavera árabe.  

Convocamos a la movilización global el 5 de junio (día mundial del medio ambiente), el 18 de junio contra el G20 (que en esta oportunidad se centrará en el "crecimiento verde") y a la marcha de la Cumbre de los Pueblos el 20 de junio, en Río de Janeiro y en el mundo, por la justicia social y ambiental, contra la "economía verde", la mercantilización de la vida y la naturaleza y por la defensa de los bienes comunes y los derechos de los pueblos.   

Grupo de articulación internacional de la Cumbre de los Pueblos por Justicia Social y Ambiental

sábado, 14 de abril de 2012

México, primer lugar en importación de maíz en el mundo, advierte la CNPAMM

Exhorta investigadora de la UNAM a utilizar los granos nativos y los híbridos no transgénicos
México, primer lugar en importación de maíz en el mundo, advierte la CNPAMM
La dependencia alimentaria con EU para este año es de 9.8 millones de toneladas, señala
Ariane Díaz
 
Periódico La Jornada
Sábado 14 de abril de 2012, p. 35
 
México ocupa ya el primer lugar como importador de maíz en el mundo y ha incrementado la dependencia alimentaria con Estados Unidos, al pasar de 396 mil toneladas importadas en 1992 a 9.8 millones de toneladas para el ciclo 2011-2012, advirtió la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México (CNPAMM).

Por separado, Elena Álvarez Buylla, investigadora del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló en entrevista que el país podría no sólo ser autosuficiente sino incluso tener excedentes en la producción del grano haciendo uso de la diversidad de maíces nativos e híbridos no transgénicos que han sido generados en instituciones públicas como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap).

La especialista en genética molecular aseguró que la capacidad existe, pero las políticas neoliberales instauradas por el gobierno han abandonado al campo mexicano y los tratados de libre comercio han generado condiciones de competencia totalmente desleales, importando maíz de baja calidad (amarillo) en vez de fomentar la producción de maíz nativo mexicano, el cual es de altísima calidad.

En días pasados, durante la celebración del 93 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, dirigentes de la Central Campesina Independiente y la propia CNPAMM apuntaron que las importaciones de maíz aumentaron en 2 mil 500 por ciento desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a la fecha.
En un comunicado difundido ayer, Carlos Salazar Arriaga, dirigente de la CNPAMM, aseveró que tan sólo en lo que va del ciclo se han importado 6.1 millones de toneladas de maíz.

Esta tendencia al alza demuestra que cada vez México se hace más dependiente de Estados Unidos, debilitándose considerablemente su soberanía alimentaria y con ello su capacidad de satisfacer las necesidades agroalimentarias de la población.

Estadísticas del Banco de México refieren que sólo en enero de este año por concepto de importación de maíz se pagaron 323.94 millones de dólares (La Jornada, 23/3/12).
En febrero pasado, la Confederación Nacional Campesina ya había alertado que para 2012 las importaciones de maíz y frijol se elevarían en más de la mitad con respecto al año anterior, debido a la caída en más de 40 por ciento de la producción, lo cual se explica en gran parte por la sequía (La Jornada, 13/2/12).

Para Álvarez Buylla, la respuesta a los efectos del cambio climático descansa en revitalizar la producción de maíces nativos tanto originales como híbridos nacionales que han demostrado ser altamente rendidores, no así los transgénicos, puesto que ya se ha probado ampliamente que no aumentan los rendimientos.

De su lado, el dirigente campesino llamó a los productores de maíz a organizarse para defender el precio del grano, limitar las importaciones y reactivar la producción nacional.

Maíz y neoliberalismo en Oaxaca

Álvaro González Ríos
La Jornada Ecológica, 2004

Pobreza rural, políticas de desarrollo y globalización en México
Durante las últimas dos décadas hemos sido testigos de un éxodo masivo de la población rural e indígena de México a los centros urbanos del país y, de manera especial, hacia los Estados Unidos. Como una de las consecuencias de esa migración, el año pasado las remesas de dinero del exterior llegaron al máximo histórico: más de 13 mil millones de dólares. Se han convertido en la principal fuente de llegada de divisas, sólo detrás de los ingresos petroleros.
Paradójicamente, el despoblamiento y la pobreza de las comunidades rurales e indígenas tienen lugar en un contexto donde, de acuerdo al discurso de los funcionarios, la política oficial ha llevado a cabo y financiado importantes programas para modernizar y optimizar las estructuras productivas del sector agrícola nacional a fin de hacerlos competitivos en los mercados mundiales, dominados por la globalización y la apertura comercial. También en el discurso oficial, los programas gubernamentales se encargan de mejorar las condiciones de vida de los campesinos, especialmente los más desprotegidos, es decir los pueblos indígenas. No obstante, la migración y la pobreza rural continúan en ascenso y todo apunta a que no va a cambiar esta situación en el corto plazo.
ƑCómo entender esta aparente contradicción? Es claro que si los campesinos indígenas abandonan sus centros de origen es porque algo no funciona bien. ƑSe debe a la incapacidad de las comunidades indígenas para adaptarse y apropiarse los procesos de modernización? ƑEs producto de una política pública errónea o deliberada? O bien, Ƒes una combinación de las anteriores y otras variables más? Desde luego, hablamos de un proceso social complejo que no se puede explicar con simpleza y responde a una diversidad de hechos y realidades a veces poco analizadas. En cambio, sí se conocen con claridad las causas estructurales que lo originan, y que no son otras que los efectos de una política pública cuyos verdaderos compromisos se encuadran dentro del contexto del neoliberalismo y, en específico, dentro de los propósitos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en vigor desde hace justo una década.
Es así que el Estado mexicano ha venido creando las condiciones para que el sector agrícola cumpla los objetivos del TLC mediante una estrategia sustentada en cuatro propósitos centrales, todos acordes a las pautas conceptuales del neoliberalismo:
  1. Formar empresas rentables en áreas campesinas mediante la compactación de tierras.
  2. Privatizar los ejidos para que los campesinos puedan rentar, vender sus tierras o asociarse con los empresarios agropecuarios.
  3. Cambiar los cultivos campesinos por otros más rentables.
  4. Promover la descentralización gubernamental para realizar obras, servicios y subsidios, que dejan intacta la pobreza. (García Zamora, 2002)
Esta estrategia descansa en la progresiva disminución de la inversión pública en el sector rural para crear las condiciones sociales que permitan la entrada de capitales externos y, paralelamente, establecer un marco normativo para garantizar el libre acceso a los recursos naturales de las tierras ejidales y comunales. Además, se aseguraría la circulación de las mercancías y servicios de las grandes trasnacionales a través de obras de infraestructura que faciliten dicha tarea y cuya construcción estaría a cargo de grandes consorcios y alentada fiscalmente por el gobierno. Sin duda, la tarea, nada benéfica para los campesinos, de disminuir el gasto en materia agropecuaria se ha hecho bien, como lo ilustran las cifras mismas:
"En los últimos 20 años se ha dado una caída brutal del gasto público y del crédito privado al sector agropecuario. El gasto actual es apenas de 24 por ciento del de 1980ij Este proceso no ha sido la simple caída de la magnitud total de crédito y de gasto público, sino la caída diferencial por grupos sociales y de tipo de cultivo-producto, afectando mucho más a los pequeños productores (indígenas-campesinos, campesinos-forestales y pescadores artesanales), que a los productores orientados a la producción para la exportación". Para 1980, el gasto público en el sector alcanzó 35 mil millones de pesos, y la inversión total se ubicó en 39 mil millones... En 2000, los recursos públicos bajaron hasta 9 mil millones, y a esa contracción se sumó la del crédito total, que apenas fue de 19 mil millones de pesos. De tal forma, a partir de la instrumentación de los compromisos con la banca internacional, sobre todo con la carta de intención ante el FMI, el gobierno inició en 1985 un proceso de reducción de los precios de garantía al productor. El proceso se aceleró a partir de la apertura comercial, incluso antes de entrar en vigor el TLCAN." (Roberto Garduño y Ciro Pérez, 2002)

Oaxaca: maíz, comunidades indígenas y TLCEs evidente la relevancia y riesgos que conlleva para los productores oaxaqueños la política de liberalización del mercado maicero, junto a las disposiciones legales para poder patentar las semillas criollas y la apertura para la entrada de los transgénicos. Basta considerar la estructura y el peso del sector productor de maíz en la entidad para entender los alcances de dicha liberalización y demás medidas colaterales.
Oaxaca se encuentra entre los siete estados del país con el mayor número de unidades de producción de maíz:
  1. Se siembra en 567 de los 570 municipios de la entidad.
  2. El 76.3 por ciento de las unidades de producción tienen superficies menores a cinco hectáreas, en tierras por lo general de mala calidad y condiciones fisiográficas desfavorables.
  3. Produce alrededor de 3.9 por ciento del maíz a nivel nacional.
  4. Los productores oaxaqueños se ubican en los estratos más pobres de la población. Por otro lado, dependen en gran medida de la mano de obra familiar y en la producción de temporal con fines de autoconsumo en al menos 75 por ciento de las unidades de producción.
  5. Sólo 3.3 por ciento de las unidades de producción tienen acceso a riego.
  6. La mayor parte de los productores pertenece a alguno de los 15 grupos étnicos que viven en la entidad.
Considerando esas cifras, y el hecho de que la mayor parte de la producción maicera en la entidad se destina al autoabasto, los productores indígenas están en el rango de campesinos que, de acuerdo a las cláusulas del TLC referentes a la apertura del mercado del maíz, no tienen ninguna posibilidad de poder insertarse competitivamente en la producción y comercialización. Por eso mismo, y en ello coinciden diversos especialistas, su única opción la constituye, precisamente, la emigración.

La escasa competitividad de los productores maiceros de Oaxaca podrá ser vista por algunos analistas como una deficiencia atribuible sólo a ellos. No obstante, la realidad muestra que el declive paulatino en la productividad obedece a una combinación de factores que pasan fundamentalmente por una decisión política orientada a desestimular a nivel nacional la producción y rentabilidad del cultivo, a fin de ir abriendo las puertas para la importación masiva del grano, especialmente de los Estados Unidos. Ese país, precisamente, según el apartado agrícola del TLC, tiene todas las prerrogativas para la exportación de dicho grano, no obstante ser México el centro de origen de la planta, aspecto que ciertamente pareció irrelevante a los negociadores nacionales que intervinieron en la elaboración del tratado.

Lo más indignante de esa negociación es que las condiciones impuestas por los vecinos del Norte obedecen al argumento, para nada convincente y sí claramente discriminador, de que los productores maiceros norteamericanos y las agencias comercializadoras del grano deben contar con condiciones de "equidad" frente a los productores mexicanos en la competencia por los mercados y las tierras.

Así, frente a los sustanciales subsidios que otorga el gobierno estadounidense a sus productores de maíz, su homólogo mexicano ha venido desmantelando sus políticas proteccionistas, reduciendo la inversión y dejando que las "fuerzas del mercado" regulen la producción de maíz.

Como en los tiempos coloniales, bajo la normatividad impuesta por el TLC, la oferta mexicana será la de proporcionar mano de obra barata. Ahora, eso sí, de exportación, a cambio de importar, entre otros bienes, el mayor regalo que las culturas indígenas de México dieron al mundo: el maíz.

Ciertamente, podrán alegar los funcionarios y quienes piensan como ellos, la política neoliberal da resultados y una prueba fehaciente es que, frente a las crecientes importaciones de maíz que cada año hace Oaxaca, aumenta también la exportación de mano de obra: la Comisión Nacional de Población indica que casi 195 mil personas oaxaqueñas residían en el 2000 en Estados Unidos y casi 150 mil en algún otro estado mexicano. Esto representa 10 por ciento de la población total de la entidad, cifra conservadora frente a otros estudios no oficiales.

A esto deben añadirse los esfuerzos en materia de política agraria para sentar las bases de la paulatina privatización de los ejidos y comunidades para que, como establece el TLC, entren al mercado de tierras. Sin embargo, y a pesar de que en Oaxaca prevalece en muchas comunidades la propiedad privada de facto como resultado de la presencia de cultivos comerciales y el reconocimiento comunitario interno de áreas agrícolas de subsistencia ligadas a familias individuales, las comunidades se resisten a caer en la trampa de la certificación agraria que ofrece el Procede (Programa de Certificación de Derechos Ejidales).
Una prueba de lo anterior es que, si bien es cierto que en los mil 060 ejidos o comunidades agrarias consideradas como indígenas, el 88 por ciento de los 297 mil 311 beneficiarios manejan la tierra agrícola con el sistema de parcelas individuales, también es una realidad que las comunidades se resisten a formalizar esto a través del Procede: los campesinos indígenas oaxaqueños saben por experiencia histórica que su sobrevivencia se debe a que han logrado mantener la tierra, al ser entendida hacia el exterior como un bien común o comunal y son ciertamente desconfiados hacia cualquier iniciativa o intromisión en el manejo interno de sus territorios. Como fruto de lo anterior, de las casi seis millones de hectáreas pertenecientes a las comunidades indígenas, sólo han sido certificadas poco más de 50 mil.
El maíz transgénico llega a OaxacaAdicionalmente a las políticas derivadas del TLC relativas a la reducción de apoyo a los productores maiceros y la apertura para el aumento de las importaciones (que también se han aplicado rigurosamente en Oaxaca), los productores, y en general la población, enfrentan otro riesgo mayor proveniente de las medidas aprobadas por el Estado mexicano en relación a la propiedad intelectual de los recursos genéticos:
"El capítulo XVII del TLC sobre la propiedad intelectual conllevó importantes reformas adicionales al régimen de la propiedad intelectual en México en materia de derechos sobre variedades de plantas, así como de los derechos de quienes las cultivan. México se incorporó a la Unión Internacional para la Protección de Especies Vegetales (UPOV) y promulgó una nueva Ley Federal para la Protección de Especies Vegetales en 1996. Además, introdujo importantes reformas a su Ley de Patentes ya existente, permitiendo por primera vez la posibilidad de patentar formas de vida. Para las empresas que desarrollan actualmente variedades mejoradas e híbridos, y que comercializan sus semillas (en el nuevo entorno desregulado), este nuevo régimen de la propiedad intelectual es de importancia crucial. Este instrumento político es importante para la expansión de las operaciones de estas empresas, así como para la protección de nuevos cultivos híbridos y transgenético."
Pero en Oaxaca, aun antes de que el Estado mexicano abriera la puerta legal para la entrada de organismos genéticamente modificados (es bueno recordar que se había cerrado desde 1998), éstos son ya una realidad puesta a descubierto a raíz de investigaciones iniciales del sector académico y de otras complementarias efectuadas por dos agencias gubernamentales de México: la Comisión Nacional de Biodiversidad (Conabio) y el Instituto Nacional Ecológico (INE).

Los descubrimientos del sector académico dieron lugar a que se tomaran muestras de maíz indígena de veinte comunidades de Oaxaca y dos más en Puebla. Al estudiarlas se encontró que el 95 por ciento de estas comunidades (21 de 22 de ellas) mostraron una tasa de contaminación del uno al 35 por ciento de granos indígenas. Se trataba de rastros de contaminación transgénica. En total, el ocho por ciento de los mil 876 almácigos bajo estudio estaban contaminados por organismos genéticamente modificados En la Conferencia sobre Bioseguridad convocada en La Haya, Holanda, a finales de abril de 2002, el director de la Conabio, Jorge Soberón, calificó esta contaminación genética como el peor caso de contaminación de cultivos por organismos transgénicos reportado en todo el mundo.

La principal fuente directa de contaminación genética en Oaxaca vino de maíz importado de Estados Unidos a través de Diconsa, distribuidor estatal de cereales en México. Según Manuel Mérida, de la bodega de Diconsa en la ciudad de Oaxaca, 40 por ciento del maíz distribuido por Diconsa en el año 2001 era originario de Estados Unidos.

La Comisión Mexicana de Biodiversidad y el Instituto Nacional Ecológico (INE) encontraron una tasa de 37 por ciento de contaminación en el maíz en una bodega de Diconsa en Ixtlán (en la Sierra Juárez). Estos hallazgos apuntan a comprobar que el TLC no sólo busca eliminar la competencia del productor maicero mexicano y oaxaqueño mediante la venta indiscriminada de maíz (al menos 25 por ciento más barato que el que se produce en el país), sino que a través de sus importaciones contamina el material genético del maíz mexicano, propiciando con esto la desaparición paulatina del grano en su centro original.

Las implicaciones ambientales y culturales de la pérdida de la diversidad genética del maíz son diversas y relevantes, especialmente para los pequeños productores temporaleros de Oaxaca, que conforman el grueso del sector maicero de la entidad. Esto es así porque las condiciones ambientales y agronómicas de su producción se apegan de manera notable a la siguiente consideración:

La diversidad genética desempeña en las estrategias de los productores un papel seguro contra riesgos, incluidas sequías, heladas, vientos, plagas y mala calidad de suelo. Los productores mexicanos que utilizan las tecnologías tradicionales para el maíz en tierras de temporal se basan mucho en la diversidad genética como estrategia para la supervivencia. Los productores tradicionales siembran distintas variedades de maíz en diferentes épocas como garantía contra los cambios en los patrones de lluvia, clima, vientos, calidad de suelo y plagas. Ciertamente, la combinación adecuada de variedades de semillas y fechas de siembra fue considerada como el recurso tecnológico más poderoso con el que cuentan los productores tradicionales (García Barrios et al., 1991, 174-175).

Al margen de la importancia fundamental que tiene mantener la diversidad genética del maíz, el Estado mexicano se adhiere, sin reservas, a las disposiciones sobre propiedad intelectual mencionadas. Dichas disposiciones, que ponen en capilla a la diversidad genética del maíz oaxaqueño, abren igualmente la puerta a un riesgo ambiental y de salud pública ya presente en el agro de la entidad: el establecimiento y progresiva ampliación de los cultivos transgénicos, bajo una creciente resistencia, pero al parecer insuficiente para poder detener ese alud propiciado por las grandes trasnacionales como Procter & Gamble, Monsanto, etcétera.

Recientemente, y dentro del marco del ALCA, el gobierno mexicano ratificó su posición de permitir la introducción y producción de alimentos genéticamente modificados al firmar en octubre del año pasado el documento Requisitos para la documentación de organismos vivos modificados para alimento humano o animal o para procesamiento (Sagarpa, 2004).

A pesar de que el gobierno señala que el consumo de ese tipo de alimentos no representa peligro alguno, no existe aún evidencia científica que lo demuestre, si bien por el momento hay indicios de que su ingestión está ligada al desarrollo de alergias. No obstante, en la reunión de la Comisión de Cooperación Ambiental de Tratado de Libre Comercio, celebrada en la ciudad de Oaxaca en marzo pasado, el representante de México ante ese organismo enfatizó sobre la inocuidad de los alimentos transgénicos, en lo que parece ser la continuidad para ampliar y afianzar el marco legal al corto plazo que desregule totalmente las trabas para establecer libremente ese tipo de cultivos.
Por otra parte, el gobierno cuida muy bien no explicitar la amenaza central de esta política, que consiste en propiciar la pérdida definitiva del material genético silvestre al ser sustituido por las semillas transgénicas y, por consecuencia, generar que el campesino se vea obligado a adquirir las semillas modificadas genéticamente en sustitución de las criollas que al ser contaminadas pierden su capacidad de reproducción natural.

Patentar, es decir, privatizar las semillas, significa una enorme fuente de ingresos potenciales para las compañías distribuidoras de las mismas, al tiempo que constituye un gasto más para la ya de por sí menguada economía campesina. Dado que Oaxaca es uno de los sitios con mayor número de especies criollas de maíz, no es de extrañar que las compañías trasnacionales lo vean como una enorme fuente de recursos silvestres "patentables" y, así, consumar el despojo del patrimonio histórico indígena.
Esto significará perder el patrimonio sobre uno de los legados culturales y alimenticios de mayor trascendencia que México ha dado al mundo. Equivale a regalar uno de los pilares de nuestra identidad y una forma de acrecentar los niveles de pobreza rural.
Estamos frente a una trampa similar a la que representaron en su momento la introducción masiva a indiscriminada de los agroquímicos y las semillas mejoradas en el agro mexicano, que fundamentalmente sirvieron para facilitar grandes ganancias a ciertos sectores de la producción que contaron, y cuentan aún, con sistemas de riego, maquinaria, insumos y crédito. Pero, a su vez, esos agroquímicos y la siembra de tales semillas originaron la contaminación de los suelos y aguas, crearon problemas en la salud pública de los menos protegidos por las políticas públicas y ampliaron la brecha que separa al México rural rico gracias al apoyo gubernamental, del inmensamente mayoritario: el de los pobres.

Nada bueno pinta entonces el panorama para los campesinos, en especial los indígenas, al minar la diversidad genética de Oaxaca y de otras partes de México.

Luz verde a maíz transgénico en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Península de Yucatán...

 
Diez años despuès de identificarse contaminaciòn transgénica de maiz criollo en Oaxaca, en un estudio de Sagarpa y Semarnat (no precisamente Conabio, como dice la nota) se declara la factibilidad de dispersar maiz transgènico en Chimalapas y la regiòn Chontal-Sierra Sur de Oaxaca.
 
El documento oficial tambièn incluye otras regiones de pràcticamente todo México. En Chiapas se liberarìa maíz transgénico en la Frailesca (la región maicera más importante del Sureste), parte de Selva Lacandona; Sur de Veracruz (Chontalpa y Uxpanapa), Sierra Sur de Guerrero, Sierra Sur de Michoacàn, zona poniente de Campeche, Costa de Yucatan y Quintana Roo y muchas regiones màs.
 
Se teme que en su último acto de gobierno Felipe Calderon declare por decreto la liberación comercial de maíz transgénico en estas áreas.

Ver enlace con el documento oficial.
(El mapa de Mèxico està en la pàgina 5, las zonas en blanco es donde se liberarìa el maìz transgènico)

Ver reportaje sobre declaracion de organizaciones de Oaxaca

jueves, 29 de marzo de 2012

México: Minería: entre el despojo capitalista y la resistencia popular

Enviado por ewituri el Jue, 03/29/2012 - 20:24.
(Por Francisco López Bárcenas)*
SinPermiso, 18 de marzo.- Hace 11 años, en el municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, comenzó la resistencia popular contra el despojo a la nación y los mexicanos por la gran industria minera. En 2001 los opositores a la minería a cielo abierto comenzaron la resistencia con un festival cultural y unas mesas de análisis sobre los problemas que la presencia de la minera New Gold-Minera San Xavier generaba entre ellos.
Tal vez los organizadores de la resistencia ni lo imaginaron, pero al paso del tiempo terminaron convirtiéndose en uno de los referentes imprescindibles de la oposición a la actividad minera a gran escala, por los efectos tan negativos que deja entre la población de los alrededores donde se establece.
Ahora, con la legitimidad que les da una década de lucha, se preparan para la realización del undécimo festival de la resistencia contra la actividad minera a gran escala, el cual está programado para realizarse el próximo sábado 17 del presente mes y al cual, además de comunidades de la región, esperan asistan opositores de otras latitudes del país.
Once años después de las primeras resistencias las condiciones son diferentes. En principio ya los efectos de la minería se dejan ver con más claridad. Uno de ellos es que los dueños de las minas se vuelven ricos a costa de la vida de los trabajadores.
El ejemplo más claro es que Germán Larrea Mota Velasco, el principal accionista del consorcio minero Grupo México –el dueño de la mina Pasta de Conchos, colapsada por una explosión en febrero de 2006–, ocupa el cuarto lugar entre los multimillonarios mexicanos, y el 48 en el mundo, con una fortuna de 14 mil 200 millones de dólares.
Esa es la cara bonita, la de los resultados alegres de la minería; la otra enseña los muertos por oponerse a esta actividad –Óscar Loredo, en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí; Mariano Abarca Roblero, en Chicomuselo, Chiapas, y Bernardo Méndez, en San José del Progreso, Oaxaca, son casos emblemáticos–.
Pero también están las muertes por enfermedades, la contaminación de las tierras y aguas, privándolos de los medios de subsistencia, devastación ambiental, afectación de la salud de las personas y la destrucción del entorno cultural. No son los únicos que resisten, naturalmente. Por muchos puntos del territorio nacional la lucha antiminera crece y se fortalece.
Son importantes las luchas de Chicomuselo, Chiapas; la de los opositores a la mina Caballo Blanco, en Veracruz; la de San José del Progreso y Capulalpan, en Oaxaca; la que se desarrolla en la región Costa-Montaña, en Guerrero; la de los huicholes en Jalisco, y varios municipios de Chihuahua, Sonora y Baja California, en el norte del país.
Son la luchas antimineras más visibles, las que han trascendido el espacio local y sus voces inconformes son escuchadas mas allá de su localidad; la mayoría de ellas inclusive participan en la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Pero hay más, aunque no se vean.
En el mismo estado de San Luis Potosí y su vecino Zacatecas existentes resistencias que no por pequeñas dejan de ser importantes. Hacia allá también se tienden caminos en este undécimo festival de la resistencia minera, para que su experiencia transcienda y abone a la lucha.
Entre los objetivos que los organizadores del encuentro se han fijado está propiciar la coordinación de los diversos movimientos que se oponen a los efectos nocivos de la gran minería, que es al mismo tiempo una lucha en defensa de la vida y el ambiente.
También buscan que entre todos los asistentes se genere un diálogo en torno a las posibilidades de establecer lazos de apoyo y unidad entre todos aquellos que se oponen a la gran minería tóxica, para compartir conocimientos, recursos y experiencias que permitan que sus esfuerzos arrojen mejores resultados.
Se trata de miras de alto vuelo, porque piensan que ya está más o menos claro el objetivo por el que se debe combatir, pero falta saber cómo se hará, no porque no haya ideas de cómo hacerlo, sino porque abundan, pues aunque los movimientos de resistencia comparten sus objetivos comunes, cada uno tiene sus propias dinámicas, de acuerdo con su tamaño, los recursos con que cuenta para moverse y las relaciones que logra establecer con diversos actores, entre otros factores.
Ahí radica la importancia de este undécimo festival de la resistencia a la minería que el 17 de marzo se realizará en el Cerro de San Pedro. De ahí pueden surgir las ideas que permitan dar el gran salto hacia adelante en la lucha por la vida.
* Francisco López Bárcenas es un abogado mixteco, autor entre otros libros de: Muerte sin fin: crónicas de represión en la Región Mixteca oaxaqueña. Escribe regularmente columnas de análisis político en el diario mexicano de izquierda La Jornada.
La Jornada, 16 de marzo de 2012.
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=4808•

FAO: Directrices sobre la Tierra, las Pesquerías y los Bosques

FIAN, 13 de marzo.- El pasado viernes 9 de marzo a las 9pm, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) concluyó las negociaciones intergubernamentales sobre las Directrices de la FAO relativas a la Tenencia de la Tierra, las Pesquerías y los Bosques en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional.
Con el exitoso cierre de estas negociaciones después de un proceso Participativo de cerca de 3 años, el CSA ha demostrado tener capacidad para convocar al debate a múltiples actores sociales y para buscar soluciones a una de las problemáticas más delicadas de hoy, como es el acceso a los recursos naturales para la producción de alimentos.

Más de 45 personas representando a 20 organizaciones de todas partes del mundo participaron en esta última ronda de negociaciones. Las Directrices contienen instrumentos novedosos que contribuirán al fortalecimiento de las organizaciones en su larga lucha por asegurar el uso y cuidado de los recursos y Bienes Naturales con el fin de producir alimentos sanos, contribuyendo así a erradicar el hambre en el mundo y sus causas profundas.

Asegurar el acceso a la tierra, las pesquerías y los bosques es crucial no sólo para permitir a los pequeños productores alimentar al mundo. El acceso a los recursos naturales es cuestión de dignidad y de vida o muerte para millones de comunidades de agricultura campesina, pastores, pueblos indígenas y pescadores.
En muchas regiones, la ocupación de los territorios crea sufrimiento masivo por el desplazamiento de personas y comunidades; y la destrucción y confiscación de sus parcelas acrecentando aún más los conflictos violentos. Sólo en los últimos meses mientras se negociaba este documento, líderes sociales de varias regiones del mundo fueron asesinados o perseguidos por su lucha.

En América Latina, queremos recordar a Jerónimo R. Tugri y Mauricio Méndez de Panamá, Bernardo Méndez Vásquez de México, Christian Ferreyra de Argentina, y a los campesinos asesinados a causa del conflicto de tierras en el Bajo Aguán en Honduras. Igualmente nos queremos solidarizar con Herman Kumara, líder del Foro Mundial de Pescadores, quien está siendo amenazado de muerte y ha tenido que abandonar su país Sri Lanka.

A pesar de las masivas, sistemáticas y multifacéticas violaciones a los derechos humanos en el mundo rural, la reticencia que muchos gobiernos mostraron durante estas negociaciones a reafirmar sus compromisos ya asumidos en diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos en relación con los recursos naturales nos obliga a redoblar esfuerzos.

De igual forma, lamentamos que en el transcurso de las negociaciones, los gobiernos consideraran las grandes inversiones en agricultura industrial como indispensables para el desarrollo de nuestros países.

Hacemos nuevamente un llamado a la comunidad internacional toda, a los Estados y gobiernos del mundo a fin buscar caminos para que la soberanía alimentaria construya una nueva etapa en la historia. Estas Directrices entendidas como derecho a la tierra, las pesquerías y los bosques para la humanidad toda, podrán ser otra herramienta en el camino para erradicar el hambre del mundo.

viernes, 23 de marzo de 2012

Riesgos ambientales de la utilización de semillas transgénicas

Existen muchos riesgos ambientales, ampliamente aceptados, asociados al rápido despliegue y diseminación de la comercialización de semillas producidas por ingeniería genética:

  1. La diseminación de transgenes desde plantas transgénicas vía hibridación de malezas botánicamente emparentadas, provoca la aparición de malezas resistentes a herbicidas;
  2. La reducción de la adaptabilidad de organismos no objetivo (especialmente variedades locales) a través de adquisición de características transgénicas por medio de hibridación;
  3. La rápida evolución de la resistencia de insectos plaga –tales como la plaga del maíz taladrador del tallo- al Bt (Bacillus thuringiensis);
  4. La acumulación de la toxina del Bt, que permanece con actividad insecticida en el suelo después de ser arado y se adhiere fuertemente a la arcilla y los ácidos húmicos, con efectos desconocidos acerca cómo esta acumulación afectará la biología del suelo;
  5. Interrupción del control natural de insectos plaga a través de los efectos inter-tróficos de la toxina Bt en los enemigos naturales.
  6. Los cultivos resistentes a herbicidas pueden indirectamente matar la biota del suelo a través de los efectos del herbicida glifosato que aparentemente actúa como un antibiótico en el suelo inhibiendo micorrizas, antagonistas y bacterias fijadoras de Nitrógeno. Científicos han demostrado que el desarrollo radicular, nodulación y fijación de N es limitado en algunas variedades de soya transgénica que exhiben menores rendimientos, y estos efectos parecen ser más severos en suelos infértiles y bajo condiciones de sequía.
  7. Los efectos no-anticipados sobre otros insectos herbívoros (por ejemplo, mariposa monarca) a través de la deposición de polen transgénico sobre la vegetación silvestre.
  8. La transferencia horizontal y la recombinación de genes creando nuevos patogénos;
  9. La contaminación de variedades no transgénicas con el riesgo adicional que ésta contaminación contribuya al deterioro de variedades locales críticas para la seguridad alimentaria.
  10. Cuando las variedades transgénicas se introducen en los sistemas complejos y biodiversos manejados por campesinos, los riesgos son mayores que en los sistemas de monocultivo de larga escala manejados por agricultores ricos.



Holt-Gimenez, E., Altieri, M. y Rosset, P. (2006) Posición Política de Food First No. 12: Diez razones por qué una nueva Revolución Verde promovida por la Alianza de Rockefeller y la Fundación de Bill y Melinda Gates NO resolverá los problemas de Pobreza y Hambre en África Sub-Saharariana http://lahaine.org/b2-img/foodfirst.pdf




jueves, 22 de marzo de 2012

Oaxaca: para las organizaciones y comunidades.

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CONDENA MUNDIAL POR CRIMEN CONTRA EL ACTIVISTA OAXAQUEÑO BERNARDO VÁSQUEZ
http://ih.constantcontact.com/fs061/1103480765269/img/170.jpgUna andanada de protestas y pronunciamientos a nivel mundial desató el crimen cometido contra el activista oaxaqueño, Bernardo Vásquez Sánchez, ocurrido el pasado 15 de marzo en el valle de Ocotlán del estado de Oaxaca. El dirigente social fue abatido a tiros a consecuencia de su activismo contra la operación de una mina de plata y oro, instalada en su natal San José del Progreso, propiedad de la compañía minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines de origen canadiense. Lea el comunicado de prensa de Educa y la convocatoria para la toma pacífica del consulado canadiense:





170 organizaciones y 100 personalidades de veinte países condenan el asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez
El siguiente pronunciamiento suscriben más de 170 organizaciones y 100 personalidades de una veintena de países del mundo. Entre las personalidades que suscriben destaca el filósofo Pierre Mouterde, el economista David Barkin, y la periodista Stella Calloni; organizaciones como Greenpeace, la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Movimiento Madre Tierra de Honduras, exigen “al gobierno federal y estatal el castigo a los autores materiales e intelectuales del cobarde asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez”.



Lea el pronunciamiento aquí


En Oaxaca comienza a revivirse el olor a pólvora, a miedo y a represión
“En Oaxaca se comienza a revivir el olor a pólvora, a miedo, a represión y precisamente en el comienzo de un gobierno autodenominado del cambio”, denunciaron organizaciones sociales y el magisterio al instalar un campamento de denuncia frente al Palacio de Gobierno para exigir justicia por el asesinato del vocero de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, Bernardo Vásquez Sánchez. Y adelantaron que el próximo miércoles 21 de marzo, los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y una red de organizaciones sociales del país realizarán bloqueos carreteros y tomarán empresas transnacionales así como embajadas y consulados principalmente de Canadá. Advirtieron que en la medida de que no hay respuesta a la demanda de justicia por los 31 asesinatos de activistas y luchadores sociales, en esa medida “subirán de tono” las acciones para presionar al gobierno y a las instancias encargadas de impartir justicia a que den resultados.



Última llamada: Escuela de Defensores y Defensoras Comunitarios de Oaxaca
Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA A.C. y otras cinco organizaciones invitan a participar en la “Escuela de Defensores y Defensoras comunitarios/as” con el objetivo de fortalecer conjuntamente nuestras capacidades de incidencia, diálogo público y transformación de conflictos y construir herramientas para actuar en contextos locales, regionales y estatales de alta conflictividad social y política. La Escuela de Defensores/as comunitarios está dirigida a comunidades, grupos, líderes y representantes que han realizado acciones de defensa en el estado de Oaxaca. La Escuela de Defensores/as Comunitarias será un espacio para el intercambio de experiencias que partirá desde los conocimientos teórico/prácticos de los/as participantes, se apoyará en 4 módulos presenciales temáticos y un Intercambio de Experiencias Comunitario. Inscríbete, cupo limitado. Consulta el programa de la escuela:





ONGs no permitirán imposición de Ombudsman en Oaxaca
El director de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Marcos Leyva Madrid, aseguró que en la elección del titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) no permitirán una imposición por parte del Ejecutivo estatal. Tras la presunta imposición que pretende hacer el gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, para que la Comisionada de los Derechos Humanos del gobierno estatal, Eréndira Cruzvillegas Fuentes presida la DDHPO, Leyva Madrid dijo que se denunciará si esto sucede. “Nosotros seguimos apoyando a Yésica Sánchez creemos que es la persona idónea para estar al frente de la Defensoría, ya que ha sido una de las personas que trabajó en la creación de la iniciativa de Ley, entonces como organización de Derechos Humanos vamos a seguir trabajando para que ella sea”, finalizó. Cabe destacar que la fecha límite para el registro de aspirantes a presidir la DDHPO es hasta el 22 de marzo, mientras que el próximo 2 y 3 de abril se llevará a cabo la pasarela, donde se elegirá la terna que participará en el Pleno de la LXI Legislatura local.



Incumple gobierno medidas cautelares de la CIDH sobre 12 desaparecidos de Oaxaca
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió, en los últimos dos años, cuatro medidas cautelares al Estado Mexicano por desaparición forzada de personas, de las cuales dos casos están directamente relacionados con Oaxaca. El Centro de Derecho Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), la Comisión Diocesana de Justicia y Paz y el Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco” (Barca), se quejaron que en el caso de los desaparecidos de la comunidad de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, en la región Mixteca, hasta el momento no existe una investigación adecuada que lleve a dar con el paradero de Marcelino Pedro Hernández Jiménez y Eleazar Asunción Sánchez Hernández. Mientras que en el caso de los 10 desaparecidos de Zapotengo, Pochutla, a pesar de que ya han trascurrido tres meses que se dictaron las medidas cautelares, es la fecha en que no se ha efectuado ninguna reunión de trabajo porque el gobierno federal no quiere establecer  una mesa en la que comparezcan la titular de la PGR y los procuradores de Oaxaca, Tamaulipas y Morelos.



Una minera canadiense, su tóxico caballo de Troya y la defensa del territorio
Una creciente y plural fuerza social se enfrenta a la empresa GoldGroup Mining, que intenta imponerse violando leyes y destruyendo el medio. La apuesta es: el cianuro o la vida. El caso que ha despertado un movimiento de resistencia ciudadana, joven, alegre, creativa, es el de la mina “Caballo Blanco”, el primer proyecto de la empresa canadiense GoldGroup Mining a través de su firma legal ad hoc Candymin S.A. de C.V. y con un nombre falsamente local, “Minera Cardel”. Lea el reportaje de desinformémonos:





El Fuego y las Cenizas
http://desinformemonos.org/wp-content/uploads/2012/03/mixfoto21-580x450.jpgEl siguiente libro de Francisco López Bárcenas, destacado teórico del derecho indígena, se refiere a la participación de los pueblos mixtecos, en Oaxaca, en la guerra de Independencia: “Cuando se enrolaron en la guerra, lo hicieron después de ver que tenían posibilidades de triunfar y como una forma de zanjar sus diferencias con los espanÞoles”.



Los pueblos mixtecos en la guerra de independencia: Descarga el libro completo aquí (230 pág.). Lea también su artículo: Minería: entre el despojo capitalista y la resistencia popular


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