Partidos políticos y autonomía municipal
Las experiencias en procesos electorales también han llevado al desencanto de las comunidades de la zona oriente respecto al sistema de partidos.
En 1982 en Juchitán, la cabecera distrital, los zapotecos tomaron el palacio municipal y lo declararon ayuntamiento libre y popular en nombre de la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI). En alianza primero con el PSUM (Partido Socialista Unido de México) y luego con el PRD (Partido de la Revolución Democrática), la COCEI enfrentó desalojos, sufrió enfrentamientos que causaron la desaparición y muerte de algunos militantes y finalmente ha logrado mantener el poder municipal y una influencia regional desde entonces.
Para 1999 uno de los dirigentes de la COCEI, Héctor Sánchez, se postuló por el PRD para la gubernatura de Oaxaca, perdiendo ante el priísta José Murat Casab. A los pocos días de llegar al poder Murat, Sánchez López y otros dirigentes indígenas del MULT, en la región triqui, sufrieron atentados por separado, pero con tan poca distancia en fechas que el clima político en el estado fue de temor.
La COCEI se encontraba ya tan fragmentada en corrientes políticas internas y caudillismos que ni siquiera publicó un pronunciamiento unificado. Actualmente las corrientes al interior de la COCEI le han dado una dinámica de competencia interna a la organización juchiteca, asemejándose más a un partido político tradicional que a las esperanzas y movilizaciones de la vieja COCEI, que llegó a ser un referente de las luchas de oposición en la década de 1980.
De hecho en los años ochenta los conflictos poselectorales estallaron en varios municipios oaxaqueños entre los distintos partidos que se disputaron el poder: PRI¾ PRI, PRI¾ PSUM, PRI¾ PAN y PRI¾ PPS, además de conflictos poselectorales entre grupos sin partido. Los periódicos Noticias y Hora Cero registraron 24 tomas de palacios municipales, sin considerar el conflicto en San Miguel Chimalapas (Martínez y Arellanes, 1985).
Mientras en Juchitán se tomaba el Palacio y se difundía nacional e internacionalmente la represión hacia los zapotecos, en San Miguel un grupo de campesinos trataron de repetir la historia vecina y tomaron el edificio municipal, a lo que los caciques priístas respondieron con balas ese intento desesperado por sacar al partido oficial del poder, frustrando la lucha por la democracia comunal.
El caso de San Miguel nunca fue retomado por la COCEI en sus demandas ni se difundió con la misma fuerza que el de Juchitán, por varias razones, entre ellas que la ciudad zapoteca siempre ha sido más famosa por su ubicación geopolítica y su importancia comercial que San Miguel, donde todavía a la fecha se llega por camino de terracería. Pero sobre todo por protagonismo de la cabecera distrital y los dirigentes coceístas, pues el partido juchiteco en realidad tiene fuerza en todo el istmo oaxaqueño y es conocido en otras regiones del estado.
Para los chimas este acontecimiento marcó divisiones de partido político que actualmente se expresan en confrontaciones entre PRI y PRD, conflictos que en Santa María no se han dado tan fuertemente siendo la asamblea de Santa María más unida y organizada. De hecho una de las razones que se dan al fracaso de la toma de palacio en San Miguel es que Santa María no se unió al proceso.
En las elecciones municipales de 1997, en San Miguel Chimalapa hubo una votación para decidir por dos candidatos, uno del PRI y otro que se pronunciaba por el sistema de Usos y Costumbres, recién legalizado en Oaxaca como autonomía municipal. Por fraude y compra de votantes, ganó el candidato del PRI, de forma a todas luces ilegítima pues ni siquiera se terminó con el conteo de votos cuando se notaba que la asamblea se inclinaba a favor de los Usos y Costumbres.
En el proceso actual rumbo a las elecciones municipales, hay tres candidatos, dos priístas de corrientes diferentes y uno que se ha pronunciado por los usos y costumbres. La elección será en diciembre, por el sistema de mayoría en asamblea. Aunque oficialmente este tipo de elección es reconocida como autonomía, los chimas reconocen la influencia partidista de los candidatos.
Para El Trébol la autonomía municipal significa que las autoridades no se subordinen a la Procuraduría Agraria, el delegado de gobierno para los Chimalapas, SEMARNAT, el PRI y el gobierno del Estado, sino que se trabaje con estrecha relación a las asambleas comunitarias y se apoye la lucha de las comunidades de la zona oriente por el respeto al territorio zoque.
Benito Juárez empieza un nuevo proceso, de apertura hacia el exterior en alianza con dos comunidades de la zona oriente, cercanas a Zanatepec: La Cristalina (5 de noviembre) y Sol y Luna. La necesidad de conjuntar esfuerzos en la lucha agraria por los límites comunales de San Miguel con Zanatepec y Chiapas, han acercado a estas tres comunidades, que reciben poca o nula atención de la presidencia municipal, que incluso ha impedido la alianza con ONG’s como Maderas del Pueblo y WWF.
Por acuerdo de las tres comunidades, desde abril pasado se han organizado como asociación civil bajo el nombre de Chimalapas Unidos en Defensa de la Etnia y la Biodiversidad (CHUDEB, AC).
El proyecto más importante de la nueva ONG de los Chimalapas, esta sí formada y administrada directamente por comuneros en asambleas, es decretar reservas ecológicas comunitarias, retomando la idea de MPS y las experiencias de otras comunidades, así como la suya propia.
Es notable que en México y América Latina han surgido infinidad de organismos civiles, denominados comúnmente como organizaciones no gubernamentales ONG’s que funcionan como intermediarias entre los gobiernos y las comunidades campesinas, lo que algunos autores han llamado la irrupción de nuevos actores sociales en el desarrollo comunitario (Lechner, 1996), que de alguna manera suplen las funciones del Estado.
Las ONG’s tienen infinidad de líneas de orientaciones políticas, trabajo comunitario y proyectos alternativos que tratan de incidir en el desarrollo rural, la democracia comunitaria y la ecología campesina, como el caso de Maderas del Pueblo y CHUDEB. La diferencia evidente entre estas dos organizaciones es que la segunda se está organizando por decisión de las comunidades y la primera funcionaba meramente como asistente y asesorando a las comunidades en un proceso que terminó haciendo relucir las contradicciones y fracturas de las comunidades.
La ecología que promovía MPS se inscribía en la competencia con otras ONG’s y con la SEMARNAP misma por un modelo de áreas naturales protegidas en los Chimalapas. Las comunidades organizadas en CHUDEB retoman ideas de MPS como la necesidad de estar capacitadas técnicamente y contar con proyectos alternativos, pero ponen más atención al conflicto agrario.
Los problemas socioeconómicos se interpretan como consecuencia del conflicto agrario, que absorbe mucho tiempo y recursos de toda la vida cotidiana y política en los Chimalapas, por lo que cualquier proyecto tiene que tomar en cuenta esta realidad de conflicto que se vive desde hace por lo menos 30 años en la zona oriente.
De esta manera, para El Trébol y las comunidades de la zona oriente un proyecto ecológico como la reserva (de la biósfera o campesina) debe servir como un marco de regulación territorial que contribuya a solucionar los conflictos agrarios y la marginación socioeconómica.
Esta es la razón principal por la que no se ha decretado la reserva de la biósfera ni se ha podido declarar reservas campesinas en las comunidades, aunque en la práctica cotidiana, los chimalapas han mantenido prácticas de manejo y conservación de los recursos naturales: en las asambleas del Trébol y las comunidades de la zona oriente se discuten los problemas agrarios pero también los problemas ambientales como la caza de venado, las quemas agrícolas, la pesca en los ríos y otras actividades necesarias para la economía campesina pero que son objeto de discusión y regulación.
La reserva ecológica comunitaria o campesina (REC) se plantea como una alternativa de solución a los conflictos agrarios, a la marginación económica y política y al deterioro ambiental. La figura jurídica es vista como un proceso organizativo que debe involucrar a más comunidades, empezando por San Antonio, pero también influyendo en campesinos y ganaderos de Zanatepec y de otros municipios y estados, por lo que puede servir como marco para la resolución de los conflictos agrarios.
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