lunes, 5 de diciembre de 2011

Declaración de los Pueblos Indígenas del Abya Yala ante la COP 17

Nosotros, los pueblos indígenas del Abya Yala, reunidos en el marco de la Conferencia de Partes (COP17) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y ante la falta de voluntad política de los Estados, principalmente de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, inspirados en la armonía con la Madre Tierra, demandamos:
Marco general:
          Reconocer y respetar la libre determinación de los pueblos indígenas, particularmente nuestros derechos a los territorios y bienes naturales, de conformidad con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.
         Asegurar y garantizar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en todos los niveles, respetando los procesos basados en la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, de conformidad con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.
         Reconocer, respetar y fortalecer la contribución fundamental de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas.
         Reestructurar las concepciones del llamado “desarrollo” basadas en la acumulación de riquezas que acentúan la explotación sin límite de los bienes naturales.
 Visión compartida:
          Urgimos a los países desarrollados a alcanzar un marco de compromisos vinculantes con metas concretas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) como seguimiento al Protocolo de Kioto que vence el año 2012.
         Planteamos una reducción de emisiones de por lo menos 45% bajo los niveles de 1990 para el 2020 y de por lo menos el 95% para el 2050.
         Eliminación gradual del desarrollo de combustibles fósiles, y una moratoria de proyectos extractivistas, en o cerca de nuestros territorios y tierras indígenas, respetando los derechos al Buen Vivir de los pueblos indígenas.
         La visión compartida para la acción de cooperación a largo plazo no debe reducirse a definir el límite en el incremento de la temperatura y la concentración de GEI en la atmósfera, sino que debe comprender de manera integral y equilibrada un conjunto de medidas financieras, tecnológicas, de adaptación, de desarrollo de capacidades, de patrones de producción, consumo y otras esenciales como el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra para restablecer la armonía con la naturaleza.
 Transferencia de tecnología:
          El conocimiento es universal y por ningún motivo puede ser objeto de propiedad y utilización privativa, como tampoco sus aplicaciones en forma de tecnologías. Los países desarrollados deben compartir su tecnología con los países en desarrollo, crear centros de investigación para la creación de tecnologías e innovaciones propias.
         La transferencia e instalación de tecnologías debe ser inmediata, oportuna, libre de costo alguno, en armonía con la Madre Tierra y sin condicionalidades, tanto de tecnología ya patentada como de información no divulgada.
         El régimen de derechos de propiedad intelectual debe modificarse para garantizar el acceso a tecnologías limpias de mitigación y adaptación, en especial las desarrolladas, con participación de fondos públicos, considerando las 45 recomendaciones adoptadas en el marco de la Agenda para el Desarrollo por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Deben incluir el consentimiento fundamentado previo y la participación equitativa en los beneficios.
         Establecer los lineamientos para crear un mecanismo multilateral y multidisciplinario para el control participativo, la gestión y la evaluación continua del intercambio de tecnologías. Estas tecnologías deben ser útiles, limpias y socialmente adecuadas.
         Establecer un fondo de financiamiento e inventario de tecnologías apropiadas y liberadas de derechos de propiedad intelectual, en particular de patentes que deben pasar de monopolios privados a ser de dominio público, de libre accesibilidad y bajo costo.
         Toda evaluación, recuperación y desarrollo de acciones de mitigación y adaptación debe incorporar los conocimientos y tecnologías de los pueblos indígenas, sujeto a su consentimiento libre, previo e informado, y a la vez garantizar la plena participación de expertos indígenas.
 Adaptación y mitigación:
          Garantizar el respeto, la protección y el fomento de los conocimientos tradicionales y los modos de vida sostenibles de los pueblos indígenas. Incluir salvaguardas ambientales y sociales de los pueblos indígenas, incluyendo aspectos culturales y espirituales.
         Políticas y fondos públicos que prioricen el reconocimiento territorial integral de los pueblos indígenas. Reconocer y promover los sistemas propios de los pueblos indígenas en el uso, manejo y conservación de los bienes naturales.
         El sistema de monitoreo, reporte y verificación no debe limitarse a medir los cambios en la cobertura boscosa sino incorporar variables sociales, en particular la relativas al cumplimiento de los derechos indígenas.
         Toda evaluación, recuperación y desarrollo de acciones de mitigación y adaptación debe incorporar los conocimientos y tecnologías de los pueblos indígenas, sujeto a su consentimiento previo, libre e informado y a la vez garantizar la participación de expertos indígenas.
         Demandamos que el Foro Permanente de Asuntos Indígenas de la ONU recomiende a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que el Relator Especial sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas elabore un informe sobre los impactos del Cambio Climático en los Pueblos Indígenas.
         Los Estados deben asegurar que los pueblos indígenas tengan el derecho de movilidad y no sean forzados a reubicaciones lejos de sus territorios y tierras tradicionales, y que los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario se respeten.
         En el caso de migrantes por cambio climático, los programas y las medidas adecuadas deberán ser acordes con sus derechos, estatus, condiciones y vulnerabilidades.
 Financiamiento:
          Todo mecanismo de financiamiento para la mitigación y adaptación del cambio climático debe ser establecido bajo la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático y deben proporcionarse recursos directos para los pueblos indígenas.
         Establecer mecanismos participativos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en todos los procedimientos y operaciones de financiamiento. Los recursos deben proceder de fuentes públicas y ser adicionales a los fondos de ayuda al desarrollo.
         Establecer un fondo especial que permita a los pueblos indígenas y comunidades locales desarrollar sus propias actividades y contribuciones para remediar el cambio climático.
         Los países desarrollados deben comprometer un financiamiento anual nuevo de al menos 6% de su producto bruto interno para enfrentar el cambio climático en los países en desarrollo.
         El financiamiento debe ser directo, sin condicionamiento y no vulnerar la soberanía nacional ni la libre determinación de las comunidades y grupos más afectados.
         Las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, deben quedar fuera de la administración de los fondos creados y a crearse. Porque financian proyectos que contribuyen al calentamiento global y con mayor razón ahora que el Banco Mundial pretende eliminar las salvaguardas para pueblos indígenas a través del “Programa por Resultados” – P4R.
         Los países desarrollados, principales causantes del cambio climático, asumiendo su responsabilidad histórica y actual, deben reconocer y honrar su deuda climática en todas sus dimensiones, como base para una solución justa, efectiva y científica al cambio climático.
         En el marco de la deuda climática, exigimos a los países desarrollados que restablezcan a los países en desarrollo el espacio atmosférico que está ocupado por sus emisiones de GEI.
 Mercados de carbono y mecanismos conexos:
          Retamos a los Estados a abandonar las soluciones falsas al cambio climático que impactan de manera negativa en nuestros derechos, tierras, aire, océanos, bosques, territorios y aguas como pueblos indígenas. Estas falsas soluciones incluyen la energía nuclear, las represas hidroeléctricas masivas, técnicas de geoingeniería, el “carbón limpio”, los agrocombustibles, las plantaciones, los mecanismos de mercado de carbón y los Mecanismos para el Desarrollo Limpio.
         Las soluciones propuestas por los gobiernos y ONG internacionales para enfrentar los efectos del cambio climático basadas en la lógica de mercado, tanto los referidos al mecanismo de desarrollo limpio como las propuestas de REDD+, constituyen nuevas formas de geopolítica económica que amenazan los derechos indígenas garantizados en múltiples instrumentos internacionales y los medios de vida de nuestros pueblos.
         Reorganización estructural del REDD+ para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y la gobernanza consuetudinaria de los bosques. Identificación y freno a los “carbón cowboys”, y como la piratería del carbono es producto de las incoherencias del REDD+, éste debe ser reestructurado profundamente, priorizando mecanismos públicos y transparentes de financiamiento, sin subordinarse a las perversidades de la burbuja financiera del mercado privado de créditos de carbono; priorizando la consolidación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y sus Planes de Vida, sin reducirse al sesgo de la “adicionalidad del carbono”.
Durban, Sudáfrica, 30 de noviembre del 2011.
Foro de Pueblos Indígenas del Abya Yala sobre Cambio Climático

La Minería es factor de violación a los derechos de los pueblos: Experta


Los perversos versos de la minería  

El modelo minero a gran escala a más de causar pobreza atenta contra los Derechos Humanos y la democracia en América Latina

Entrevista a Maristela Svampa 


http://www.cronicon.net/paginas/edicanter/Ediciones65/img/Nota001-%20Adentro.jpg
La socióloga argentina Maristella Svampa, referente en América Latina
en el tema del modelo extractivista, en diálogo con el director del Observatorio Sociopolítico Latinoamericano www.cronicon.net, Fernando Arellano Ortiz, en la ciudad de Buenos Aires. (Foto Jeffey D. Arellano O).
Nota: estos textos son de amplia divulgación, por lo tanto pueden ser distribuidos citando la fuente. Se encuentran colgados en los siguientes portales:
POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ
 
En América Latina se viene ejecutando una segunda fase del criminal modelo neoliberal que tantos perjuicios económicos, sociales y políticos generó a la región durante el último cuarto de siglo, mediante la puesta en marcha de lo que el presidente conservador colombiano Juan Manuel Santos ha dado en llamar la "locomotora minera" para significar unas supuestas "ventajas y oportunidades económicas".
 
Este modelo conocido como extractivismo (explotación de los recursos naturales) tiene en la minería de cielo abierto, "la actividad más perversa en la medida en que muestra lo peor: desposesión y despojo descarnado, altos índices de contaminación del medio ambiente, aprovechamiento al máximo de los territorios objeto de explotación no dejando ganancias económicas para los países, y amenaza a la democracia y a los derechos humanos", explica en forma categórica la socióloga e investigadora argentina Marsitella Svampa, principal referente hoy en día en Latinoamérica en este tema.
 
Svampa ha recorrido buen parte de la geografía latinoamericana para estudiar in situ la realidad socioeconómica de las comunidades afectadas por la explotación minera, lo que le ha permitido analizar en profundidad las múltiples consecuencias que esta actividad extractivista viene causando en la descomposición del tejido social y con ella la irrupción de conflictos sociales y políticos que, como bien señala, amenazan la estabilidad democrática y el respeto por los derechos humanos en la región.
 
En sus múltiples investigaciones, libros, ensayos y artículos periodísticos, esta científica social ha sido contundente en sus conclusiones al señalar que el modelo minero a cielo abierto que han adoptado varios gobiernos latinoamericanos ya sean de derecha, centroizquierda o izquierda, "no solo genera más conflicto social, sino que contribuye a la reprimerización de las economías latinoamericanas". Lo grave, añade, es que "estamos consolidando enclaves de exportación que, lejos de generar desarrollo endógeno, producen más pobreza y desigualdad".
 
MAYOR GANANCIA DEL CAPITAL Y NULA GENERACIÓN DE EMPLEO
 
Uno de los argumentos centrales que suelen esgrimir los defensores de esta actividad es asociar minería con creación de puestos de trabajo, señala Svampa, frente a lo cual, agrega, "suele ocultarse que los proyectos mineros a gran escala generan una demanda intensiva de trabajo en las fases iniciales que crea la ilusión de trabajo permanente. En realidad, la minería de gran escala se caracteriza por ser una de las actividades económicas más capital-intensivas. Por cada 1 millón de dólares invertido, se crean apenas entre 0,5 y 2 empleos directos. Cuanto más capital-intensiva es una actividad, menos empleo genera, y menor es la participación del salario de los trabajadores en el valor agregado total que ellos produjeron con su labor: la mayor parte es ganancia del capital".
 
Para ilustrar esta situación trae a colación los casos de Perú, Chile y Argentina, cuyas cifras demuestran el casi nulo aporte en generación de empleo.
"En Perú, -explica- la minería es la actividad que menos contribuye a la generación de empleo: ocupa apenas el 1,5 de la Población Económica Activa (PEA), contra un 32,7% de la agricultura y un 26% de los servicios. Para el caso de Chile, las estadísticas muestran de forma contundente el fuerte incremento de los volúmenes de explotación y extracción, y de los valores de exportación, producidos a la par de una paralela caída en la cantidad absoluta y relativa del empleo minero. En Argentina, pese a las promesas de los megaemprendimientos mineros, la minería representa menos del 0,7% del total de los asalariados registrados".
 
DEL CONSENSO DE WASHINGTON AL CONSENSO DE LOS COMMODITIES
 
Para analizar con detenimiento las consecuencias del modelo extractivista y uno de sus principales componentes, la explotación de la minería metalífera, el Observatorio Sociopolítico Latinoamericano WWW.CRONICON.NET, dialogó en Buenos Aires con esta destacada científica social, licenciada en Filosofía por la Universidad de Córdoba y doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París.
 
Maristella Svampa alterna su actividad de investigación social y docente universitaria con la literatura. Ha publicado dos novelas: Las reinas perdidas y Dónde están enterrados nuestros muertos. Actualmente se desempeña como catedrática de la Universidad de la Plata e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina. Conferencista internacional, es autora de varios libros en los que analiza diversas realidades sociales, políticas y económicas en el ámbito latinoamericano; en 2006 obtuvo una beca otorgada por la John Simon Guggenheim Memorial Foundation, así como el Premio Konex al mérito en Sociología; y en 2001 fue distinguida con la Cátedra Simón Bolívar de la Université Nouvelle Sorbonne de París.
 
- ¿El modelo extractivista en América Latina en el que sobresale la explotación de minas de oro a cielo abierto tan funesta desde el punto de vista medioambiental, corresponde como lo han señalado algunos investigadores sociales a una segunda fase del esquema neoliberalismo, en el que paradójicamente están comprometidos algunos gobiernos que se denominan progresistas?
 
- En 2006 cuando comencé a escribir sobre estos temas yo planteaba que, efectivamente, esta es la segunda fase del modelo neoliberal. La primera estaba consagrada sobre todo a la privatización de los servicios públicos y de los recursos naturales, y la segunda apunta a la ola de desposesión. Creo que este análisis no es del todo representativo porque ello implicaría ver solo un costado del problema. En los últimos tiempos he estado repensando el tema y creo que el panorama es mucho más complejo hoy en día del que teníamos hace diez años; además han emergido gobiernos de izquierda o de centro izquierda, por lo que ahora empleo una nueva categorización y es hablar del paso del Consenso de Washington al Consenso de los commodities que me parece que da cuenta mucho mejor del cambio de escenario económico que implica que las economías latinoamericanas que siempre han sido adaptativas al capitalismo dan un giro importante a un nuevo marco de la nueva división del trabajo territorial y global por el cual América Latina aparece exportando naturaleza una vez más. En algunos casos acompañan la consolidación de una matriz neoliberal como pueden ser los casos de Colombia, México, o Perú, si es que Humala no cambia en algo el marco, y en otros casos viene acompañado de reformas, de procesos de centroizquierda y de izquierda que aparecen en escenarios específicos como Bolivia, Argentina, más allá de la diferencia que hay, caracterizados por lo nacional-popular.
 
- ¿Se puede señalar que la privatización de los recursos naturales a través del modelo extractivista es parte de la consolidación del modelo neoliberal?
 
- Cuando se habla de la mercantilización de los bienes de la naturaleza no hay que olvidar que eso se hizo en la década de los 90 y lo que ha habido es consolidación de ese modelo. En esa década lo que se hace es desarrollar el marco jurídico a partir del cual se posibilita la comercialización de recursos naturales, y sobre todo, se hace el ajuste sectorial en relación con la minería a cielo abierto.
 
- En el desarrollo de este proceso usted habla de desposesión, ¿por qué?
 
- En líneas generales el capitalismo hoy en día, como dice David Harvey, acentúa más lo que es la acumulación por desposesión que la acumulación por reproducción ampliada, retomando la concepción de Rosa Luxemburgo y otros teóricos, en eso coincidimos todos. Pero lo que hay que leer es con qué está coexistiendo esa dinámica de desposesión y hay que dar cuenta de los distintos escenarios nacionales. Si hablamos solo de lógica o dinámica de desposesión estamos perdiendo de vista otros procesos políticos y simbólicos que son importantes en América Latina. Digo esto tratando de subrayar esos procesos. En Argentina, por ejemplo, veo que hay una exacerbación de la lógica nacional-popular nuevamente en clave peronista que coexiste de manera perversa con la dinámica de desposesión.
 
- ¿En qué sentido?
 
- En el sentido de que coexisten varios modelos de desarrollo: hay un modelo industrial relativamente reactivado que es defendido como el gran avance por parte del gobierno; hay un modelo de agronegocios; otro de acaparamiento de tierras que habla de la mercantilización de los recursos naturales y de los megaemprendimientos turísticos; y también está el de la minería a cielo abierto. Esas tres cuestiones modales están lejos de ser un costado débil del gobierno argentino, es en realidad parte del principio mismo del modelo de dominación, por eso hay que analizar esa coexistencia dañina.
 
UN MODELO DE MAL DESARROLLO
 
- Hablemos del caso concreto de la minería…
 
- En el caso de la minería uno se encuentra con una suerte de figura extrema porque la misma es un modelo que sintetiza devastación institucional dado que tiene un marco jurídico que favorece ampliamente a las grandes empresas transnacionales; es un modelo de expoliación económica porque no deja ganancias en el país, lo que crea son economías de enclave como espacios socioproductivos absolutamente dependientes sin crear desarrollo endógeno, y además estimula y genera depredación ambiental. Entre todas las actividades ligadas al extractivismo la minería de cielo abierto es la más perversa en la medida en que muestra lo peor.
 
- Pero además, usted ha señalado que la minería de cielo abierto atenta contra los derechos humanos. ¿Por qué?
 
- Ese es un tema muy importante porque a la hora de debatir si se hace minería a cielo abierto, se tratan de involucrar por lo general en los distintos países argumentos económicos ligados a la rentabilidad del sector o argumentos sociales en el sentido de las ventajas que se obtienen de la explotación de los recursos naturales; se afirma que se pueden desarrollar políticas sociales compensatorias y suele dejarse de lado todo lo que tiene que ver con la efectiva violación de derechos humanos. El extractivismo abre un nuevo capítulo en la violación de los derechos humanos porque hablando de los contrastes y de las grandes paradojas en América Latina, hoy en día lo que observamos es que este modelo de desposesión viene acompañado de una expansión de la frontera de los derechos: los derechos ambientales, los derechos territoriales de los pueblos indígenas, los derechos fundamentales en general que aparecen en la letra de nuestras constituciones y raras veces son cumplidos. Cuando hablamos de extractivismo aludimos a "desarrollo" entre comillas a gran escala, lo que supone decir una gran envergadura y por ende el impacto sobre la población va a ser mayor con lo cual esto coloca mucho más en el centro la necesidad de que sean discutidos de manera participativa y democrática por aquellos que están necesariamente involucrados como comunidad afectada. Es decir, que la cuestión de la democracia es central para evitar el impacto que tienen estos modelos. Entonces, uno de los elementos fundamentales a la hora de analizar el extractivismo consiste en subrayar el déficit de democracia en el cual nos instala porque no se consulta a las poblaciones y estos modelos avanzan sin el consenso de las mismas, por lo general se escamotean las consultas previas que deben hacerse a los poblaciones indígenas o las consultas públicas que deben hacerse a las poblaciones urbanas o rurales. Ahí radica uno de los grandes peligros que en nombre de las ventajas comparativas dado el alto precio de los commodities, en nombre de políticas sociales compensatorias que se pueden llevar a cabo con la rentabilidad que produce la explotación, se está violando el derecho de las poblaciones a decir no a un tipo de emprendimiento o supuesto modelo de desarrollo que afecta no solo el estilo de vida, su presente, sino el futuro de las generaciones. En el caso del modelo minero es un modelo de mal desarrollo no solamente porque contamina y no deja ganancias económicas sino porque amenaza la democracia, al menos la democracia bien entendida que implica sostener una política de participación, de discusión y debate de los modelos o supuestos modelos de desarrollo para la adopción de decisiones.
 

- Usted también ha analizado pormenorizadamente el grado de conflictividad social que generan los proyectos de minería a cielo abierto. ¿Cuál es la situación de América Latina en ese sentido?
- En la actualidad no hay país latinoamericano con proyectos de minería a gran escala que no tenga conflictos sociales suscitados por las empresas mineras o los gobiernos con las comunidades. Se pueden observar los casos de México, varios países centroamericanos como Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá; en Suramérica, Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Argentina y Chile. Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) existen actualmente 120 conflictos activos que involucran a más de 150 comunidades afectadas a lo largo de toda la región. En Perú, donde más acelerada y descontroladamente se ha dado la expansión minera, los conflictos por esta actividad concentran el 70% y éstos a su vez, representan el 50% del total de conflictos sociales en ese país.
- El impulso del modelo extractivista en América Latina responde, ha dicho usted, no solo a una decisión económica o ambiental, sino política…
- Efectivamente, porque de lo que se trata es saber si queremos debatir lo que entendemos por desarrollo sostenible; si apostamos a que esa discusión sea informada, participativa y democrática, o bien, aceptamos la imposición de nuestros gobernantes locales y las grandes corporaciones en nombre de "las nuevas oportunidades económicas", el nuevo consenso de los commodities, y de un falso desarrollo. Infortunadamente, no hay plan estratégico en los países de América Latina para enfrentar la explotación de recursos naturales.  
GIRO ECOTERRITORIAL, ALTERNATIVA DE LUCHA
 
- ¿Tras este completo análisis y desolador panorama, cuál cree que es la alternativa política para contrarrestar el modelo extractivista en América Latina?
 
- El punto de partida para pensar en alternativas a este modelo radica en el giro eco-territorial de las luchas que atraviesa la región y plantean una redefinición de las reglas de juego, cuestionando el modelo de desarrollo y las lógicas de acumulación. Por giro eco-territorial hay que entender la potenciación de un lenguaje de valoración acerca de la territorialidad, que expresa la convergencia entre visión ambientalista y revalorización de la matriz comunitaria; no se halla restringido al ámbito rural, exclusivamente referido a las resistencias campesinas e indígenas; también se expande al ámbito urbano, sobre todo en pequeñas y medianas localidades, ampliando el registro étnico y de clases y, por ende, el tipo de actores involucrados. Desde el punto de vista económico se debe exigir altos impuestos a las actividades extractivistas, así como a las sobreganancias de las transnacionales por la explotación del sector energético.
Buenos Aires, noviembre de 2011.

Indígenas del mundo reivindican derechos en COP – 17


Insisten en 2º período de Protocolo de Kioto
Piden que el Fondo Verde no quede en manos del Banco Mundial. REDD riesgo para Biodiversidad
La alternativa es cambiar el sistema, no el clima
Genaro Bautista / AIPIN
 
Durban. Representantes indígenas de distintos puntos del Planeta, reivindican sus derechos en la Cumbre Mundial de Cambio Climático, la COP – 17, que inicio el pasado lunes en Sudáfrica y concluye el 9 de diciembre.
 
Agrupados en el Foro Internacional de Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático (FIPICC), las distintas delegaciones, plantean a la Conferencia de las Partes, un segundo período del Protocolo de Kioto 2013 – 2020, y que este sea vinculante de manera obligatoria para todos los países del mundo.
 
Este acuerdo, exponen, debe incluir medidas que garanticen la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas.
 
Para ello, afirman, es urgente una muestra de voluntad política de los gobiernos y esta puede en principio considerarse y ser observada, en la anulación de megaproyectos extractivos en territorios indígenas, para frenar y en algún momento revertir, la destrucción de la naturaleza, la “Madre Tierra”, enfatizan.
 
El FIPICC, califica las negociaciones de complejas y el panorama de sombrío.
 
Miguel Palacín, de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, comentó que la continuidad del Protocolo de Kioto, la administración del Fondo Verde, REDD, son algunos de los temas sobre los cuales los pueblos indígenas del mundo están enfocando sus energías en el cabildeo.
 
Palacín Quispe, Coordinador General de la CAOI, y Manuel Castro Mayancela, Coordinador de Educación, Cultura y Comunicación, de esa organización con sede en Perú, calificaron de difíciles las negociaciones, sobre todo en el tema de la continuidad del Protocolo de Kioto.
Después de las presentaciones sobre los temas fundamentales, como son la creación de un marco institucional para el Fondo Verde y el Protocolo de Kioto, las negociaciones presentan un panorama bastante complejo”.
 
El balance inicial es que no hay buenos signos de que pueda haber un segundo periodo del Protocolo de Kioto, como lo están reclamando la mayoría de los países, debido a que las naciones desarrolladas se oponen a un nuevo instrumento vinculante y plantean un acuerdo de reducciones voluntarias de los gases de efecto invernadero, señaló Palacín, en un comunicado distribuido por la CAOI.
 
El tema fue el centro de los debates esta semana que concluye.
 
En su segunda participación en la COP 17, este 2 de diciembre, Nanta Mpaayei, en representación del Foro Internacional de Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático, advirtió, “no podemos permitir que impongan más estafas, chantajes y los mercados de carbono sobre nuestros pueblos con el pretexto de financiamiento”.
 
Sin embargo, abundó, el Protocolo de Kioto sigue siendo necesario. No tenemos otra alternativa viable, y no tenemos tiempo para esperar algún otro mecanismo.
 
El sistema de “compromiso y revisión” sigue siendo una mala substitución por verdadera acción climática. ¿Qué tipo de sistema de justicia permitiría  que quienes han cometido crímenes, se liberen con la promesa de cometer menos crímenes en el futuro, y después, violan la ley una y otra vez, y no se les sancionan?, preguntó.
 
“Por el bien del planeta, los países reunidos tienen que comprometerse a un segundo período de compromisos”, sostuvo.
 
Los retos son inmensos para los delegados indígenas, para que sus propuestas queden dentro de los acuerdos finales de la Cumbre.
 
En torno al Fondo Verde, existe un consenso generalizado de los pueblos indígenas de que este no sea administrado por el Banco Mundial (BM), es una trampa, señalan.
 
Este tema es muy complicado para los países pobres y los países insulares, que no tienen la tecnología ni formas de acceder a estos recursos. Entonces los beneficiarios serían realmente otros, ya que solo podrían acceder al Fondo una vez que hayan cumplido ciertas metas y cuando hayan rendido las cuentas", explicaron.
 
Manuel Castro anotó que el Fondo Verde debe ser manejado por los gobiernos y no entregado a los sectores privados. “De ninguna manera puede ser administrado por el Banco Mundial”, subrayó el también dirigente de la Confederación Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI).
 
Dijo que el primer punto es respetar la continuidad del Protocolo de Kioto.
 
Y en relación al Fondo Verde, advirtió que “puede ser una falacia, puede ser un sueño no verdadero; porque al momento de operativizarse puede causar inequidades, incluso puede dividir a los movimientos".
 
En su oportunidad José Antonio Medina, presidente de la Red Indígena de Turismo de México, consideró que el llamado Fondo Climático Verde, propuesto en la pasada conferencia de Cancún, no se adapta a las formas de vida tradicionales de los pueblos originarios.
 
"No se está integrando toda la preservación y la adaptación al cambio climático que se está realizando en los pueblos indígenas, y únicamente se está limitando al bosque", expresó Medina.
 
En un cable de la agencia Prensa Latina, el dirigente afirmó, que en esas comunidades hay otros ecosistemas que también son importantes para el cambio climático, tales como los humedales, los semidesiertos, los desiertos, y sobre todo los elementos de convivencia que existen en los pueblos indígenas.
 
"No se está hablando de la gente, se está hablando de biodiversidad, no se está hablando de pueblos indígenas, de su estructura, de sus formas de vivir, de organizarse, de sus sistemas tradicionales de cultivo, la medicina tradicional, es decir, todos esos conocimientos de los pueblos que no están siendo consideradas en los planes sobre cambio climático", enfatizó Medina.
 
El dirigente, del pueblo Mazahua, está participando con otros mexicanos entre los que se encuentran, Elvia Beltrán Villeda, presidenta de la Red HÑa hñú de Hidalgo, Manuel Villalva, Náhuatl, de Morelos, Mónica González, Cucapá de Baja California, Juan Sánchez, Maya de la selva lacandona de Chiapas, así como por Ernesto Mosqueda, Chontal de Tabasco.
 
Toda la delegación, une sus voces al resto del Foro Internacional Indígena, quienes critican la llamada iniciativa REDD impulsada con más fuerza por el gobierno de su país desde la conferencia de Cancún.
 
La fórmula REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y/o Degradación), no está incluyendo esta parte de los conocimientos de los pueblos indígenas, comentó José Antonio Medina.
 
Dicha iniciativa alega que como la deforestación es un factor importante de la crisis climática, hay que compensar económicamente a quienes ya no lo hagan.
 
Sin embargo, a la vez que las grandes empresas estimulan con recursos financieros a las comunidades que dejen de talar, adquieren los "derechos de emisión" de éstas, para venderlos en un mercado altamente especulativo. Entre los protagonistas de dicha ecuación está la petrolera Shell, apunta en el despacho de Prensa Latina.
 
En sus argumentos, el FIPICC, sostiene que el enfoque sobre carbono de las política de REDD, promueve el establecimiento de plantaciones de árboles de monocultivo, incluyendo transgénicos, e ignora los valore sociales y culturales de los bosques, lo que conlleva a un grave riesgo de la biodiversidad en los territorios indígenas.
 
Sentencian que REEDD amenaza la sobrevivencia de los pueblos indígenas y denuncian la hipocresía del programa
 
Desde la visión del Foro Internacional de Pueblos Indígenas, las soluciones de los gobiernos y ONG’s internacionales para enfrentar los efectos del cambio climático, que continúan basadas en la lógica de mercado, tanto los referidos al mecanismo de desarrollo limpio como las propuestas de REDD+, constituyen nuevas formas de geopolítica económica que amenazan los derechos indígenas, garantizados en múltiples instrumentos internacionales, así como también atentan contra los medios de vida de nuestros pueblos.
 
Por el contrario, apuntan, REDD+ debe garantizar y respetar los derechos de los pueblos indígenas, los modos tradicionales de vida y la gobernanza consuetudinaria de los bosques.
 
La postura indígena, que busca incidir de forma propositiva a los delegados que representan a los Estados, apunta a que se detenga la destrucción de la naturaleza y de sus territorios con las actividades extractivas, agroindustrias, biocombustibles y megaproyectos, así como asumir las indemnizaciones correspondientes.
 
Junto a ello, exigen el reconocimiento y respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas, implementando las obligaciones y normas internacionales pertinentes, particularmente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
 
Además, ratifican su firme demanda del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas como titulares de derechos y la participación plena y efectiva de los interesados, incluyendo comunidades locales en las medidas mencionadas en los párrafos 70 y 72.
 
Aunque como una certeza para ello, piden que la COP 17, incorpore en sus acuerdos el de garantizar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en todos los niveles, respetando la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, preservando en todo momento, el respeto de sus derechos específicos y libertades fundamentales.
 
Para ello, demandan al Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la ONU, que recomiende a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en lo particular al Relator Especial sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, proceda a elaborar un informe con carácter de urgente, donde se informe y se detallen los impactos del Cambio Climático en los Pueblos Indígenas.
 
Otra de las reivindicaciones en sus intensos cabildeos, es el del Consentimiento Previo, Libre e Informado (CPLI), mismo que debe obtenerse con respecto a cualquier acción de mitigación que se pretenda realizar en sus tierras y territorios.
 
En general, insisten en que se deben generar mecanismos jurídicos vinculantes obligatorios con inclusión de sus representantes en la toma de decisiones.
 
Y piden a la COP el establecimiento un grupo de expertos de los pueblos indígenas como parte del Protocolo de Kioto, encargado de dar seguimiento a los compromisos adoptados en la cumbre.
 
“La alternativa es cambiar el sistema, no el clima”, aseguran, apostando por un nuevo paradigma civilizatorio, por el Buen Vivir, en armonía entre los pueblos y la Madre Naturaleza.
 
Como parte de su cabildeo, el Foro Internacional de Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático, ha sostenido reuniones con representantes de países del ALBA y México.
 
El embajador mexicano Luis Alfonso de Alba, habló sobre la reunión realizada en Oaxaca e hizo énfasis en tres temas que desde su perspectiva son claves en Durban.
 
Alfonso de Alba, detalló que el Protocolo de Kioto, el cumplimiento del acuerdo de Cancún, especialmente el tema de financiamiento y los compromisos futuros, son aspectos que tendrán que verse de manera conjunta.
 
En tanto, este sábado se organizan debates sobre los Derechos de la Madre Tierra, la justicia climática y los programas REDD por los movimientos sociales en eventos paralelos, organizados en el marco de la Conferencia de partes 17 (COP17) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
 
A las 10 y media de la mañana, el Instituto del Medio Ambiente Comunidades de Fe de Sudáfrica (SAFCEI, por sus siglas en inglés) ofrece la conferencia “Cambio climático. La tierra es el testimonio, ¿quién debe estar enjuiciado?”, a cargo de Patricia Siemens, abogada dominicana y directora del Centro de Jurisprudencia de la Tierra, y Cormac Cullinan, abogado especialista en medio ambiente que participó en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra proclamada el 22 de abril del 2010 por la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático realizada en Bolivia.
 
Así, concluye en Sudáfrica esta primer semana intensa para los delegados indígenas quienes se mantienen en que dentro de los resolutivos de Durban, quede incluido el respeto a sus derechos según lo establecido por las correspondientes obligaciones y normas internacionales de derechos humanos, y la Declaración de las Naciones Unidas, al respecto.