FAO: Directrices sobre la Tierra, las Pesquerías y los Bosques

FIAN, 13 de marzo.- El pasado viernes 9 de marzo a las 9pm, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) concluyó las negociaciones intergubernamentales sobre las Directrices de la FAO relativas a la Tenencia de la Tierra, las Pesquerías y los Bosques en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional.
Con el exitoso cierre de estas negociaciones después de un proceso Participativo de cerca de 3 años, el CSA ha demostrado tener capacidad para convocar al debate a múltiples actores sociales y para buscar soluciones a una de las problemáticas más delicadas de hoy, como es el acceso a los recursos naturales para la producción de alimentos.

Más de 45 personas representando a 20 organizaciones de todas partes del mundo participaron en esta última ronda de negociaciones. Las Directrices contienen instrumentos novedosos que contribuirán al fortalecimiento de las organizaciones en su larga lucha por asegurar el uso y cuidado de los recursos y Bienes Naturales con el fin de producir alimentos sanos, contribuyendo así a erradicar el hambre en el mundo y sus causas profundas.

Asegurar el acceso a la tierra, las pesquerías y los bosques es crucial no sólo para permitir a los pequeños productores alimentar al mundo. El acceso a los recursos naturales es cuestión de dignidad y de vida o muerte para millones de comunidades de agricultura campesina, pastores, pueblos indígenas y pescadores.
En muchas regiones, la ocupación de los territorios crea sufrimiento masivo por el desplazamiento de personas y comunidades; y la destrucción y confiscación de sus parcelas acrecentando aún más los conflictos violentos. Sólo en los últimos meses mientras se negociaba este documento, líderes sociales de varias regiones del mundo fueron asesinados o perseguidos por su lucha.

En América Latina, queremos recordar a Jerónimo R. Tugri y Mauricio Méndez de Panamá, Bernardo Méndez Vásquez de México, Christian Ferreyra de Argentina, y a los campesinos asesinados a causa del conflicto de tierras en el Bajo Aguán en Honduras. Igualmente nos queremos solidarizar con Herman Kumara, líder del Foro Mundial de Pescadores, quien está siendo amenazado de muerte y ha tenido que abandonar su país Sri Lanka.

A pesar de las masivas, sistemáticas y multifacéticas violaciones a los derechos humanos en el mundo rural, la reticencia que muchos gobiernos mostraron durante estas negociaciones a reafirmar sus compromisos ya asumidos en diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos en relación con los recursos naturales nos obliga a redoblar esfuerzos.

De igual forma, lamentamos que en el transcurso de las negociaciones, los gobiernos consideraran las grandes inversiones en agricultura industrial como indispensables para el desarrollo de nuestros países.

Hacemos nuevamente un llamado a la comunidad internacional toda, a los Estados y gobiernos del mundo a fin buscar caminos para que la soberanía alimentaria construya una nueva etapa en la historia. Estas Directrices entendidas como derecho a la tierra, las pesquerías y los bosques para la humanidad toda, podrán ser otra herramienta en el camino para erradicar el hambre del mundo.

Intervención del Foro Internacional de Pueblos Indígenas ante la Cumbre de Durban sobre Cambio Climático

Mientras los Estado Parte negocian las soluciones sobre el cambio climático, las actuales medidas y acciones sobre cambio climático y los proyectos de desarrollo están resultando en graves y masivas violaciones de los derechos de los pueblos indígenas, que se suman al impacto del cambio climático.

Exigimos a los estados mecanismos que garanticen, reconozcan y respeten la aplicación de la jurisprudencia internacional de los Derechos Humanos y los Derechos de los Pueblos Indígenas, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, el derecho al consentimiento previo, libre e informado, y el derecho a la libre determinación y autonomía sobre nuestros territorios en el marco de las negociaciones, políticas y medidas para enfrentar el cambio climático, así como medidas claras de compensación y restitución de territorios indígenas afectados. En el mismo sentido, demandamos mecanismos que aseguren la participación plena de los pueblos indígenas en la toma de decisiones de la CMNUCC.

Demandamos a todas las partes a comprometerse a un segundo período de compromisos del Protocolo de Kyoto, con metas ambicionases y mecanismos  de control y cumplimiento claramente establecidos. Cualquier nueva iniciativa que lleve a un acuerdo legalmente vinculante no debe desviarse de los principios de la obligación histórica y responsabilidad común pero diferenciada de los Estados del  Anexo 1. Del mismo modo, cualquier nuevo acuerdo no deberá servir de excusa para que los Estados eviten la adopción de medidas inmediatas para reducir drásticamente sus emisiones de carbono. Mayores atrasos sería perpetuar un acto de injusticia para los pueblos del mundo.

El Fondo Verde del Clima, debe tener una distribución equitativa de fondos para acciones de mitigación y adaptación, en el que los pueblos indígenas deben tener acceso directo al financiamiento. Los Estados deben asegurar un nivel suficiente de financiamiento provenientes de fondos públicos e impuestos a las grandes corporaciones contaminantes, estos deben ser adicionales a la Ayuda al Desarrollo (ODA) y este debe responder directamente ante la Conferencia de las Partes.

En relación con la mitigación y REDD +, salvaguardas y mecanismos que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos, así como su derecho a la participación plena y efectiva y lel Consentimiento Pleno Libre e Informado tienen que ser condiciones para la aplicación de estos programas y acciones, estos principios deben aplicarse también a los mecanismos de adaptación. Las iniciativas de fortalecimiento de capacidades de los pueblos indígenas deben ser apoyadas con el suficiente y adecuado financiamiento a través de tecnologías apropiadas, sin ningún tipo de condiciones.

Por último, nosotros, los pueblos indígenas del mundo, seguiremos luchando desde nuestras comunidades para impulsar soluciones efectivas ante el cambio climático. Afirmamos nuestra más amplia voluntad de trabajo conjunto con los estados y otros actores para hacer frente a esta crisis planetaria.

SUDAFRICA: Denuncian que la propuesta boliviana en la Cumbre de Durban no contempla los derechos de los pueblos indígenas

ERBOL, La Prensa

El mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), Rafael Quispe, denunció que la propuesta que la delegación del gobierno boliviano presentó en el marco de la Conferencia de las Partes (COP 17) de Durban Sudáfrica no contempla los derechos de los pueblos indígenas.

Hizo esa observación porque en la conferencia climática de Tiquipaya de 2010 se acordó el respeto de los pueblos indígenas y de la Pacha Mama (madre tierra). "Es una propuesta que no toma en cuenta nuestros derechos. Dice ser un gobierno indígena y en su propuesta no muestra nada de eso", señaló el originario desde Durban a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.

El exministro de Agua, René Orellana, preside la comisión boliviana y según el representante del CONAMAQ presentó un documento en el que se hace referencia a la importancia de los bosques y muestra preocupación sobre la utilidad de los mercados de carbono.

"La propuesta quiere fortalecer las acciones colectivas de las comunidades locales, y el desarrollo de iniciativas económicamente sostenibles que implique el doble rol de los bosques (adaptación y mitigación)", explicó Quispe.

Un informe de la periodista Mónica López hace conocer que Bolivia busca desarrollar iniciativas económicas sostenibles para la administración de los bosques. Además del control y el monitoreo de los mismos.

Según el indígena la posición de Bolivia fue observada además por los representantes de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), quienes también son parte de la conferencia en África.

SUDAFRICA: Indígenas cuestionan doble discurso de Evo Morales en tema ambiental

Servindi

La imagen mundial de Evo Morales como defensor de la Madre Tierra se deterioró aún más luego que líderes indígenas presentaran el miércoles en Durban un video sobre la represión policial que sufrieron indígenas que protestaban contra una carretera que pretendía atravesar el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

Los indígenas de Bolivia Adolfo Chávez y Rafael Quispe, acompañados de Edwin Vásquez (Perú) presentaron ayer en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 17) que se desarrolla en Sudáfrica un video de la brutal represión policial a cientos de manifestantes el 25 de septiembre de 2011. “Un presidente indígena que se dice defensor de la Madre Tierra ha querido asesinarla traspasándola con un camino. Nuestros derechos han sido violados y no hay palabras para contar lo que pasó en la marcha del Tipnis que defendía nuestro territorio indígena”, dijo Chávez, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob).

Rafael Quispe, dirigente aymara del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (CONAMAQ), subrayó que “no es suficiente tener un presidente de rostro indígena (porque) la lucha de los pueblos sigue en las carreteras, en las calles, para la defensa de la Madre Tierra y, en síntesis, por la vida y para evitar el calentamiento global”.

Por su parte, la delegación oficial de Bolivia en Durban encabezada por René Orellana, evitó pronunciarse sobre las acusaciones de los dirigentes indígenas ni defendió la construcción de una carretera por la reserva del Tipnis.

Respuesta oficialista

Si bien la delegación oficial optó por el silencio el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, acusó el golpe, y en una rueda de prensa en la sede de Gobierno tildó de “sensacionalistas” a los dirigentes indígenas.

“Nos llama la atención porque ambos dirigentes en vez de defender a un presidente indígena defienden a empresas privadas que están explotando el Tipnis. Por primera vez en la historia del país los indígenas están defendiendo capitales privados”, afirmó Navarro.

A su juicio, ambos dirigentes buscan defender las inversiones privadas, incluso ilegales, que funcionan al interior del Tipnis. “Esto es muy lamentable porque pareciera que han subordinado el interés colectivo de los indígenas al interés privado”, argumentó.

Navarro criticó el comportamiento “sensacionalista” de los dirigentes que, a su juicio, descalifican las gestiones del Gobierno frente a los medios de comunicación, pero no son propositivos en las reuniones con el Jefe de Estado.

“Una cosa es verlo al señor Quispe declarando a los medios y otra es verlo de manera angelical en las reuniones con el Presidente, realmente llama la atención. Los que más critican a través de los medios son los que menos hablan en las mesas de trabajo. Entonces veo que hay comportamientos sensacionalistas de algunos dirigentes para hacer shows y no aportar” aseveró Navarro.

También ex Embajador Solón critica a Evo

“Debe haber coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. No se puede hablar de defensa de la Madre Tierra y al mismo tiempo promover la construcción de una carretera que hiere a la Madre Tierra, no respeta los derechos indígenas y viola de manera “imperdonable” los derechos humanos”, señaló Pablo Solón, en una carta pública.

“Cómo país impulsor del Día Internacional de la Madre Tierra tenemos la gran responsabilidad de dar el ejemplo a nivel mundial. Nosotros no podemos repetir las recetas del “desarrollismo” fracasado que ha llevado a la relación de la humanidad con la Madre Tierra a un punto de quiebre”, manifiesta Solón.

“Es incomprensible que promovamos la realización de una Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas para el 2014 si no somos vanguardia en la aplicación de la “consulta previa, libre e informada” a los pueblos indígenas dentro de nuestro propio país” agregó.

Solón indicó que miles de delegados de los cinco continentes que participaron en la Primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los derechos de la Madre Tierra están profundamente contrariados por la posición del gobierno de Bolivia.

“El conflicto del TIPNIS nunca debió haber existido. La integración caminera es necesaria pero no a través del TIPNIS. Es cierto que será más caro construir una carretera que no va a través del TIPNIS. Pero tratar de ahorrar 200 o 300 millones de dólares sin tomar cuenta los costos socio ambientales es ir en contra de los principios del Vivir Bien”, señala la carta de Solón.

Evitar caer en el juego de la derecha

Pablo Solón sugiere que “Para cerrarle el paso a la derecha que quiere instrumentalizar la protesta para retornar al pasado debemos ser más consecuentes que nunca en la defensa de los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de la Madre Tierra” prosigue Solón.

“Aun es posible resolver esta crisis si se suspende definitivamente la construcción de la carretera a través del TIPNIS, llevamos a la justicia a los responsables de la represión a la marcha indígena, e iniciamos un amplio proceso participativo de debate nacional para definir una nueva agenda de acciones en el marco del Vivir Bien”, agregó.

Alerta a cambios de la ley corta

Miguel Urioste, director de la Fundación Tierra, denunció como “un atentado” a los derechos de los pueblos indígenas que el Gobierno proponga modificar la ley corta de preservación del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), advirtió la agencia Anf.

Ello en razón de que voceros del Movimiento Al Socialismo y sectores campesinos cocaleros afines al Gobierno propusieron modificar la ley de defensa del Tipnis que surgió luego de la VIII marcha indígena e incluso proponen que el tema se debate en la cumbre social convocada por el Gobierno del 12 al 14 de diciembre. “Es una conducta contradictoria por parte del Gobierno. Aprueban una ley que ahora están intentando que se anule y sectores populares, en pocas palabras colonizadores, se movilizan en contra de los indígenas. Esto más que un error, es un atentado a los derechos humanos y un atentado a los derechos de los pueblos indígenas” agregó Urioste.

“Por los visto esta decisión gubernamental, no era una decisión genuina ni transparente, no era una decisión franca, sino, que era una medida distraccionista para desconcentrar la marcha indígena y volver a plantear la construcción de la carretera

SUDAFRICA: Ecos de Durban - 2 diciembre 2011

Pasa La Voz

En Durban, a cinco días de iniciada la XVII Cumbre de la ONU sobre Cambio Climático (COP17), se respira incertidumbre sobre los resultados finales de las negociaciones sobre cambio climático y del futuro del Protocolo de Kioto.

En este marco, el Foro Internacional de Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático (FIPICC) y las distintas delegaciones se han pronunciado por un segundo período del Protocolo de Kioto 2013 – 2020, y que éste sea vinculante de manera obligatoria para todos los países del mundo. Por su parte, el coordinador general de la Coordinadora Andina De Organizaciones Indígenas (CAOI), Miguel Palacín Quispe, exigió respeto a la madre tierra y a los pueblos indígenas, y la gestión de ecosistemas estratégicos basados en el Buen Vivir.

En el curso de la semana, movimientos indígenas y sociales se reunieron con representantes de los países integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA). Coincidieron en sus críticas al manejo del Fondo Verde y al Banco Mundial, que debería estar fuera del manejo de todo fondo vinculado al cambio climático.

Diversas organizaciones de la sociedad civil, igualmente, señalaron que los países llamados desarrollados deberían adoptar un segundo compromiso para reducir emisiones conforme al Protocolo de Kyoto.

El movimiento sindical internacional insta a los gobiernos reunidos en la conferencia de Durban a abandonar su posición cómoda y tomar decisiones para negociar un instrumento mundial jurídicamente vinculante para todos los países y financiar el Fondo Climático Verde de 100 mil millones de dólares. En tanto Oilwatch propone colocar al petróleo, gas y carbón, en el centro de discusiones internacionales.

El domingo 4 de diciembre tendrá lugar una jornada de movilización en Durban, promovida por una amplia gama de organizaciones sociales, ante la negativa de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Rusia y Japón a la adopción de compromisos vinculantes para la reducción de gases contaminantes.

Palabras de los pueblos indígenas durante la inauguración de la COP 17

Foro internacional de los pueblos indígena sobre cambio climático

Durban, Sud África 28 de noviembre del 2011

Señoras y señores Participantes:

Agradezco a la presidencia y a la CMP 17 por esta oportunidad. Soy Presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia. Hablo por el Foro Internacional de Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático, para transmitir nuestra historia de defensa de la Vida y unidad profunda con la naturaleza. Los impactos del cambio climático son gravísimos y expresión de una crisis de civilización. Necesitamos decisiones como las siguientes:

1. Priorizar la consolidación de Territorios de nuestros Pueblos con la gestión holística, armónica, de Buen Vivir, Vida Plena, de los ecosistemas estratégicos para enfriar el planeta.
2. Detener la destrucción de la naturaleza y territorios por industrias extractivas, agroindustrias, biocombustibles, megaproyectos; y asumir las indemnizaciones respectivas.
3. Identificar y detener a los “mercaderes y estafadores del carbono”, y establecer un sistema de acreditación de operadores sobre REDD+ que sea transparente y confiable.
4. Acceso directo de nuestros Pueblos al Fondo Verde y fondos climáticos, y se prioricen en los derechos territoriales de los pueblos en su integridad, incluyendo bosques y recursos naturales.
5. Fortalecer la agricultura de nuestros pueblos, garantizando la seguridad y soberanía alimentaria, sin que sean sometidos a incentivos perversos de privatización de mercados
6. Construir mecanismos alternativos de financiamiento de la sustentabilidad social y ambiental de los bosques, basado en fondos públicos.
7. Durban debe entregar un resultado jurídicamente vinculante en la forma de una enmienda al Protocolo de Kioto para un plazo adicional de compromiso que apoye una meta agregada vinculante de reducción de emisiones para los países desarrollados (Anexo 1) de por lo menos 45% con un nivel preferido de 49% por debajo de los niveles de 1990 para 2020 y al menos 95% para 2050. CMP7 debe contar con mecanismos para la participación de nuestros Pueblos de acuerdo con la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Los invitamos a encuentros con el Caucus Indígena para avanzar en las direcciones señaladas, incluyendo el proceso hacia Rio+20. África está llena de cultura e historia. Sentimos el clamor de sus pueblos para tomar decisiones para que la humanidad que nació en estas tierras, tenga continuidad. Muchas gracias.

STATEMENT OF THE INTERNATIONAL INDIGENOUS PEOPLES FORUM ON CLIMATE CHANGE TO THE CONFERENCE OF PARTIES COP17

Sir/Madame President, distinguished delegates,

Indigenous peoples have a fundamental principle that governs our relationship with the land. We depend on the land, it gives us life, we are part of it and fully respect its natural cycles, everything you do or fail to do will benefit or affect us, and the impacts of climate change tell us that we share outstanding and important decisions in favor of Mother Earth. Therefore, on behalf of the International Indigenous Peoples Forum on Climate Change, we are turning to you to recommend the following:

1. The Parties undertake to respect international norms and standards of human rights that establish moral and legal obligations to protect and promote the full enjoyment of the rights of indigenous peoples in all issues related to climate change, including land rights, territories and resources, traditional knowledge and their free, prior and informed consent, in accordance with the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (DNUDPI).

2. The parties to ensure full and effective participation of indigenous peoples in all mechanisms, bodies and procedures established under the UNFCCC, including mitigation, adaptation, finance, MRV (monitoring, reporting and verification) and transfer of technology.

3. The parties ensure direct and immediate access of indigenous peoples to financing through the creation of a green fund dedicated to address the priority needs of indigenous peoples; we believe that this claim is based on the historic debt that the current model of development has with indigenous peoples.

4. As a result of COP17, the Parties agree to a second commitment period 2013-2020 of the Kyoto Protocol which is binding on all states of the world. This agreement must include measures to ensure full and effective participation of indigenous peoples.

5. Finally, we call to stop the destruction of nature, Mother Earth for indigenous peoples, and therefore demand the paralyzation of extractive mega-projects on indigenous lands and fragile ecosystems that accentuate the impacts of climate change.

The planet's future is in your hands, its decisions must heal Mother Earth. We come to flourish diversity and hope that the decisions of Durban will flourish life on our planet.

Land conflicts, carbon piracy and violations of indigenous peoples’ rights: New report by Amazonian indigenous peoples exposes the reality of REDD+ in Peru and proposes solutions

PRESS INFORMATION - Embargoed for 04:00 GMT 30 November 2011
Land conflicts, carbon piracy and violations of indigenous peoples’ rights: New report by Amazonian indigenous peoples exposes the reality of REDD+ in Peru and proposes solutions
A new report published today by Peruvian indigenous organisations, AIDESEP, FENAMAD and CARE, and international human rights organisation the Forest Peoples Programme (FPP), reveals the impact that REDD projects and programmes are already having on the lives of indigenous peoples. The reality of REDD+ in Peru: Between theory and practice - Indigenous Amazonian Peoples’ analyses and alternatives finds that REDD pilot projects run by some NGOs and companies are already undermining the rights of indigenous peoples, and are leading to carbon piracy and conflicts over land and resources. Persistent advocacy efforts by indigenous peoples’ organisations to secure respect for the fundamental rights of indigenous peoples have resulted in some government commitments to modify national REDD programmes financed by the World Bank. Nevertheless, solid guarantees for respect of these rights are yet to materialise.
Roberto Espinoza Llanos, coordinator of AIDESEP’s Climate Change Programme and one of the lead authors of the report, explains, “The commitments made by the previous government in 2011 were not made lightly, they were assumed by the State and approved in a global meeting of the World Bank’s FCPF [Forest Carbon Partnership Facility]. We hope that the present government and international entities like the World Bank will deliver on their promises to respect land and territorial rights. Continual monitoring will be necessary to make sure they keep their word.”
Carbon piracy
The AIDESEP-FPP report highlights how, without any form of regulation, carbon piracy is already rife in Peru. Project developers are roaming the jungle attempting to convince indigenous peoples and local communities to enter in to REDD deals with promises of millions of dollars in return for signing away their rights to control their land and forest carbon to third parties. Many deals are being conducted using strict confidentiality clauses and with no independent oversight or legal support for vulnerable communities. Some of these peoples are not yet fully literate in Spanish, but are being asked to sign complex commercial contracts in English that are subject to English law. Many communities have already come to regret some early deals made with carbon traders and NGOs, and are now attempting to extricate themselves. One leader from the community of Bélgica in South East Peru explained,
“...We were presented with a trust fund in which the community is obliged to hand over the administration of communal territory and be subject to the decisions of the developer for 30 years….this will not allow us to make decisions about our territory or plan for the future of our children.”
Land grabs
Many other communities have no secure land rights, as an estimated 20 million hectares of indigenous peoples’ customary territories in the Peruvian Amazon still possess no legal recognition (including those of isolated or ‘autonomous’ indigenous peoples). This is in violation of Peru’s international obligation to recognise and secure indigenous peoples’ traditional possession of their forest lands. At the same time, hundreds of formal requests for ‘conservation concessions’ (with the intention of establishing REDD projects) have been submitted to the government by private individuals and environmental NGOs. Many of these 'would be concessions' directly overlie indigenous peoples’ territories still awaiting legal recognition, thereby setting the stage for a state-backed land grab.
Conrad Feather, Project Officer for FPP and the report’s other lead author said, “REDD is not just a policy instrument being negotiated at the UN; unregulated REDD developments are already turning Peru into a centre of international carbon piracy and the site for a potential land grab of indigenous peoples’ territories on a massive scale. Urgent measures are needed to protect the lands and livelihoods of indigenous peoples.”
Indigenous alternatives to REDD+
Indigenous peoples’ organisations, however, are not only ringing alarm bells, they are also proposing alternatives. They are urging the new Peruvian government to re-think the forest and climate plans developed by their predecessors and use REDD funds to secure indigenous peoples’ forest territories and support community-based solutions to tackle climate change.
The report concludes that instead of squandering the money on unproven and unstable carbon markets, more modest and selective funding could be targeted to secure the land and territorial rights of indigenous peoples and support sustainable community forest management. These community and rights-based approaches are cost-effective and proven to protect forests. Community-based alternatives will not only reduce emissions from deforestation and keep forests standing but will also lead to poverty reduction, increased livelihood security and biodiversity conservation. In the words of Alberto Pizango Chota, President of AIDESEP, “Only in this way can REDD truly become an opportunity for indigenous peoples instead of a threat.”
The reality of REDD+ in Peru: Between Theory and Practice: Indigenous Amazonian Peoples’ analyses and alternatives is available for free download at: http://www.forestpeoples.org/the-reality-of-redd-plus-in-peru-indigenous-amazonian-peoples-analyses-and-alternatives

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PRESS BRIEFING AT COP17, DURBAN: 30 NOVEMBER, 1.30-2.00pm: Room Kosi Palm (ICC MR 21 ABCG) – International Convention Center, Durban
Contacts at UNFCCC COP17 in Durban: Roberto Espinoza Llanos (AIDESEP), Email: ayamtai08(a)gmail.com, Jorge Payaba Cachique (FENAMAD), Email: jcaibopayaba(a)yahoo.es, Conrad Feather (FPP), Tel:  +44 7792979817, Email: conrad(a)forestpeoples.org

Forest Peoples Programme (FPP) and Rainforest Foundation Norway (RFN) Side Event: Safeguards in REDD and the Green Climate Fund - 9 December 2011, 13.15 - 14.45, Room 2, Durban Exhibition Centre (DEC).
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AIDESEP (Interethnic association for the development of the Peruvian Amazon) is a national confederation of indigenous Amazonian peoples in Peru, representing over 1400 communities. http://www.aidesep.org.pe
FENAMAD (Federation of the Native Peoples of the river Madre de Dios and its tributaries) is the umbrella indigenous federation of the Madre de Dios region, Peru. http://fenamad.org.pe/noticias/
CARE - (Asháninka Centre of the river Ene) is a local indigenous federation representing Asháninka communities on the Ene river in the central jungle region of Peru. http://ashanincare.org/
Forest Peoples Programme (FPP) is an international non-governmental human rights organisation working to support the rights of peoples who live in forests and depend on them for their livelihoods. http://www.forestpeoples.org For FPP climate and forests briefings: http://www.forestpeoples.org/topics/climate-forests
Forest Peoples Programme


http://www.forestpeoples.org

Declaration of Indigenous Peoples of Abya Yala at the COP 17

We, the indigenous peoples of Abya Yala, reunited within the framework of the Conference of Parties (COP17) of the United Nations Framework Convention on Climate Change facing the lack of political will of states, mainly of the biggest emitters of greenhouse gases and inspired by the harmony with Mother Earth, demand:

General framework:
• Recognize and respect the self determination of indigenous peoples, particularly our rights to territories and natural resources in accordance with the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

• To ensure and guarantee the full and effective participation of indigenous peoples at all levels, respecting the processes based on consultation and free, prior and informed consent in accordance with the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

• Recognize, respect and strengthen the fundamental contribution of knowledge, innovations and traditional practices of indigenous peoples.

• Restructure the conceptions of the so called "development" based on the accumulation of wealth that emphasize the unlimited exploitation of natural assets.

Shared Vision:
• We urge developed countries to achieve a framework of binding commitments with concrete targets for reducing emissions of greenhouse gases (GHGs) to follow up the Kyoto Protocol which expires in 2012.

We propose an emissions reduction of at least 45% below 1990 levels by 2020 and at 2050 least 95%.

• Phase-out of fossil fuel development and a moratorium on extractive projects, in, or close to, our land and territories, respecting the rights to “Buen Vivir” of indigenous peoples.

• Shared vision for cooperative action in the long run should not be reduced to define the limit in the increase of temperature and concentration of GHG in the atmosphere, on the contrary it should include a comprehensive and balanced set of financial measures, technology, adaptation, capacity building, patterns of production, consumption and other essentials issues such as recognition of the rights of Mother Earth to restore harmony with nature.

Technology transfer:
• Knowledge is universal and can under no circumstances be owned and for private use, nor its application in the form of technologies. Developed countries should share their technology with developing countries.

• The transfer and installation of technologies must be immediate, timely and free of charge, in harmony with Mother Earth and without conditions, including technology that is patented and undisclosed information.

• The system of intellectual property rights should be modified to ensure access to clean technologies for mitigation and adaptation, especially those developed partly with public funds, considering the 45 recommendations adopted in the framework of the Development Agenda of the General Assembly of the World Intellectual Property Organization. It must include prior and informed consent and equitable benefit sharing.

• Establish guidelines for creating a multilateral, multidisciplinary approach to participatory control, management and ongoing evaluation of the exchange of technologies. These technologies should be useful, clean and socially appropriate.

• Establish a fund for financing and appropriate technology inventory and freed from intellectual property rights, including patent monopolies should move from private to public domain, freely accessible and low cost.

• Any assessment, recovery and development of mitigation and adaptation must reflect the knowledge and indigenous technologies, subject to their free, prior and informed, consent .

Adaptation and mitigation:
Ensure the respect, protection and promotion of traditional knowledge and sustainable livelihoods of indigenous peoples. Include environmental and social safeguards of indigenous peoples, including cultural and spiritual aspects.

• Policies and public funds that prioritize comprehensive territorial recognition of indigenous peoples. Recognize and promote the own systems of indigenous peoples in the use, management and conservation of natural assets.

• System of monitoring, reporting and verification should not only measure changes in forest cover but incorporate social variables, in particular regarding the implementation of indigenous rights.

• Any assessment, recovery and development of mitigation and adaptation action must reflect the knowledge and technology of indigenous peoples, and be subject to their prior, free and informed consent, as well as ensure participation of indigenous experts.

• We demand that the Permanent Forum on Indigenous Issues recommend to the UN Office of the United Nations Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples (United Nations Special Rapporteur on human rights and fundamental freedoms of indigenous peoples) to produce a report on the impacts of climate change in the Indigenous Peoples.

• States should ensure that indigenous peoples have the right to mobility and are not forced to relocation from their traditional lands and territories, and that the rights of peoples in voluntary isolation are respected.

• In the case of climate change migrants, programs and appropriate measures should be commensurate with their rights, status, conditions and vulnerabilities.

Funding:
• All funding mechanisms for mitigation and adaptation to climate change should be established under the UN Framework Convention for Climate Change and direct resources should be provided to indigenous peoples.

• Establish participatory mechanisms to ensure transparency and accountability in all procedures and funding operations. The funds must come from public sources and be additional to development aid funds.

• Establish a special fund to enable indigenous and local communities develop their own activities and contributions to remedy climate change.

• Developed countries must commit new annual funding of at least 6% of its gross domestic product to address climate change in developing countries.

• Funding should be direct, unconditional and non-infringement of national sovereignty or self-determination of communities and the most affected groups.

• International financial institutions like the World Bank should be exempt from the administration of the funds created and established. They fund projects that contribute to global warming and more so now that the World Bank aims to eliminate safeguards for indigenous peoples through the "Program for Results" – P4R .

• The developed countries, that are the major reason of climate change, should assume their historical and current responsibility, must recognize and honor their climate debt in all its dimensions as a basis for a just, effective and scientific climate change.

• In the context of climate debt, we urge developed countries to restore developing countries the atmospheric space that is occupied by their GHG emissions.

Carbon markets and related mechanisms:
• We challenge States to abandon the false solutions to climate change that negatively impact on our rights, land, air, oceans, forests, lands and waters as indigenous peoples. These false solutions include nuclear energy, hydroelectric dams, massive geo-engineering techniques, "clean coal," agrofuels plantations, carbon market mechanisms, and the Clean Development Mechanisms.

• The solutions proposed by governments and international NGOs to address the effects of climate change based on market logic, both referring to the clean development mechanism as the proposed REDD +, are new forms of geopolitical economic that threaten indigenous peoples rights guaranteed in multiple international instruments and the livelihoods of our people.

• A structural reorganization of REDD + to ensure the rights of indigenous peoples and customary governance of forests. Identification of and curb the "carbon cowboys" and as the piracy of carbon is the result of the inconsistencies of REDD +, it must be restructured deeply, prioritizing public mechanisms and transparent funding, not subordinated to the evils of the financial bubble of the private market carbon credits; priority to consolidation of the territorial rights of indigenous peoples and their life plans without reducing the bias of "additionality of carbon."
Durban, South Africa, November 30, 2011.
Indigenous Peoples Forum on Climate Yala Abya

Declaración de los Pueblos Indígenas del Abya Yala ante la COP 17

Nosotros, los pueblos indígenas del Abya Yala, reunidos en el marco de la Conferencia de Partes (COP17) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y ante la falta de voluntad política de los Estados, principalmente de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, inspirados en la armonía con la Madre Tierra, demandamos:

Marco general:

          Reconocer y respetar la libre determinación de los pueblos indígenas, particularmente nuestros derechos a los territorios y bienes naturales, de conformidad con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.

         Asegurar y garantizar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en todos los niveles, respetando los procesos basados en la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, de conformidad con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.

         Reconocer, respetar y fortalecer la contribución fundamental de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas.

         Reestructurar las concepciones del llamado “desarrollo” basadas en la acumulación de riquezas que acentúan la explotación sin límite de los bienes naturales.

 Visión compartida:

          Urgimos a los países desarrollados a alcanzar un marco de compromisos vinculantes con metas concretas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) como seguimiento al Protocolo de Kioto que vence el año 2012.

         Planteamos una reducción de emisiones de por lo menos 45% bajo los niveles de 1990 para el 2020 y de por lo menos el 95% para el 2050.

         Eliminación gradual del desarrollo de combustibles fósiles, y una moratoria de proyectos extractivistas, en o cerca de nuestros territorios y tierras indígenas, respetando los derechos al Buen Vivir de los pueblos indígenas.

         La visión compartida para la acción de cooperación a largo plazo no debe reducirse a definir el límite en el incremento de la temperatura y la concentración de GEI en la atmósfera, sino que debe comprender de manera integral y equilibrada un conjunto de medidas financieras, tecnológicas, de adaptación, de desarrollo de capacidades, de patrones de producción, consumo y otras esenciales como el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra para restablecer la armonía con la naturaleza.

 Transferencia de tecnología:

          El conocimiento es universal y por ningún motivo puede ser objeto de propiedad y utilización privativa, como tampoco sus aplicaciones en forma de tecnologías. Los países desarrollados deben compartir su tecnología con los países en desarrollo, crear centros de investigación para la creación de tecnologías e innovaciones propias.

         La transferencia e instalación de tecnologías debe ser inmediata, oportuna, libre de costo alguno, en armonía con la Madre Tierra y sin condicionalidades, tanto de tecnología ya patentada como de información no divulgada.

         El régimen de derechos de propiedad intelectual debe modificarse para garantizar el acceso a tecnologías limpias de mitigación y adaptación, en especial las desarrolladas, con participación de fondos públicos, considerando las 45 recomendaciones adoptadas en el marco de la Agenda para el Desarrollo por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Deben incluir el consentimiento fundamentado previo y la participación equitativa en los beneficios.

         Establecer los lineamientos para crear un mecanismo multilateral y multidisciplinario para el control participativo, la gestión y la evaluación continua del intercambio de tecnologías. Estas tecnologías deben ser útiles, limpias y socialmente adecuadas.

         Establecer un fondo de financiamiento e inventario de tecnologías apropiadas y liberadas de derechos de propiedad intelectual, en particular de patentes que deben pasar de monopolios privados a ser de dominio público, de libre accesibilidad y bajo costo.

         Toda evaluación, recuperación y desarrollo de acciones de mitigación y adaptación debe incorporar los conocimientos y tecnologías de los pueblos indígenas, sujeto a su consentimiento libre, previo e informado, y a la vez garantizar la plena participación de expertos indígenas.

 Adaptación y mitigación:

          Garantizar el respeto, la protección y el fomento de los conocimientos tradicionales y los modos de vida sostenibles de los pueblos indígenas. Incluir salvaguardas ambientales y sociales de los pueblos indígenas, incluyendo aspectos culturales y espirituales.

         Políticas y fondos públicos que prioricen el reconocimiento territorial integral de los pueblos indígenas. Reconocer y promover los sistemas propios de los pueblos indígenas en el uso, manejo y conservación de los bienes naturales.

         El sistema de monitoreo, reporte y verificación no debe limitarse a medir los cambios en la cobertura boscosa sino incorporar variables sociales, en particular la relativas al cumplimiento de los derechos indígenas.

         Toda evaluación, recuperación y desarrollo de acciones de mitigación y adaptación debe incorporar los conocimientos y tecnologías de los pueblos indígenas, sujeto a su consentimiento previo, libre e informado y a la vez garantizar la participación de expertos indígenas.

         Demandamos que el Foro Permanente de Asuntos Indígenas de la ONU recomiende a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que el Relator Especial sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas elabore un informe sobre los impactos del Cambio Climático en los Pueblos Indígenas.

         Los Estados deben asegurar que los pueblos indígenas tengan el derecho de movilidad y no sean forzados a reubicaciones lejos de sus territorios y tierras tradicionales, y que los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario se respeten.

         En el caso de migrantes por cambio climático, los programas y las medidas adecuadas deberán ser acordes con sus derechos, estatus, condiciones y vulnerabilidades.

 Financiamiento:

          Todo mecanismo de financiamiento para la mitigación y adaptación del cambio climático debe ser establecido bajo la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático y deben proporcionarse recursos directos para los pueblos indígenas.

         Establecer mecanismos participativos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en todos los procedimientos y operaciones de financiamiento. Los recursos deben proceder de fuentes públicas y ser adicionales a los fondos de ayuda al desarrollo.

         Establecer un fondo especial que permita a los pueblos indígenas y comunidades locales desarrollar sus propias actividades y contribuciones para remediar el cambio climático.

         Los países desarrollados deben comprometer un financiamiento anual nuevo de al menos 6% de su producto bruto interno para enfrentar el cambio climático en los países en desarrollo.

         El financiamiento debe ser directo, sin condicionamiento y no vulnerar la soberanía nacional ni la libre determinación de las comunidades y grupos más afectados.

         Las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, deben quedar fuera de la administración de los fondos creados y a crearse. Porque financian proyectos que contribuyen al calentamiento global y con mayor razón ahora que el Banco Mundial pretende eliminar las salvaguardas para pueblos indígenas a través del “Programa por Resultados” – P4R.

         Los países desarrollados, principales causantes del cambio climático, asumiendo su responsabilidad histórica y actual, deben reconocer y honrar su deuda climática en todas sus dimensiones, como base para una solución justa, efectiva y científica al cambio climático.

         En el marco de la deuda climática, exigimos a los países desarrollados que restablezcan a los países en desarrollo el espacio atmosférico que está ocupado por sus emisiones de GEI.

 Mercados de carbono y mecanismos conexos:

          Retamos a los Estados a abandonar las soluciones falsas al cambio climático que impactan de manera negativa en nuestros derechos, tierras, aire, océanos, bosques, territorios y aguas como pueblos indígenas. Estas falsas soluciones incluyen la energía nuclear, las represas hidroeléctricas masivas, técnicas de geoingeniería, el “carbón limpio”, los agrocombustibles, las plantaciones, los mecanismos de mercado de carbón y los Mecanismos para el Desarrollo Limpio.

         Las soluciones propuestas por los gobiernos y ONG internacionales para enfrentar los efectos del cambio climático basadas en la lógica de mercado, tanto los referidos al mecanismo de desarrollo limpio como las propuestas de REDD+, constituyen nuevas formas de geopolítica económica que amenazan los derechos indígenas garantizados en múltiples instrumentos internacionales y los medios de vida de nuestros pueblos.

         Reorganización estructural del REDD+ para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y la gobernanza consuetudinaria de los bosques. Identificación y freno a los “carbón cowboys”, y como la piratería del carbono es producto de las incoherencias del REDD+, éste debe ser reestructurado profundamente, priorizando mecanismos públicos y transparentes de financiamiento, sin subordinarse a las perversidades de la burbuja financiera del mercado privado de créditos de carbono; priorizando la consolidación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y sus Planes de Vida, sin reducirse al sesgo de la “adicionalidad del carbono”.

Durban, Sudáfrica, 30 de noviembre del 2011.

Foro de Pueblos Indígenas del Abya Yala sobre Cambio Climático

La Minería es factor de violación a los derechos de los pueblos: Experta

Los perversos versos de la minería  

El modelo minero a gran escala a más de causar pobreza atenta contra los Derechos Humanos y la democracia en América Latina

Entrevista a Maristela Svampa 

La socióloga argentina Maristella Svampa, referente en América Latina
en el tema del modelo extractivista, en diálogo con el director del Observatorio Sociopolítico Latinoamericano www.cronicon.net, Fernando Arellano Ortiz, en la ciudad de Buenos Aires. (Foto Jeffey D. Arellano O).

Nota: estos textos son de amplia divulgación, por lo tanto pueden ser distribuidos citando la fuente. Se encuentran colgados en los siguientes portales:

www.extractivismo.com

www.infomineria.org

POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ

 

En América Latina se viene ejecutando una segunda fase del criminal modelo neoliberal que tantos perjuicios económicos, sociales y políticos generó a la región durante el último cuarto de siglo, mediante la puesta en marcha de lo que el presidente conservador colombiano Juan Manuel Santos ha dado en llamar la "locomotora minera" para significar unas supuestas "ventajas y oportunidades económicas".

 

Este modelo conocido como extractivismo (explotación de los recursos naturales) tiene en la minería de cielo abierto, "la actividad más perversa en la medida en que muestra lo peor: desposesión y despojo descarnado, altos índices de contaminación del medio ambiente, aprovechamiento al máximo de los territorios objeto de explotación no dejando ganancias económicas para los países, y amenaza a la democracia y a los derechos humanos", explica en forma categórica la socióloga e investigadora argentina Marsitella Svampa, principal referente hoy en día en Latinoamérica en este tema.

 

Svampa ha recorrido buen parte de la geografía latinoamericana para estudiar in situ la realidad socioeconómica de las comunidades afectadas por la explotación minera, lo que le ha permitido analizar en profundidad las múltiples consecuencias que esta actividad extractivista viene causando en la descomposición del tejido social y con ella la irrupción de conflictos sociales y políticos que, como bien señala, amenazan la estabilidad democrática y el respeto por los derechos humanos en la región.

 

En sus múltiples investigaciones, libros, ensayos y artículos periodísticos, esta científica social ha sido contundente en sus conclusiones al señalar que el modelo minero a cielo abierto que han adoptado varios gobiernos latinoamericanos ya sean de derecha, centroizquierda o izquierda, "no solo genera más conflicto social, sino que contribuye a la reprimerización de las economías latinoamericanas". Lo grave, añade, es que "estamos consolidando enclaves de exportación que, lejos de generar desarrollo endógeno, producen más pobreza y desigualdad".

 

MAYOR GANANCIA DEL CAPITAL Y NULA GENERACIÓN DE EMPLEO

 

Uno de los argumentos centrales que suelen esgrimir los defensores de esta actividad es asociar minería con creación de puestos de trabajo, señala Svampa, frente a lo cual, agrega, "suele ocultarse que los proyectos mineros a gran escala generan una demanda intensiva de trabajo en las fases iniciales que crea la ilusión de trabajo permanente. En realidad, la minería de gran escala se caracteriza por ser una de las actividades económicas más capital-intensivas. Por cada 1 millón de dólares invertido, se crean apenas entre 0,5 y 2 empleos directos. Cuanto más capital-intensiva es una actividad, menos empleo genera, y menor es la participación del salario de los trabajadores en el valor agregado total que ellos produjeron con su labor: la mayor parte es ganancia del capital".

 

Para ilustrar esta situación trae a colación los casos de Perú, Chile y Argentina, cuyas cifras demuestran el casi nulo aporte en generación de empleo.

"En Perú, -explica- la minería es la actividad que menos contribuye a la generación de empleo: ocupa apenas el 1,5 de la Población Económica Activa (PEA), contra un 32,7% de la agricultura y un 26% de los servicios. Para el caso de Chile, las estadísticas muestran de forma contundente el fuerte incremento de los volúmenes de explotación y extracción, y de los valores de exportación, producidos a la par de una paralela caída en la cantidad absoluta y relativa del empleo minero. En Argentina, pese a las promesas de los megaemprendimientos mineros, la minería representa menos del 0,7% del total de los asalariados registrados".

 

DEL CONSENSO DE WASHINGTON AL CONSENSO DE LOS COMMODITIES

 

Para analizar con detenimiento las consecuencias del modelo extractivista y uno de sus principales componentes, la explotación de la minería metalífera, el Observatorio Sociopolítico Latinoamericano WWW.CRONICON.NET, dialogó en Buenos Aires con esta destacada científica social, licenciada en Filosofía por la Universidad de Córdoba y doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París.

 

Maristella Svampa alterna su actividad de investigación social y docente universitaria con la literatura. Ha publicado dos novelas: Las reinas perdidas y Dónde están enterrados nuestros muertos. Actualmente se desempeña como catedrática de la Universidad de la Plata e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina. Conferencista internacional, es autora de varios libros en los que analiza diversas realidades sociales, políticas y económicas en el ámbito latinoamericano; en 2006 obtuvo una beca otorgada por la John Simon Guggenheim Memorial Foundation, así como el Premio Konex al mérito en Sociología; y en 2001 fue distinguida con la Cátedra Simón Bolívar de la Université Nouvelle Sorbonne de París.

 

- ¿El modelo extractivista en América Latina en el que sobresale la explotación de minas de oro a cielo abierto tan funesta desde el punto de vista medioambiental, corresponde como lo han señalado algunos investigadores sociales a una segunda fase del esquema neoliberalismo, en el que paradójicamente están comprometidos algunos gobiernos que se denominan progresistas?

 

- En 2006 cuando comencé a escribir sobre estos temas yo planteaba que, efectivamente, esta es la segunda fase del modelo neoliberal. La primera estaba consagrada sobre todo a la privatización de los servicios públicos y de los recursos naturales, y la segunda apunta a la ola de desposesión. Creo que este análisis no es del todo representativo porque ello implicaría ver solo un costado del problema. En los últimos tiempos he estado repensando el tema y creo que el panorama es mucho más complejo hoy en día del que teníamos hace diez años; además han emergido gobiernos de izquierda o de centro izquierda, por lo que ahora empleo una nueva categorización y es hablar del paso del Consenso de Washington al Consenso de los commodities que me parece que da cuenta mucho mejor del cambio de escenario económico que implica que las economías latinoamericanas que siempre han sido adaptativas al capitalismo dan un giro importante a un nuevo marco de la nueva división del trabajo territorial y global por el cual América Latina aparece exportando naturaleza una vez más. En algunos casos acompañan la consolidación de una matriz neoliberal como pueden ser los casos de Colombia, México, o Perú, si es que Humala no cambia en algo el marco, y en otros casos viene acompañado de reformas, de procesos de centroizquierda y de izquierda que aparecen en escenarios específicos como Bolivia, Argentina, más allá de la diferencia que hay, caracterizados por lo nacional-popular.

 

- ¿Se puede señalar que la privatización de los recursos naturales a través del modelo extractivista es parte de la consolidación del modelo neoliberal?

 

- Cuando se habla de la mercantilización de los bienes de la naturaleza no hay que olvidar que eso se hizo en la década de los 90 y lo que ha habido es consolidación de ese modelo. En esa década lo que se hace es desarrollar el marco jurídico a partir del cual se posibilita la comercialización de recursos naturales, y sobre todo, se hace el ajuste sectorial en relación con la minería a cielo abierto.

 

- En el desarrollo de este proceso usted habla de desposesión, ¿por qué?

 

- En líneas generales el capitalismo hoy en día, como dice David Harvey, acentúa más lo que es la acumulación por desposesión que la acumulación por reproducción ampliada, retomando la concepción de Rosa Luxemburgo y otros teóricos, en eso coincidimos todos. Pero lo que hay que leer es con qué está coexistiendo esa dinámica de desposesión y hay que dar cuenta de los distintos escenarios nacionales. Si hablamos solo de lógica o dinámica de desposesión estamos perdiendo de vista otros procesos políticos y simbólicos que son importantes en América Latina. Digo esto tratando de subrayar esos procesos. En Argentina, por ejemplo, veo que hay una exacerbación de la lógica nacional-popular nuevamente en clave peronista que coexiste de manera perversa con la dinámica de desposesión.

 

- ¿En qué sentido?

 

- En el sentido de que coexisten varios modelos de desarrollo: hay un modelo industrial relativamente reactivado que es defendido como el gran avance por parte del gobierno; hay un modelo de agronegocios; otro de acaparamiento de tierras que habla de la mercantilización de los recursos naturales y de los megaemprendimientos turísticos; y también está el de la minería a cielo abierto. Esas tres cuestiones modales están lejos de ser un costado débil del gobierno argentino, es en realidad parte del principio mismo del modelo de dominación, por eso hay que analizar esa coexistencia dañina.

 

UN MODELO DE MAL DESARROLLO

 

- Hablemos del caso concreto de la minería…

 

- En el caso de la minería uno se encuentra con una suerte de figura extrema porque la misma es un modelo que sintetiza devastación institucional dado que tiene un marco jurídico que favorece ampliamente a las grandes empresas transnacionales; es un modelo de expoliación económica porque no deja ganancias en el país, lo que crea son economías de enclave como espacios socioproductivos absolutamente dependientes sin crear desarrollo endógeno, y además estimula y genera depredación ambiental. Entre todas las actividades ligadas al extractivismo la minería de cielo abierto es la más perversa en la medida en que muestra lo peor.

 

- Pero además, usted ha señalado que la minería de cielo abierto atenta contra los derechos humanos. ¿Por qué?

 

- Ese es un tema muy importante porque a la hora de debatir si se hace minería a cielo abierto, se tratan de involucrar por lo general en los distintos países argumentos económicos ligados a la rentabilidad del sector o argumentos sociales en el sentido de las ventajas que se obtienen de la explotación de los recursos naturales; se afirma que se pueden desarrollar políticas sociales compensatorias y suele dejarse de lado todo lo que tiene que ver con la efectiva violación de derechos humanos. El extractivismo abre un nuevo capítulo en la violación de los derechos humanos porque hablando de los contrastes y de las grandes paradojas en América Latina, hoy en día lo que observamos es que este modelo de desposesión viene acompañado de una expansión de la frontera de los derechos: los derechos ambientales, los derechos territoriales de los pueblos indígenas, los derechos fundamentales en general que aparecen en la letra de nuestras constituciones y raras veces son cumplidos. Cuando hablamos de extractivismo aludimos a "desarrollo" entre comillas a gran escala, lo que supone decir una gran envergadura y por ende el impacto sobre la población va a ser mayor con lo cual esto coloca mucho más en el centro la necesidad de que sean discutidos de manera participativa y democrática por aquellos que están necesariamente involucrados como comunidad afectada. Es decir, que la cuestión de la democracia es central para evitar el impacto que tienen estos modelos. Entonces, uno de los elementos fundamentales a la hora de analizar el extractivismo consiste en subrayar el déficit de democracia en el cual nos instala porque no se consulta a las poblaciones y estos modelos avanzan sin el consenso de las mismas, por lo general se escamotean las consultas previas que deben hacerse a los poblaciones indígenas o las consultas públicas que deben hacerse a las poblaciones urbanas o rurales. Ahí radica uno de los grandes peligros que en nombre de las ventajas comparativas dado el alto precio de los commodities, en nombre de políticas sociales compensatorias que se pueden llevar a cabo con la rentabilidad que produce la explotación, se está violando el derecho de las poblaciones a decir no a un tipo de emprendimiento o supuesto modelo de desarrollo que afecta no solo el estilo de vida, su presente, sino el futuro de las generaciones. En el caso del modelo minero es un modelo de mal desarrollo no solamente porque contamina y no deja ganancias económicas sino porque amenaza la democracia, al menos la democracia bien entendida que implica sostener una política de participación, de discusión y debate de los modelos o supuestos modelos de desarrollo para la adopción de decisiones.

 

- Usted también ha analizado pormenorizadamente el grado de conflictividad social que generan los proyectos de minería a cielo abierto. ¿Cuál es la situación de América Latina en ese sentido? - En la actualidad no hay país latinoamericano con proyectos de minería a gran escala que no tenga conflictos sociales suscitados por las empresas mineras o los gobiernos con las comunidades. Se pueden observar los casos de México, varios países centroamericanos como Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá; en Suramérica, Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Argentina y Chile. Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) existen actualmente 120 conflictos activos que involucran a más de 150 comunidades afectadas a lo largo de toda la región. En Perú, donde más acelerada y descontroladamente se ha dado la expansión minera, los conflictos por esta actividad concentran el 70% y éstos a su vez, representan el 50% del total de conflictos sociales en ese país. - El impulso del modelo extractivista en América Latina responde, ha dicho usted, no solo a una decisión económica o ambiental, sino política… - Efectivamente, porque de lo que se trata es saber si queremos debatir lo que entendemos por desarrollo sostenible; si apostamos a que esa discusión sea informada, participativa y democrática, o bien, aceptamos la imposición de nuestros gobernantes locales y las grandes corporaciones en nombre de "las nuevas oportunidades económicas", el nuevo consenso de los commodities, y de un falso desarrollo. Infortunadamente, no hay plan estratégico en los países de América Latina para enfrentar la explotación de recursos naturales.

GIRO ECOTERRITORIAL, ALTERNATIVA DE LUCHA

 

- ¿Tras este completo análisis y desolador panorama, cuál cree que es la alternativa política para contrarrestar el modelo extractivista en América Latina?

 

- El punto de partida para pensar en alternativas a este modelo radica en el giro eco-territorial de las luchas que atraviesa la región y plantean una redefinición de las reglas de juego, cuestionando el modelo de desarrollo y las lógicas de acumulación. Por giro eco-territorial hay que entender la potenciación de un lenguaje de valoración acerca de la territorialidad, que expresa la convergencia entre visión ambientalista y revalorización de la matriz comunitaria; no se halla restringido al ámbito rural, exclusivamente referido a las resistencias campesinas e indígenas; también se expande al ámbito urbano, sobre todo en pequeñas y medianas localidades, ampliando el registro étnico y de clases y, por ende, el tipo de actores involucrados. Desde el punto de vista económico se debe exigir altos impuestos a las actividades extractivistas, así como a las sobreganancias de las transnacionales por la explotación del sector energético.

Buenos Aires, noviembre de 2011.

http://www.cronicon.net/paginas/edicanter/Ediciones65/nota001.htm