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miércoles, 18 de julio de 2012

México: Amparo judicial contra la siembra de soya transgenica en Chiapas y la Peninsula de Yucatán

Comunicado de prensa sociedad civil de Chiapas
Alto a la siembra de transgénicos; la autorización para que Monsanto siembre soya constituye un desastre socio ambiental incalculable
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Dilo Tú
Difusión Cencos México D.F., 13 de julio de 2012
Boletín de prensa
OSC de DH / Personalidades



Antecedentes:


El 29 de febrero de 2012, la empresa Monsanto Comercial S.A. de C.V. solicitó a la SEMARNAT permiso para laliberación al ambiente de Soya Solución Faena -semilla genéticamente modificada y tolerante al herbicidaGLIFOSATO- para su cultivo comercial en253,500 hectáreasregiones de Yucatán, Planicie Huasteca(Tamaulipas, Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz) y en los municipios de Acacoyagua, Acapetahua, Cacahoatán,Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, Mazatán, Metapa, Suchiapa, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico,Tuxtla Gutiérrez, Tuzantán, Villa Comaltitlán y Villaflores de Chiapas..


De inmediato productores, comercializadores y exportadores de miel de la península de Yucatán presentaron unAmparo ante los Juzgados de Distrito en materia Administrativa por violar el derecho de los pueblos a la consultapública, lo que presupone contar con información oportuna y suficiente; y el derecho a la participación y al trabajo,con el objetivo de suspender los permisos de siembra de Soya transgénica para evitar la violación de los derechoshumanos de los apicultores 1.


El 24 de mayo de 2012, la Red sin Maíz no hay País, denunció ante la opinión pública nacional e internacional laemisión de un dictamen ambiental de SEMARNAT favorable a MONSANTO para la liberación al ambiente de laSoya Transgénica de referencia, que permitiría la siembra de esa semilla en los estados y superficiemencionados, a partir del ciclo agrícola primavera-verano 2012 con vigencia indefinida. Indicando que las zonasde afectación son contiguas a áreas naturales protegidas. Este dictamen es contrario al realizado por la Comisiónde Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en donde se señala que “…si bien la liberación de Soya GenéticamenteModificada… no se pretende realizar dentro de ninguna de las áreas naturales… es evidente que existe riesgo deafectación indirecta hacia ellas por contaminación de glifosato, así como por la... polinización. Por tal motivo sesugiere… considere la posibilidad de tal actividad sea analizada…desde la perspectiva de la evaluación deimpacto ambiental…[tal como lo establece el artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la ProtecciónAmbiental]…” El Instituto Nacional de Ecología tampoco consideró conveniente la liberación de la semilla dereferencia debido a que no se ha generado información suficiente sobre los riesgos que su cultivo podría generar en el ambiente, la diversidad y la salud 2.


El 30 de mayo de 2012, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), a través de la doctora Elena Alvarez Buylla envió a la SAGARPA una petición firmada por 660 científicos para solicitar a su titular noautorizara la solicitud de la siembra de 253,500 hectáreas de Soya Transgénica (evento MON-04032-6) en los estados mencionados por contener “…genes de bacterias que le permiten ser resistente al herbicida glifosato…que implican … efectos nocivos [sobre] la biodiversidad, la economía campesina y la soberanía alimentaria… 3


El 6 de junio de 2012, el comunicado de prensa número 276/12 publicado en el sitio de internet del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, da a conocer la expedición del permiso No. 007/2012 solicitado por Monsanto para la siembra de soya transgénica en los Estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Chiapas.El 14 de junio de 2012 organizaciones civiles e investigadores independientes pidieron al Relator de la ONU parael Derecho a la Alimentación, Oliver De Shutter, ampliara su recomendación de declarar la moratoria para los experimentos sobre el terreno y el cultivo de maíz transgénico con fines comerciales -dado su dañino efecto ecológico, agronómico, social y económico- a la siembra comercial de la soya transgénica por considerar que su cultivo viola el derecho a la alimentación de los pueblos Mayas y Zoques ubicados en los polígonos de siembrasolicitados por Monsanto.
El 26 de junio de 2012 organizaciones de la sociedad civil, apicultores y campesinos de Chiapas, presentaron unamparo por violaciones al marco constitucional y a tratados internacionales al “vulnerar los derechos humanos agozar de un medio ambiente sano, al trabajo y a la consulta pública para los pueblos indígenas”, así como por lainconstitucionalidad de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, por no regular demanera adecuada el principio precautorio ni una verdadera participación de las comunidades indígenas cuandopuedan ser afectadas 4. Ante la gravedad del contexto descrito, las organizaciones y personas abajo firmantes decidimos, como parte del pueblo mexicano, interponer un amparo contra el permiso otorgado a MONSANTO porque genera las múltiplesviolaciones a derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales; avalados por el Estado,que enumeramos a continuación:


Afectaciones al Medioambiente, la biodiversidad y el conocimiento indígena y campesino.


Chiapas y Oaxaca concentran la mayor mega diversidad de México. Biodiversidad que resulta de las disposiciones geológicas y biogeográficas, y su vínculo indisoluble con la diversidad cultural concentrada en esos estados. Por tanto, la autorización de la liberación del cultivo de soya en Chiapas es un riesgo importante para la biodiversidad. El polígono de siembra autorizado en Chiapas se localiza en las colindancias de áreas naturales protegidas comola Reserva de la Biosfera El Triunfo, la Encrucijada, la Reserva de la Biosfera La Sepultura, el Área de Protección de los Recursos Naturales La Frailescana, la Zona Sujeta a Conservación Pico El Loro Paxtal, la Reserva de la Biosfera Volcán Tacana, el Área Natural Típica La Concordia Zaragoza, el Parque Cañón del Sumidero. Corredores biológicos que sin duda, serán afectados por la acción del viento y el proceso de polinización. Sin que pase desapercibido que estas áreas se encuentran habitadas por pueblos tzotziles, tzeltales, Zapotecos, Mame y Chuj, quienes hacen manejos de los espacios naturales, por tanto sus conocimientos respecto del territorio también se verán afectados.


Otro elemento que también se pone en riesgo es la biodiversidad del maíz, ya que la siembra de 30,000 has de soya transgénica en Chiapas entre junio y julio de este año ha sustituido el cultivo de la milpa en espacios donde tradicionalmente se ha hecho. Cabe señalar que la siembra de Soya Solución Faena al no ser un cultivo nativo no solo erosiona la diversidad de este cereal, sino también lo hará con los frijoles nativos, y en consecuencia sobre el conocimiento campesino e indígena asociado. Esto refleja que están en juego los agroecosistemas tradicionales campesinos, que a su vez son reservorios de germoplasma de maíces, frijoles, calabazas, chiles, tomates. Es decir que se ha puesto en riesgo el patrimonio genético desarrollado por campesinas y campesinos que, conservado in situ, es la única manera de responder a situaciones adversas devenidas de la actual transformación estructural del clima. Por ello advertimos que está en inminente peligro el sustento cultural de Mesoamérica, base indisoluble de nuestra soberanía alimentaria. 



Dada la composición de suelos calcáreos en Chiapas, como en la región de la Península de Yucatán, la aplicación de glifosato asociado a la soya solución faena representa un riesgo de incalculable magnitud al filtrarse a los mantos freáticos y escurrir a la Costa Chiapaneca.  La Zona de la Costa-Soconusco es susceptible de desplazamientos constantes, de ahí que los ecosistemas costeros, manglares, sistemas riparios, flora,  fauna pesquera y microorganismos marinos; además de los sistemas productivos de pescadores, se encuentran en grave amenaza.


Afectación a la economía campesina y el fomento del monopolio y el latifundio


La siembra de Soya Solución Faena® en nuestro estado, implica un riesgo al generar una fuerte concentración de tierra por vía del uso productivo en razón de la actividad monopólica que la empresa Monsanto ha demostrado entodo el mundo, pues la superficie total sembrada con soya biotecnológica a nivel mundial durante 2011 alcanzo 75.4 millones de hectáreas, que equivalen al 47% de la superficie sembrada con biotecnología globalmente. Por lo tanto el proceso de siembra y ejecución de los contratos con los llamados “solicitantes” del grano, es resultado directo de la aplicación de normas inconstitucionales, así como del permiso en mención, ya que se propiciará la concentración y acaparamiento de tierras en los pocos empresarios que cuentan con recursos económicos suficientes, lo cual viola el derecho de propiedad contenido en el artículo 27 de la Constitución que, entre otras disposiciones, establece como obligación del Estado dictar las medidas necesarias para “…ordenar... destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación,para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en lostérminos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; ...para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.”


Un estudio reciente de la FAO menciona que en México la vía para concentrar tierras no ha sido por medio del mercado de tierras, sino mediante el control de los procesos productivos. Así vemos que las agroindustrias prefieren rentar la tierra o aplicar otros esquemas de control de la producción –proporcionan semillas e insumos, habilitan al productor y comprometen la cosecha– para generar economías de escala. En los últimos treinta años se está dando, por un lado, la concentración de tierras vía la agroindustria asociada a la polarización económica ya que las agro-empresas concentran grandes volúmenes de producción que procesan y comercializanespecialmente en el mercado internacional.
Por otro lado, vemos una gran cantidad de medianos y pequeños productores que surten de materias primas a estas empresas. Otro factor que pone en riesgo la integridad jurídica de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas afectadas en Chiapas, consiste en imponerles acuerdos comerciales sobre derechos de propiedad intelectual (ADPIC), obligándolos a resolver las controversias que se originen en tribunales internacionales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en donde los y las campesinas están en total desventaja. Antecedentes, como el caso del campesino canadiense Percy Shmeicer que fue demandado por Monsanto, nos dan una muestra del riesgo en el que están los ejidatarios. Según el Centro para la Seguridad de los Alimentos, una ONG con sede en Washington, D.C., "Monsanto ha investigado a cientos de agricultores por violación de la patente o del contrato. Ha demandado a 90 agricultores en 25 estados federales y ha ganado más de 15 millones de dólares con las sentencias.”5


En los contratos que Monsanto hace firmar a los agricultores, según aparece en su solicitud, se señala que: “Los agricultores cooperantes firman un contrato con la promovente por el cual adquieren una licencia para adquirir semillas de soya SF. En apego a dicho contrato se obligan a seguir las instrucciones de la promovente en cuantoal uso de la tecnología". De tal forma, se han dejado de observar las prerrogativas contenidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconocen las aspiraciones de los pueblos indígenas a asumir el control de sus propias instituciones, formas de vida y desarrollo económico, así como a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en donde viven; siendo la norma más taxativa respecto a sus derechos de identidad, cultura, posesión y propiedad sobre su territorio.


La autorización de la SAGARPA y SEMARNAT a la solicitud de Monsanto también es violatoria del artículo 28 de nuestra Constitución, al favorecer las prácticas monopólicas, ya que se generara el acaparamiento de la distribución y comercialización para la transformación industrial y alimenticia de la soya, poniéndose en riesgo nosolo la producción nacional de oleaginosas, sino que afecta directamente a la producción campesina familiar locala pequeña escala, controlando toda la cadena de valor de la producción de soya, como también lo muestra la propia solicitud de Monsanto. Esta situación implicará, además del despojo a las comunidades indígenas de susterritorios tradicionales, la pérdida irreparable de los medios materiales para su subsistencia; migración y desplazamiento forzado debido a las disputas internas y divisiones en las comunidades.


El permiso a Monsanto corre en detrimento del derecho al trabajo de los productores de miel, quienes han visto parada su producción por las restricciones de la Unión Europea referentes a la moratoria en relación a los organismos genéticamente modificados que ha hecho vigente a consecuencia de la contaminación de miel. De ahí que todos los actos de esta liberación y siembra comercial son inconstitucionales por contravenir, al menos, la obligación de prevenir las violaciones al derecho al trabajo, consagrado en los artículos segundo, apartado B, fracción VII, quinto y 27, fracción XX constitucionales, interpretados bajo los principios de interdependencia eindivisibilidad y a la luz de sus correlativos de fuente internacional. Así, la producción local, queda abolida por lanacional en expansión.
Contraviene de igual modo el derecho al trabajo de campesinas y campesinos que subsisten de una economía familiar basada en el autoconsumo y una producción a pequeña escala, pues la gran escala agroindustrial, comoes el caso de esta siembra de Monsanto, limita el trabajo de otros en razón de su propia expansión abaratandolos costos de su producción, usando medios productivos campesinos, con fines de renta máxima.
Violaciones a los Derechos de los pueblos indígenas


Los municipios que se verán afectados con el cultivo comercial de la Soya Solución Faena, como se ha mencionado, concentran a diversos núcleos de población indígena, organizados en ejidos y comunidades, a quienes no se les respetó el derecho de consulta previa, establecido en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar ese proyecto que afectará directamente su salud, su alimentación, sus tierras, territorios y recursos naturales.


La decisión de la SAGARPA hace invisible el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, privándolos de sus propios medios de subsistencia, borrando el reconocimiento a sus saberes ancestrales, a su patrimonio cultural, a su identidad, convirtiéndolos en objeto de explotación de las trasnacionales. Las autoridades mexicanas, al proteger a las trasnacionales cometen una flagrante violación al mandato constitucional establecidoen el artículo 39 de la Constitución Federal, de gobernar en beneficio del pueblo mexicano.


Esta medida también refleja la discriminación de género contenida en los proyectos gubernamentales ya que nose consideraron los efectos que el cultivo de soya transgénica traería a las mujeres indígenas y campesinasquienes tradicionalmente conservan las semillas criollas, trabajan y cuidan la tierra. La autorización gubernamental de permitir la siembra de soya transgénica ha desconocido el importante papel que ellas desempeñan en lasupervivencia económica de su familia, de la comunidad y de la nación y pone en riesgo inminente su salud, la de sus hijas e hijos, la posesión de sus tierras, su seguridad alimentaria, y aun su integridad física al exponerlas a acciones violentas de despojo ocasionadas por el interés de concentrar y acaparar tierras para la siembra del cultivo referencia, violando las disposiciones contenidas en instrumentos específicos de protección a los derechos de las mujeres, como la Convención para eliminar todas las formas de discriminación hacia las mujeres (CEDAW) así como en el artículo 1 de la Constitución Mexicana.


Afectación del Derecho a la Salud


En la expedición del permiso otorgado a MONSANTO tampoco se evaluaron las consecuencias que seocasionaría a la salud de hombres, mujeres y niñas y niños. Según amplios estudios científicos, el glifosato puro omezclado [como en Roundup Ready®] puede causar irritación en los ojos, enfermedades respiratorias, malformaciones en bebés y abortos espontáneos; es carcinogénico, deteriora las células, e incluso puede alterar la estructura de ADN, por tanto no solo afecta a las personas expuestas sino que a todas las futurasgeneraciones.


Bajo este contexto, en 2009, el “Observatorio del Glifosato”, encontró que los niños expuestos al glifosato sufrieronde malformaciones, cáncer, insuficiencia renal, enfermedades respiratorias y hepáticas. Un dato significativo esque 1/3 de las muertes de niños y adolescentes en el grupo de edad de 0-19 años es atribuible a la contaminacióndel agua y saneamiento, y sustancias químicas. 6


Se ha comprobado que el glifosato daña a los embriones y la placenta de humanas y animales, provocando abortos y malformaciones. En el estudio “Daños a la salud de Soya Solución Faena (Soja transgénica RR) modificada para tolerar el uso delherbicida Roundup elaborado con base a glifosato”, se establece que afecta la producción de progesterona y propicia la muerte de células placentarias, como antecedente jurídico se menciona el caso de una mujer en Argentina (2001) que dio a luz a un niño con una malformación que le ocasionó la muerte. Este caso dio lugar a la documentación de más de 190 casos de cáncer y malformaciones atribuibles a la fumigación con glifosato. 7


La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que el glifosato está encuadrado en la máxima categoríade las sustancias tóxicas para el ser humano, “siendo capaz de romper la cadena de ADN de una célula humana,la que podría continuar con vida y degenerar en enfermedades terminales” 8 poniéndose en riesgo la vida del ser humano y de las generaciones futuras.


En razón de todo lo anterior, declaramos que:


Consideramos que la autorización para que Monsanto siembre soya solución faena en Chiapas y en el país, constituye un desastre socio ambiental de incalculables pérdidas para los mexicanos, ya que ninguna cifra económica reparará el daño que se ha producido sobre los ciclos naturales de la tierra, la costa, la naturaleza, y eltrabajo campesino. En la actual coyuntura político-electoral, de confirmarse el retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ala presidencia de la república mexicana, la situación se agrava, pues la organización campesina corporativa deeste partido, la Confederación Nacional Campesina (CNC), ha firmado desde abril del 2007 un convenio con laempresa Monsanto para la siembra no solo de soya, sino de otras variedades transgénicas, así como de siembrasde maíces criollos susceptibles de apropiación a favor de Monsanto.


Por lo tanto, renunciando a cualquier transacción económica que pueda derivarse de esta demanda;


Exigimos:


1. Que el estado mexicano cancele de inmediato la autorización para la liberación al ambiente de soyagenéticamente modificada (soya solución faena) en fase comercial, y todos los demás actos que seencuentren vinculados o sean consecuencia de esa acción.
2. Que se ordene a la Empresa Monsanto comercial S.A. de C.V. hacer pública toda la información sobrelos contratos firmados en los polígonos de siembra en Chiapas y en México
3. Que se ordene a Monsanto hacer pública toda la información disponible relativa a los impactosambientales ocasionados a los ecosistemas terrestres y marino-costeros, a su flora y a su fauna.
4. Que se ordene a Monsanto abstenerse de continuar con la siembra de transgénicos en el campoMexicano, en específico en Chiapas.


Las personas y organizaciones presentes convocamos a otras organizaciones campesinas, indígenas, ongs, científicos comprometidos con la sociedad, consumidores y personas en general para que se sumen a esta denuncia cuyo propósito es la CANCELACION DEFINITIVA DE LA SIEMBRA DE SOYA TRANSGENICA en Chiapas y en México, así mismo los invitamos a constituirnos en una red por la defensa de nuestra soberanía alimentaria, el derecho de nuestros pueblos, y la defensa de la vida misma.


1 http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=1&idTitulo=150983
2 http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/transgenicos/74-transgenicos/1252-ialerta-mexico-amenaza-de-transgenicos-y-monsanto.html
3 http://www.jornada.unam.mx/2012/06/12/opinion/020a2pol
4 http://www.greenpeace.org/mexico/es/Prensa1/2012/Junio/INTERPONEN-AMPARO-ORGANIZACIONES-Y-APICULTORES-CONTRA-AUTORIZACION-DE-SIEMBRAS-DE-SOYA-TRANSGENICA/
5 http://www.nodo50.org/worldwatch/ww/pdf/feudalismo.pdf
6 Francisco Vargas Marcos, Subdirector General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral del Ministerio de Sanidad yConsumo de España.
7 Una madre contra el glifosato. Disponible en: www.pagina12.comar/diario/sociedad/3-196270-2012-06-13-html
8 World Health Organization: Environmental Health Criteria, No 159.


Atentamente
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C.
Centro de Capacitación y Educación en Derechos Económicos, Sociales y Culturales “CCEDES”, A.C.
Desarrollo Comunitario Chiapaneco, A.C.
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa
Grupo de Mujeres de San Cristóbal De Las Casas A.C. (COLEM)
Maderas del Pueblo del Sureste, A.C.
Ana Luz Valadez Ortega
Martha Guadalupe Figueroa Mier
Victor Hugo López Rodríguez
Keila Nallely Bazán Briano
Sofía Olhovich Filonova
Mauricio Arellano Nucamendi
Dora Julieta Hernández Gómez
Flor Marina Bermúdez Urbina
Guadalupe Hernández Hernández
María Mercedes Olivera Bustamante
Marta Julia Mendoza Galvez
Carlos Manzo
Francisco Cuitlahuac Aguilar Pinto
Isabel Lozano Maurer
Rosaluz Pérez Espinosa
Mercedes Osuna
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 7 de julio de 2012


Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

jueves, 22 de marzo de 2012

MEXICO: Ola de represión contra dirigentes indígenas y opositores a transnacionales españolas, canadienses y CFE


MEXICO: Ola de represión contra dirigentes indígenas y opositores a transnacionales españolas, canadienses y CFE
Escala de agresiones en distintos puntos del país
Pide Naciones Unidas frenar abusos
Genaro Bautista / AIPIN

Desde el inicio del 2012, se ha desatado en México una ola de agresiones contra liderazgos indígenas.

Las agresiones y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, por parte del gobierno federal, van desde intimidaciones, hostigamiento, espionaje, e incluso detenciones arbitrarias, acusan, dirigentes indígenas.

Tal como ocurrió el 22 de febrero de 2012, a las 15:30 de la tarde, cuando la Procuraduría General de la República (PGR), detuvo a la defensora de derechos humanos Lucila Bettina Cruz Velázquez de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio.

La aprehensión, se dio en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Bettina Cruz, es una luchadora del pueblo zapoteco en la región, defensora de los derechos de los pueblos indígenas y reconocida opositora a la imposición del establecimiento y desarrollo de las empresas eólicas en la zona del Istmo oaxaqueño y también por las altas tarifas que cobra la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Su detención, detonó el sentimiento de inconformidad de la comunidad nacional e internacional, quien fue liberada un par de días más tarde.

“Este es un acto más de criminalización contra los luchadores sociales y defensoras de los derechos humanos”, sentenció Saúl Vicente, también del pueblo zapoteco de esta región y quien actualmente forma parte del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas.

El diplomático indígena obtuvo de inmediato el respaldo del Foro Permanente, ya que se realizaba en esos momentos una reunión previa en Managua, Nicaragua.

Así, el Foro Permanente de la ONU, se pronunció por el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, y pidió a México, garantizar la integridad de Bettina Cruz, de sus familiares y pueblos de la región, así como de su inmediata liberación.

Los diplomáticos de Naciones Unidas, indicaron que estarán pendientes de este caso, pero además de otros, como el de los indígenas que se defienden y se resisten a la intromisión de las mineras de capital canadiense en sus territorios y que ponen en riesgo su integridad física y cultural haciendo énfasis en los pueblos nahuas, zapotecos, mixtecos, Wirarika.

El encarcelamiento de Bettina, forma parte de la represión de la Procuraduría General de la República y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en contra de los movimientos de usuarios de la energía eléctrica que han expresado su descontento por el mal servicio, la prepotencia y los altos costos de la electricidad.

La Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), MAIZ, el Frente Regional de Pueblos Indígenas del Bajo Mixe-Choapam, se movilizaron de inmediato demandando la inmediata liberación de la dirigente Zapoteca.
El trasfondo de esta detención, señalaron, es la actual resistencia y negativa de los pueblos de Unión Hidalgo, San Mateo del Mar y San Dionisio del Mar a la construcción de parques eólicos y su negación a pagar las altas tarifas impuestas por la CFE.

También expresaron su apoyo a Bettina, las organizaciones del Movimiento Indígena Nacional (MIN).

Exigieron al Gobierno Federal y a la Procuraduría General de la República (PGR), la presentación y liberación inmediata de la activista indígena, Lucila Bettina Cruz Velázquez, detenida en el municipio de Santa María Xadani, Oaxaca, por agentes de la PGR.

El MIN, manifestó que a Lucina Bettina se le adjudican delitos del orden federal como: privación ilegal de la libertad, daños a los bienes nacionales como a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y por el delito contra la generación de la riqueza nacional.

La PGR argumentó que está detención está relacionada con una protesta ocurrida el 13 de abril de 2011, cuando un grupo de personas, tomaron las oficinas de la CFE, ubicadas en el kilómetro 821 de la Carretera Panamericana, en Juchitán, donde hicieron el llamado a la población a negarse a pagar el servicio de energía eléctrica.

El MIN señaló que no se puede criminalizar a una defensora de derechos humanos, la cual es una digna representante de la mujer indígena y una persona muy importante para los pueblos y comunidades indígenas de la Región del Istmo de Tehuantepec.

Desde 2005 a la fecha, se han dado en el Istmo de Tehuantepec, importantes luchas de resistencia indígena y civil contra las altas tarifas de la CFE y contra el despojo que las empresas transnacionales españolas como: Iberdrola, Preneal, Endesa, Gamesa, Acciona, Eurus, DEMEX, indica el MIN en su pronunciamiento.

El ejemplo de Bettina, lo siguieron indígenas de 39 municipios de la región de la Montaña, Costa Chica, y parte de la zona Centro del estado de Guerrero, a quienes la Comisión Federal de Electricidad, les pretendía cobrar 103 millones de pesos.

Aunque destacan que la aprehensión, se dio por la resistencia mostrada por los pueblos de Unión Hidalgo, San Mateo del Mar y San Dionisio del Mar contra la construcción de parques eólicos.

En noviembre pasado Bettina en la reunión del Movimiento Indígena Nacional, “Desafíos indígenas en el siglo XXI. Encuentro entre Pueblos, manifestó y denunció el hostigamiento y los riesgos de ser encarcelada por el gobierno del presidente Felipe Calderón, debido a su férrea postura contra las empresas españolas, quienes con complicidad gubernamental, están despojando a los pueblos zapotecos e ikoots, de su territorio.

Por su parte, el Grupo de Acción Revolucionaria, emplazó al gobierno de México, a cancelar las averiguaciones previas y órdenes de aprehensión contra los indígenas, así como la cancelación del Megaproyecto Eólico del Istmo de Tehuantepec que violenta los derechos de los pueblos indígenas.

Pero la historia de agravios no es exclusiva del istmo oaxaqueño. En Morelos a escasas dos horas de la ciudad de México, la  comunidad nahua de Tetelpa, está defendiendo al cerro de la Tortuga, ya que corren el riesgo de ser despojados de su territorio ancestral.
Aunque otra de las regiones donde la persecución, el hostigamiento, la infiltración, el espionaje, es una constante, se encuentra en la Huasteca y Sierra Oriental.

El 13 de febrero, el Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (FDOMEZ), protestó por el citatorio del Ministerio Público, a los adolescentes, Fernando Hernández y Pedro Hernández, de la comunidad de Tohuaco II.

El Fdomez, estima que la acción judicial, es parte de la criminalización de la pobreza, protesta social, como política de Estado.

La organización, integrada en su mayoría por indígenas nahuas y totonacos, había evidenciado el pasado mes de enero, ser objeto de espionaje, al descubrir un campamento militar ex profeso para detectar operativos contra comunidades huastecas.

En un reporte, distribuido por el Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata, que también es parte del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), denuncia de la intensificación del acoso policiaco-militar por medio de las estructuras de inteligencia del Estado mexicano en contra de pueblos organizados y de manera particular hacia autoridades comunitarias, representantes locales y nacionales de dicha región.

Los dirigentes huastecos, subrayan ser objeto de infiltraciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la agencia de inteligencia de México, de Servicios Secretos, dependiente de la Secretaría de Gobernación además de la inteligencia militar.

Acusan hostigamiento policiaco en sus actividades políticas-organizativas, incrementándose, afirman, desde el arribo de Felipe Calderón a la presidencia de la República.

La organización huasteca, menciona que el 2 de Octubre del 2011,  una partida del ejército mexicano arribo a Chapopote, Chalma, Veracruz, disparando a una casa. Muy cerca, apuntan, se ubica la Casa Campesina-Popular ubicada en Tecoluco, Calpan, Municipio de Huautla, Hidalgo.

Esta acción, sirvió para justificar el establecimiento de retenes castrenses alrededor de las distintas comunidades afines al Fdomez, además de que se realizan interrogatorios a los habitantes de esta región.

En el mes de diciembre, agentes del CISEN pretendieron infiltrarse en un transporte que serviría para llevar a participantes de un festival político cultural de la comunidad el Mezquite, a fin de tener de primera mano conversaciones de asistentes a tal evento.

La intimidación hacia los dirigentes indígenas es constante.

El 9 de enero del 2012, se publicó del presunto fallecimiento de Alejandro Hernández Dolores.

Alejandro Hernández Dolores, es identificado por las fuerzas de seguridad mexicano como uno de los principales creadores del Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata, desde la década de los ochentas y al cual los servicios de inteligencia no han podido ubicar, por eso esparcieron el rumor sobre su fallecimiento.

Mediante una conferencia de prensa, el 16 de enero el Fdomez, desmintió la versión de la muerte de Hernández Dolorez e informó que habitantes de las comunidades de Tohuaco II y Tohuaco Amatzintla, descubrieron un campamento militar y paramilitar en la cúspide del cerro Tres Cruces.

El lugar donde se encontraban acantonados las fuerzas castrenses, es un lugar estratégico para vigilar desde ese punto las actividades políticas, sociales, culturales y deportivas del Campo Mártires Agraristas

El 21 de enero pasado, una comisión de representantes de las comunidades organizadas, el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHHSO), la Red de Los Derechos Humanos acudieron al lugar a constatar la presencia de los militares.

Entre los comisionados estuvieron reporteros de los diarios de las Huastecas, Juan Hernández, periódico Zu-Noticia, Roberto Meza y Eulalio Ramírez de la Radio 93.9.

El FDOMEZ, mostró, así, cómo el Estado mexicano a través de la militarización y el impulso de las bandas paramilitares, se cometen crímenes de lesa humanidad contra organizaciones disidentes y luchadores sociales.

Con la acción de estos grupos de choque México, busca evadir su responsabilidad, como ha ocurrido en Acteal y en el Bosque, Chiapas, las masacres en Aguas Blancas y en el Charco en Guerrero, entre otros.

Oaxaca: Crean Comisión para la defensa del territorio zoque de Los Chimalapas

Decreto crea la Comisión para Defensa Integral de Chimalapa

Oaxaca, Oax.- Ante autoridades municipales y agrarias de San Miguel y Santa María Chimalapa, el gobernador Gabino Cué Monteagudo firmó ayer el decreto de creación de la Comisión para la Defensa Integral del Territorio del Pueblo Zoque Chimalapa.

En entrevista, después de atestiguar con otros funcionarios, la suscripción del documento, el secretario de Asuntos Indígenas de la administración estatal, Adelfo Regino Montes informó que el decreto muestra la decisión de la administración estatal para respetar y hacer valer los derechos a la tierra, al territorio y al resguardo y manejo sustentable y comunitario de los bienes naturales comunes del pueblo indígena zoque Chimalapa y de sus comunidades agrarias, así como procurar la protección y conservación de los ecosistemas y de la invaluable biodiversidad existente en la región.

Explicó que este organismo estará adscrito directamente al gobernador Cué Monteagudo y tendrá como propósito fundamental decidir, coordinar, implementar, coadyuvar y dar seguimiento a las acciones para la defensa integral de las tierras, territorios y bienes naturales comunes del Pueblo Zoque Chimalapa.

Regino Montes precisó que la Comisión para la Defensa Integral del Territorio del Pueblo Zoque Chimalapa deberá definir, promover y coadyuvar en las acciones y recursos legales de defensa integral de las tierras, territorios y bienes naturales comunes del Pueblo Zoque Chimalapa.

Además, coordinar los trabajos de campo necesarios, con las instancias correspondientes, que mantengan con precisión y en forma permanente, las colindancias y límites agrarios y territoriales del Pueblo Zoque Chimalapa, así como buscar el diálogo y el fortalecimiento de las relaciones amistosas que permitan alcanzar los acuerdos constructivos para lograr la conciliación, la paz y la tranquilidad de todos los habitantes de la región zoque chimalapa, basados en el respeto a los derechos indígenas, y en la búsqueda de equidad social y sustentabilidad ecológica.

Mencionó que el organismo también gestionará ante los órganos competentes los proyectos, acciones u obras pertinentes que permitan la distensión y solución del conflicto agrario, ambiental y social, así como el desarrollo armónico y sustentable de la región, y vigilar que en el proceso de defensa se de efectivo cumplimiento y aplicación de los derechos colectivos sobre las tierras, territorios y bienes naturales comunes del pueblo zoque chimalapa, y su derecho al consentimiento libre, previo e informado.

Refirió que la Comisión para la Defensa Integral del Territorio del Pueblo Zoque Chimalapa también será una instancia de opinión y consulta respecto de cualquier proyecto de desarrollo, acción jurídica o administrativa que pretenda implementarse en la región zoque chimalapa, respetando el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado y procurando la preservación del patrimonio natural y cultural, tangible e intangible del Pueblo Zoque Chimalapa.

Destacó que el organismo estará integrado por un consejo colegiado, encabezado por el gobernador Cué Monteagudo, y por el comisionado ejecutivo, así como las autoridades municipales y comunales de San Miguel y Santa María Chimlapa, funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, de Finanzas, de Desarrollo Social y Humano, de Asuntos Indígenas, de la Consejería Jurídica y de la Junta de Conciliación Agraria.

Regino Montes dijo que el consejo colegiado tendrá entre otras atribuciones, definir y proponer las acciones y recursos legales que correspondan para la defensa integral de las tierras, territorios y bienes naturales comunes del pueblo zoque Chimalapa; proponer medidas administrativas y legislativas ante las instancias correspondientes, para la defensa integral de las tierras, territorios y bienes naturales comunes del pueblo zoque chimalapa, y determinar y dar seguimiento a las acciones emprendidas por el organismo para la solución del problema agrario y social en la región zoque chimalapa, a través del diálogo y la conciliación.

OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO

Chiapas: Resisten desalojo en reserva Montes Azules


Asociación Rural de Interés Colectivo
"Unión de Uniones Independiente y Democrática AC."
ARIC- UUID. AC
1ª. NORTE No 65, BARRIO EL CENTRO, OCOSINGO CHIAPAS
C.P. 29950 TEL. Y FAX: 01 919 67 3 09 49

Ocosingo, Chiapas, a 13 de marzo de 2012
A la Opinión Pública Nacional e Internacional.
A las Organizaciones de la Sociedad Civil
A los Pueblos Indígenas de México y el Mundo.
Al Representante de la Alta Comisionada de DD. HH de la ONU, en México.
Presente.

Como hemos informado a los Pueblos del Mundo, que tras más de 35 años de conflictividad agraria entre los Bienes Comunales Zona Lacandona y tres poblados, (San Gregorio, Ranchería Corozal y Salvador Allende, miembros e la ARIC UU. ID) asentados en terrenos de los BCZL, llegamos a un acuerdo de conciliación que terminó con el conflicto agrario y el reconocimiento por parte de los BCZL de las posesiones de nuestros tres poblados. Por lo que los BCZL, le solicitaron a la Secretaría de la Reforma Agraria, que conforme a lo establecido en la Ley Agraria, en su artículo 93, procediera a expropiar sus terrenos y entregarlos a los hermanos indígenas tzeltales y tzotziles de los tres pueblos.

Hemos caminado conjuntamente la ARIC UU ID y los BCZL, exigiendo justicia, y hasta el momento solo hemos encontrado omisiones y amenazas de desalojar a los tres pueblos y la última, llegó el día domingo 11 de marzo de 2012. El Director Regional Biólogo. Francisco Javier Jiménez González y el Director de la Reserva de la Biósfera de Montes Azules Lic. Julio César Romi Cortez, ambos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, mandaron a una persona del Ejido Candelaria quien llegó hasta los tres poblados con la encomienda de dar el recado de estos dos funcionarios de manera verbal diciendo
"que los tres pueblos solo tienen una semana a partir del lunes 12, de aceptar el pago y salirse de las tierras que están ocupando, que de no hacerlo están lista las policías federal y estatales para desalojarlos".

Ante esta nueva amenaza, violatoria del Artículo 1º, 2º y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, decimos que: RESPONSABILIZAMOS, al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Secretario de la Reforma Agraria y al Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas y en general al Estado Mexicano, por las ACCIONES que han venido implementado como las amenazas y OMISIONES en las que han incurrido, al no dar respuesta a la solicitud de regularización vía la expropiación agraria, conforme a los acuerdos alcanzados entre la ARIC UU ID y los BCZL.

No permitiremos un desalojo más, el derecho y la razón nos asiste como Pueblos Indígenas y conforme a nuestros derechos humanos. Además LES RECORDAMOS, somos descendiente y herederos del Pueblo Maya, quienes habitaron y vivieron de estas tierras, desde antes de la colonización.

ATENTAMENTE

VICENTA MÉNDEZ RUÍZ SALVADOR LORENZO RUIZ

PRESIDENTA

 
SALVADOR LORENZO RUIZ

T E S O R E R O


ANTONIO VÁZQUEZ VÁZQUEZ


CONSEJO DE VIGILANCIA

Guerrero: LA PRESA LA PAROTA NO SE HARÁ

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CON LA FIRMA DEL GOBERNADOR O SIN LA FIRMA, LA PAROTA NO SE HARÁ



ES LA DECISIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL CECOP

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LA MOVILIZACIÓN DEL CECOP OPACA EL SILENCIO OFICIAL
La invitación del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) al Gobernador del estado de Guerrero a la Asamblea General del 11 de marzo para firmar los Acuerdos de Cacahuatepec tuvo como respuesta el silencio. Como anticipamos, esto es un desafío y falta de respeto para el movimiento. También es una falta de visión política del gobierno del estado. A lo que llamamos, al exigir la cancelación definitiva de la Presa La Parota es a defender al estado de Guerrero de la depredación y el saqueo. Ninguna hidroeléctrica, ninguna mina son desarrollo para el estado ni para el país. Menos aún si son financiadas con capitales extranjeros que se llevan la ganancia, como sería la Presa La Parota o los proyectos mineros canadienses.

Llamamos al Gobernador a ser partícipe de la defensa de las tierras guerrerenses. No quiso, calló. Nosotros sí vamos a defender estas tierras y el agua, pero sobre todo vamos a defender el carácter comunitario de nuestro territorio que es comunal y es indígena. Lo haremos a través de la movilización, profundizando la libre determinación, característica de nuestra resistencia de nueve años contra la imposición, a la fuerza, de ese negocio de los capitales trasnacionales llamado Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota promovido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa paraestatal que fue expulsada de nuestro territorio desde el inicio de nuestro movimiento de resistencia, el 28 de julio de 2003.

La firma de los Acuerdos de Cacahuatepec con el gobierno del estado es solamente un paso más en el sinnúmero de acciones que hemos emprendido para lograr la Cancelación Definitiva de la Presa La Parota. Acciones que van desde nuestras visitas a la Residencia Presidencial de Los Pinos y el Congreso de la Unión hasta la exposición del conflicto en el Comité DESC de la ONU en Ginebra, Suiza, y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.

Sin embargo sigue en pie nuestro emplazamiento al Gobernador para la firma de los Acuerdos. Estos comprenden cinco puntos: gestionar la cancelación definitiva de la Presa La Parota ante el Ejecutivo federal, demanda única del CECOP;  no promover ninguna asamblea fraudulenta más (sobre este asunto y los siguientes se pronunció públicamente el gobernador);  no usar la fuerza pública contra el CECOP ni contra los movimientos sociales; respetar las sentencias del Tribunal Unitario Agrario que declaran nulas las asambleas amañadas con que buscaron el aval para iniciar el proceso expropiatorio; y respaldar las acciones del CECOP por recuperar y recomponer el tejido social destruido por la CFE en nuestras comunidades.

  LA MOVILIZACIÓN

1.    Convocamos a movilizarnos el 23 de marzo. En vías hacia la Unidad llamamos a todos los habitantes de los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec a incorporarnos a la Acción Comunitaria por la Unidad y la Paz propuesta por la Iglesia Católica para el viernes 23 de marzo a las 9:00 a.m. que partirá de la Vereda de Amatillo, en San Pedro Cacahuatepec para culminar en Las Parotas.

2.    Llamamos a una gran movilización el mes de mayo por la Cancelación Definitiva de la Presa La Parota.

LA PARTICIPACIÓN Y SOLIDARIDAD CON LOS MOVIMIENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

El CECOP respalda y participará el 29 de marzo en las acciones que se llevarán a cabo en todo el territorio nacional en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el cobro arbitrario de las altas tarifas de luz y por la represión a los electricistas del SME, a los integrantes de la Red Nacional de Resistencia civil, a la Asamblea Nacional de Usuarios y a los movimientos de resistencia contra los proyectos eólicos y las hidroeléctricas.

El CECOP integra el evento del día de hoy como parte de las acciones del 14 de marzo, Día Internacional de Acción por los Ríos y contra las Presas que se conmemora a nivel mundial.

Nuestro movimiento se une y se solidariza con la resistencia de los compañeros chilenos contra la represa Hidroaysén, con la Marcha Nacional por el Derecho al Agua en Perú, la resistencia del pueblo Ngäbe Buglé en Panamá, la resistencia mesoamericana contra las represas y, desde luego se solidariza y respalda la lucha de Temacapulín contra la presa El Zapotillo en Jalisco, y del Copudever contra el proyecto Paso de la Reyna en Oaxaca.

El CECOP será parte de la Audiencia Ambiental del Tribunal Permanente de los Pueblos.

 
¡VIVA LA LUCHA Y LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS!

¡LA TIERRA NO SE VENDE!  
 
Aguacaliente, Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, Acapulco, Gro. México.

CONSEJO DE EJIDOS Y COMUNIDADES OPOSITORES A LA PRESA LA PAROTA

CECOP

MEXICO: Demandan castigo para asesinos de Bernardo Vázquez Sánchez, opositor a minera Cuzcatlán

El crimen no puede quedar impune: Saúl Vicente de la ONU
Piden suspensión de minera
Genaro Bautista / AIPIN
 
El asesinato de Bernardo Vázquez Sánchez, de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), en el estado de Oaxaca, la noche del 15 de enero, quien fue opositor al establecimiento de mineras en pueblos indígenas, ha desatado una airada indignación y condena unánime de amplios sectores, sociales, políticos y de organismos internacionales.
 
Saúl Vicente Vázquez del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emplazó al gobierno de México, a encontrar y castigar a los culpables de este hecho, y calificó de cobarde el asesinato.
 
“Este ataque se suma a la cadena de agresiones que ha sufrido esta organización y la comunidad de San José el Progreso, donde actúa un grupo armado, presumiblemente defensor de la minera Cuzcatlán, como lo señaló Bernardo en una entrevista que le realicé un par de meses atrás”, apunta Saúl Vicente.
 
Experto de Naciones Unidas, Vicente Vázquez, subrayó que los resultados del encuentro con Bernardo Vázquez Sánchez, lo reportó ante el Comité contra la Discriminación Racial de la ONU, durante el informe de México ante ese órgano de las Naciones Unidas, quien emitió duras recomendaciones al Gobierno mexicano.
 
Saúl Vicente, zapoteco del istmo de Oaxaca, exige el esclarecimiento de este homicidio y el castigo a los responsables materiales e intelectuales de este hecho. No debe quedar impune, enfatiza.
 
De manera inmediata, pide la suspensión de la concesión de la empresa minera, quien no está cumpliendo con la normatividad al tomar el agua de la comunidad para las actividades de su empresa, cuando esa zona se caracteriza por contar con escasez de ese vital líquido, lo que pone en riesgo la sobrevivencia misma de la comunidad, aunado al proceso de explotación a cielo abierto y el proceso de lixiviación para extraer el mineral, lo cual puede llevar a la contaminación de los mantos freáticos, señala.
 
Bernardo Vásquez Sánchez, cayó muerto en una emboscada en Santa Lucía, Ocotlán.
 
Recién, el pasado 18 de enero, fue igualmente abatido Bernardo Méndez Vásquez, también de CPUVO, manifestaron la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del istmo (UCIZONI), así como la Coordinadora del Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Estado de Oaxaca.
 
Es otro crimen que permanece impune, a pesar de que fueron identificados plenamente los autores materiales, entre ellos, empleados y familiares de Mauro Alberto Sánchez, Presidente Municipal de San José del Progreso estrechamente ligado con la minera canadiense y quién públicamente amenazó a Bernardo Vázquez, señala la UCIZONI.
 
Apenas el 19 de enero pasado, Vásquez Sánchez, cuestionó duramente el gobierno de Gabino Cué por su incapacidad para resolver el conflicto que priva en San José del Progreso y de prestarse a los intereses de la minera Cuzcatlán.
 
En una conferencia de prensa en ese entonces, acusó al edil de San José del Progreso de ser quien dio la orden de la balacera que dejó dos heridos unos días antes, cuando la Policía Municipal reprimió a los inconformes con el tendido de una tubería para llevar agua a la mina Cuzcatlán.
 
La muerte del dirigente, tuvo reacciones inmediatas de grupos civiles.
 
El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Servicios del Pueblo Mixe, Ser Mixe, Servicios para una Educación Alternativa EDUCA, el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, el Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño BARCA, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Prodh y la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca UNOSJO, repudian el asesinato y cuestionan la actitud pasiva e indolente del gobierno de Gabino Cué Monteagudo, sobre este caso y ante el conflicto social y político de San José del Progreso.
 
Las organizaciones reiteran su denuncia contra la empresa minera Cuzcatlán quien cuenta con grupos armados al interior de la comunidad y tiene todo el respaldo de las autoridades municipales y estatales, subrayan. Una de estas cuadrillas de pistoleros forman parte de la “Asociación Civil San José Defendiendo sus Derechos”, revelan.
 
La comunidad nacional y local, responsabiliza al presidente municipal de San José del Progreso, Alberto Mauro Sánchez y a la empresa minera Cuzcatlán por los asesinatos de Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez.
 
Las organizaciones civiles, exigen se respete la demanda principal de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, quienes piden la salida inmediata de la empresa minera, dado que a raíz de su entrada y por sus actos de corrupción se han generado diversos enfrentamientos en la comunidad, terminando con la vida de 2 defensores de derechos humanos.
 
En la emboscada donde murió Bernardo Vázquez, fueron heridos Rosalinda Canseco y Andrés Vásquez Sánchez.
 
El occiso había alertado desde 2008 sobre posibles enfrentamientos en la comunidad de San José del Progreso, a raíz de la entrada de la empresa minera Cuzcatlán S.A de C.V. filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, quien inició sus operaciones sin el consentimiento de la comunidad.
 
En repetidas ocasiones los miembros de la CPUVO denunciaron que la empresa minera estaba financiando a grupos armados en la comunidad con el aval del presidente municipal de San José del Progreso, Alberto Mauro Sánchez.
 
Las autoridades estatales hicieron caso omiso a dichas denuncias, al grado de afirmar que el grupo inconforme solo buscaba desestabilizar a la comunidad, cuando se trata de indígenas que defienden su pueblo y sus recursos naturales.
 
Por su parte, UCIZONI se une a la condena generalizada por el asesinato de Bernardo Vázquez Sánchez, quien encabezara una intensa lucha en contra de la minera canadiense Cuzcatlán filial de la trasnacional Fortune Silver.
 
La empresa minera Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Inc, violenta lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT, que instituye la consulta previa, libre e informada para la realización de proyectos en territorios indígenas, apunta la Coordinadora del Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Estado de Oaxaca.
 
Los pueblos indígenas, sus organizaciones y defensores de los derechos humanos, al igual que la ONU, demandan que el gobierno estatal garantice de manera urgente que los territorios indígenas de Oaxaca no sigan siendo objeto de concesión o contrato para obras y empresas públicas y privadas sin considerar el Convenio 169 de la OIT, en especial los proyectos de construcción de presas, explotación de minerales, de industrias extractivas y aprovechamiento de energía eólica.